Se realizó una marcha de docentes y agrupaciones de derechos humanos para presentar al Ministerio de Justicia un reclamo por los obstáculos que el Servicio Penitenciario Federal interpone en la continuidad de los cursos universitarios en Devoto (CUD). Unos días antes, uno de los estudiantes presos que estaban en huelga de hambre en protesta por las dificultades para estudiar fue trasladado al penal de Marcos Paz, donde quedó aislado del resto de los internos que reclaman en Devoto.

Los coordinadores de las carreras que se dictan en Devoto se presentaron en el ministerio para denunciar la situación y presentar un petitorio en el que se reclama el reintegro inmediato del estudiante trasladado a Marcos Paz “en perfectas condiciones de salud física y mental”; la intervención de la Procuración Penitenciaria y la Justicia para investigar lo ocurrido (cabe aclarar que el área jurídica de la UBA se presentó ante la Justicia para que se investigue lo ocurrido a partir del allanamiento); y la restitución de las condiciones de vida y estudio previas al allanamiento.

Desde el Servicio Penitenciario circuló un extraño comunicado que no llevaba la firma de ninguna autoridad, aunque mencionaba al SPF como fuente. En el comunicado se sostenía que un docente de Derecho del CUD era investigado por la Justicia supuestamente por “ingresar celulares en forma clandestina que los internos utilizaban para realizar secuestros virtuales”. Sin embargo, ni las autoridades universitarias ni los coordinadores de la carrera de Derecho del CUD recibieron notificación ni tenían conocimiento de que alguno de los integrantes del plantel estuviera siendo investigado.

Ayer, una delegación de los docentes presentó el petitorio ante la Jefatura de Gabinete del ministro de Justicia, Julio Alak. El reclamo de los docentes universitarios no está ligado a la investigación judicial por los presuntos secuestros virtuales, sino a los obstáculos que el SPF provoca en la continuidad de las clases universitarias.