“La penalización del aborto es incompatible con los derechos humanos” y “no sólo trae consecuencias graves para la salud y la vida de la mujer que necesita interrumpir su embarazo, sino también crea un problema de salud pública” porque da lugar a “prácticas clandestinas e inseguras que durante décadas han constituido una de las principales causas de mortalidad materna en la Argentina”. Así resumió ayer la danesa Marianne Mollman, experta legal de la reconocida organización internacional de derechos humanos Human Right Watch, el impacto del aborto en el país, al abrir, en una jornada histórica, el debate en torno de la interrupción voluntaria del embarazo en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.

Como estaba previsto, fue la única expositora invitada, aunque varias diputadas y diputados del oficialismo y la oposición, a la hora de las preguntas, expresaron su posición, mayoritariamente a favor de la despenalización y legalización del aborto. “Ninguna mujer se embaraza para abortar”, enfatizó Mollman, en un clarísimo español, y señaló que “el sufrimiento que causa la penalización del aborto en el país se vive casi exclusivamente en los sectores pobres”.

De acuerdo con sus investigaciones en la Argentina, indicó, la criminalización “lleva a las mujeres a medidas desesperadas, como por ejemplo el intentar abortar con agujas de tejer, con sondas y con tallos de perejil”. La especialista, además, desbarató los principales argumentos de los grupos antiderechos, alineados con la posición de la jerarquía católica y los grupos evangélicos contrarios a la despenalización, y aclaró que “no existe en el plano internacional de los derechos humanos el derecho a la vida del embrión, porque ninguna sociedad se ha puesto de acuerdo cuándo se inicia un ser humano”. Al respecto, enfatizó que es una interpretación errónea sostener que la Convención Interamericana de Derechos Humanos protege la vida siempre desde la concepción porque “la intención de los redactores fue permitir que haya legislaciones domésticas que permitan el aborto”.

La reunión estuvo encabezada por el presidente de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, quien subrayó que en el país se practican alrededor de 450 mil aborto por año, y se comprometió a continuar con el debate del tema el año próximo, ante el insistente planteo de diputadas del oficialismo y la oposición. “Todo lo que en esta comisión se abre se termina”, aseguró Vega, de la Coalición Cívica, para garantizar que la de ayer no será la única convocatoria para hablar sobre los proyectos que abordan el problema del aborto. Reconoció que se trata de un debate “cruzado por la religión y la pobreza” y dijo que había recibido cerca de 850 mails con amenazas.

El proyecto que más adhesiones tiene –de los que fueron girados a Legislación Penal– es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con casi cincuenta firmas de diputados. Ayer sumó dos más: los radicales Juan Pablo Tunesi y Sandra Riobó anunciaron su adhesión a la iniciativa, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las primeras 12 semanas de gestación.

Vega dijo a Página/12 que será el cuarto tema de la agenda de la comisión del año próximo, aunque aclaró que antes de abocarse al análisis de los proyectos, se harán jornadas como la de ayer, con invitaciones a especialistas “para escuchar todas las posiciones”. El hecho de que el próximo sea un año electoral podría demorar hasta 2012 el tratamiento en el recinto.

La radical María Luisa Storani y Cecilia Merchán, de Libres del Sur, presentes en la sesión, tuvieron un papel fundamental en la negociación con las autoridades de Legislación Penal, donde hicieron una alianza transversal, para que finalmente el aborto empiece a debatirse este año, aunque sea al filo del cierre de las sesiones ordinarias. “Estamos con esto salvando vidas”, destacó Storani, quien desde que ingresó al Congreso, en la última elección legislativa, se comprometió a impulsar la discusión en Diputados.

La exposición de Mollman fue precisa en datos, hasta se refirió al último incremento de la mortalidad materna que se dio a conocer esta semana y que ubica a las consecuencias de los abortos inseguros como su principal causa (ver aparte). Se explayó sobre el impacto sanitario de la criminalización del aborto y, además, sobre el marco de derechos humanos y las responsabilidades del Estado argentino a la hora de incorporar los tratados internacionales a la Constitución Nacional. En ese sentido, explicó que ese plexo normativo implica un deber de “despenalizar y legalizar el aborto” para “proteger el derecho a la vida, a la salud, a la integridad y la autonomía de las mujeres” y también que el Estado provea los servicios de IVE para garantizar “el acceso a la práctica” a todas las mujeres, no sólo a las que puedan pagarla.

También enumeró las recientes recomendaciones al país que este año hicieron los comités de la ONU de Derechos Humanos, de Derechos del Niño y el que monitorea la aplicación de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (conocida por su sigla en inglés, Cedaw), que coincidentemente expresaron su preocupación por las consecuencias de la criminalización del aborto en la Argentina. “Las interpretaciones autorizadas del derecho internacional reconocen que el acceso al aborto legal y seguro resulta esencial para un disfrute y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres”, afirmó la especialista, quien realizó dos investigaciones en la Argentina desde Human Right Watch sobre el drama del aborto y las deudas en materia de derechos sexuales y reproductivos.

La Sala 1 –la misma donde transcurrieron los acalorados debates por la Resolución 125– estuvo colmada de público y tuvo abundante presencia periodística. No hubo incidentes, a pesar de que se trató de un tema polémico, que despierta posiciones irreconciliables. Entre el público, más de un centenar de integrantes de la Campaña, con sus pañuelos verdes, siguieron con entusiasmo la reunión. Algunas de las activistas llegaron desde Neuquén, Mendoza y Chubut para presenciar la esperada apertura del debate en el Congreso. Se hicieron ver muy pocas personas contrarias a la despenalización: una mujer tuvo que ser echada por personal de seguridad al negarse a guardar un afiche en el que exhibía una imagen de un feto y otro con consignas contrarias a la legalización del aborto. Afuera del anexo de Diputados, integrantes de partidos de izquierda apoyaban la discusión, con batucadas, y separados por la avenida Rivadavia, un minúsculo grupo de jóvenes con carteles naranjas se manifestaban en contra de la despenalización.

En la audiencia hubo alrededor de una treintena de diputados y diputadas de la mayoría de los bloques, no sólo miembros de la Comisión de Legislación Penal, sino también de otras que deberán dictaminar sobre el tema, como Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia –estuvo su presidenta, Claudia Rucci, del Peronismo Federal– y de Acción Social y Salud Pública, cuyo titular es el kirchnerista Antonio Morante. Dijeron presente y pidieron la palabra al término de la exposición de Mollman Vilma Ibarra, de Nuevo Encuentro, cuyo bloque firmó el proyecto de la Campaña pero también presentó otro en términos similares, aunque extiende el plazo para una IVE a 14 semanas; Storani, Merchán, la radical Silvia Storni, la kirchnerista Juliana Di Tullio, Marcela Rodríguez y Fernanda Gil Lozano de la CC, y el socialista Miguel Barrios. Todos expresaron su apoyo a la propuesta de la Campaña. Dejaron sentada su posición contraria a una reforma legal Ivana Bianchi, del Peronismo Federal, y la evangélica Cynthia Ho-tton, que se llevó el único abucheo de la tarde. Bianchi preguntó “dónde queda el derecho del niño por nacer”, y Mollman le contestó que “no existe en la jurisprudencia internacional el derecho del embrión”. “Hay diferencia entre embrión y niño por nacer”, añadió.

También intervinieron las diputadas porteñas Diana Maffía (CC), María José Lubertino (Encuentro Popular para la Victoria), y Estela Díaz en nombre de la Campaña.

Unos minutos antes, Mollman había señalado que el Ministerio de Salud estima que el 40 por ciento de los embarazos en el país terminan en aborto. “Por lógica –siguió– quiere decir que cada uno de ustedes en esta sala conoce a por lo menos una mujer que ha tenido por lo menos un aborto. Estoy segura de que esas mujeres y niñas, vuestras hermanas, hijas, esposas, madres, amigas, no se tomaron la decisión de interrumpir un embarazo a la ligera. Y estoy segura de que hubieran preferido no necesitar un aborto. Ninguna mujer se embaraza para abortar.”