“Estado de desesperación”, una mezcla de exclusión, urgencia y despojo. Así describió María Cristina Cravino, antropóloga y titular de Infohábitat, el equipo de investigación del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la situación habitacional de los sectores pobres de la Ciudad de Buenos Aires, de la que las últimas tomas de predios y terrenos se convirtieron en su foto más actual. Sin embargo, ninguno de los funcionarios de la comuna, ni siquiera el propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri, reconoció, entre las razones que explicaron el fenómeno, la necesidad de esas personas a contar con una vivienda digna, sino que lo atribuyeron a una política nacional inmigratoria “descontrolada”.

–¿En qué consiste el “estado de desesperación”?

–Es el callejón sin salida en el que se encuentran los sectores populares porteños producto de un Estado ausente. Más allá de que las tomas de terrenos puedan o no tener una intencionalidad política, la realidad es que las villas de la ciudad están colapsadas. Son el destino de las personas corridas por el proceso de desalojos de hoteles-pensión, inquilinatos y casas tomadas y por la desaparición de asentamientos como la villa Topo, la Hollywood o la Nylon, que el gobierno de Macri llevó adelante en la Ciudad. Así, el Estado provoca un movimiento de personas sin ofrecerles destino, más que subsidios simbólicos y ridículos en cuanto a su monto.

–¿En qué medida incidiría la inmigración en el crecimiento desmedido de las villas?

–Las estadísticas preliminares realizadas en la última década demuestran que la tasa de migración interna promedió el 5 por ciento y la de inmigración apenas el 2,5 por ciento. No existe una oleada masiva de inmigrantes, y, por el contrario, sí hay una falta de conocimiento de la política migratoria nacional, que no es hiperpermisiva y respeta los derechos humanos. Es cierto que hay mucha presencia de bolivianos, paraguayos y peruanos en las villas y barrios más pobres de la ciudad, pero eso no refleja más que el hecho de que los inmigrantes no tienen otra forma de acceso a la ciudad más que las villas o asentamientos porque, por más que tengan ingresos con los que cubrir un alquiler, nadie le alquila a un boliviano, un paraguayo, ni a un peruano. La dinámica del mercado los expulsa a los márgenes y el Estado no genera políticas que lo eviten.

–¿Cómo se relaciona ese estado desesperante con la decisión de tomar un predio?

–El crecimiento desmedido de la población en las villas provocó, principalmente, un deterioro gigantesco y constante de las condiciones de vida. Y, por lo menos, la mitad, no lo hace gratis. Son inquilinos, pagan hasta 500 pesos por mes, dependiendo de las casillas. Se trata de una situación doblemente precaria, por la pésima calidad de vida y porque si en algún momento llegan a verse impedidos de pagar, son expulsados. Esa gente, cuando ve una oportunidad de obtener tierra, ya sea por ocupación o porque alguien las ofrece por poco dinero, no va a dudar en embarcarse para dejar de ser inquilinos.

–¿Qué responsabilidad le cabe al Estado en ese proceso?

–Toda. El Estado porteño expulsa a los pobres de la ciudad desde su inacción, desde su ausencia. Hay un problema de décadas de ineficiencia en el tratamiento de políticas habitacionales, sobre todo en el caso de la gestión PRO. No sólo el presupuesto es cada vez más bajo, sino que cada vez está más subejecutado. En las villas no se hace prácticamente nada por mejorar las condiciones de infraestructura de los barrios que no cuentan con redes de cloacas y tienen serios problemas de higiene, con los tendidos de agua y electricidad. Pero tampoco pasa nada con otras alternativas de vivienda popular, como lo son los proyectos cooperativos nacidos a partir de la Ley 341, que está desfinanciada. En la Ciudad no hay construcción de vivienda nueva. Entonces, la nueva tensión de los desalojados y la no contención de aquellos que están dispuestos a participar de un plan de vivienda autogestiva, como la 341, hace que no haya posibilidad para los sectores populares. Y las tomas son una válvula de escape que, cuando sucede, lo hace con mucha fuerza.

–¿En qué se equivoca la gestión PRO al atribuir la toma de Soldati –al igual que lo hace con la ocupación de casas– a la política inmigratoria y prácticas oportunistas?

–Está desconociendo la condición de pobreza de la gente que reclama tierras y las condiciones en las que la gente toma esas tierras. Hay que analizar lo que están dispuestos a hacer para conseguir un lote: soportar meses de intenso calor y de intenso frío a la intemperie, enfermedades, falta de baños, falta de agua. Algunos pierden sus trabajos por conseguir un lote. Oportunista es aquel que lucra vendiendo el lote, el que alquila muchas piezas. Existen grandes necesidades que no se pueden negar. Hacerlo significa no querer enfrentarse con el problema y no querer solucionarlo.

–El Ejecutivo niega que no se haya hecho nada por mejorar el déficit habitacional porteño.

–Lo único que hicieron en las villas fue pintar. Sólo muy pocas casas se han construido con los proyectos cooperativos. No hay voluntad política de diseñar políticas de suelo ni de fomentar las políticas alternativas existentes. La Ley 341 es una de las experiencias más interesantes en materia de hábitat del país y no está funcionando, no hay una política de vivienda transitoria, ni en créditos para cooperativas. El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) está vaciado tras la fragmentación de la política habitacional hacia Corporación Sur y las Unidades de Gestión e Intervención Social (UGIS). Las cooperativas de mantenimiento y limpieza de los barrios son manejadas de manera clientelar por parte de Espacio Público. Es mentira que en la Ciudad no existe suelo disponible. El parque industrial obsoleto, los cientos de inmuebles vacíos, muchos a nombre del Estado, pueden reciclarse con intervenciones, saneamiento ambiental y cambio de normativa en los casos que haga falta y convertirse en una solución para el déficit. Hay tierras que pueden expropiarse también. Urge muchísimo que el Estado intervenga.

–La generación del mercado informal de alquileres dentro de las villas, el manejo de los terrenos discrecionalmente por los punteros, ¿son consecuencias de la inacción del Estado?

–Sí. Se las dejó crecer a las villas porque el Estado consideró que no tenía nada para ofrecer. No es lo mismo urbanizar un barrio cuando es una incipiente toma, que hacerlo cuando tiene diez años de existencia. Cada año esto se complejiza más. Hay experiencias para imitar, como Villa Carlos Gardel y Villa Palito, en el conurbano. Lo que falta es voluntad política. En la Ciudad de Buenos Aires hay una coincidencia entre hábitat, educación, salud y espacio público: Macri aplica estrategias de exclusión a los pobres.