La dificultad para acceder a abortos legales, el “avasallamiento” de los derechos de los descendientes de pueblos originarios y los métodos de tortura heredados de la dictadura que todavía se aplican en cárceles y comisarías son los puntos que Amnistía Internacional (AI) reseñó sobre la Argentina en su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo (ver aparte). El informe también destacó que el país fue el primero en aprobar el matrimonio igualitario.

La ONG consideró “importantes” los “obstáculos para acceder a abortos legales” que deben enfrentar las niñas y mujeres víctimas de violación. Las cifras que señaló sobre el caso argentino, además, son contundentes: cada tres días muere al menos una mujer como consecuencia de la violencia de género. La “preocupación” de AI al respecto se sustenta, especialmente, en que sí existen “directrices institucionales claras” acerca de los casos no punibles. Además consideró alarmante que “la validez de la muy esperada Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles se haya puesto en entredicho”. Que la presidenta Cristina Fernández haya firmado el decreto que regulaba la ley para prevenir y castigar la violencia de género fue, también, valorado por la ONG, a lo que la directora ejecutiva interina de AI Argentina, Gabriela Boada, acotó que “se incrementó el número de denuncias” por violencia de género en el último año, aunque es preciso cuestionar que “no haya un sistema estadístico oficial para determinar si esto fue porque aumentaron los casos o porque hay más conciencia y se denuncian más”.

“Hay una brecha entre el derecho escrito y las políticas públicas, entre la voluntad que se declara y las prácticas cotidianas. El avance en el marco del derecho es importante, pero no se operacionaliza” y “no se están consumando políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos”, agregó.

La ONG también declaró una “honda preocupación” por “los informes de tortura y otros malos tratos en prisiones y comisarías de policía, sobre todo en las provincias de Buenos Aires y Mendoza”. El “uso excesivo de la fuerza provocó”, señala, “lesiones y muertes de personas”.

En lo referente a “comunidades indígenas”, AI señaló “preocupación” por “la falta de aplicación de la ley de emergencia nacional de 2006, que suspendía temporalmente la ejecución de las órdenes de desalojo”. El relevamiento da cuenta de “unos 120 conflictos relacionados con la propiedad de la tierra y el medio ambiente en la región del Chaco”.