Las 89 familias que ocupaban el edificio del ex Padelai, en el barrio porteño de San Telmo, fueron desalojadas ayer en un violento operativo policial, que quebró la resistencia de los ocupantes mediante el uso de gases lacrimógenos y balas de goma. Las negociaciones que impulsó el gobierno porteño no fueron suficientes: los ocupantes no querían irse de ese lugar, disconformes con los subsidios que se les ofrecían, y fueron sacados por la fuerza. Un juez autorizó el procedimiento, ante el “riesgo para la vida de las personas”, debido a las malas condiciones edilicias del inmueble. Paradójicamente, las mujeres y niños a quienes se pensaba proteger debieron huir de los gases, mientras varios habitantes resultaron hospitalizados, con heridas. Los incidentes continuaron afuera, cuando la policía reprimió a los manifestantes que acudieron en apoyo de los desalojados. El saldo fue de por lo menos 13 heridos –entre ellos, un periodista– y un total de 86 detenidos, de los cuales 11 eran menores. Entre los detenidos dentro del ex Padelai hubo desde una nena de 12 años hasta un hombre de 74 y un productor de TV.
La zona del ex Padelai amaneció ayer cerrada al tránsito. El edificio, que ocupa media manzana entre las calles Humberto I, Balcarce y la avenida San Juan, fue cercado por un fuerte dispositivo policial. Los efectivos, en número superior al centenar, habían llegado al lugar junto con funcionarios y personal de las secretarías de Desarrollo Social y de Logística y Emergencia. Los primeros intentaban seducir a los últimos ocupantes con líneas de créditos y subsidios para que abandonaran el lugar sin resistencia. Los segundos venían dispuestos a iniciar las tareas de demolición del edificio.
Hubo dos horas de negociación, un ultimátum al mediodía, y luego se produjo el ingreso de la policía. “No les importó nada, que hubiera mujeres con chicos. Vinieron con perros y palos, tiraron gases y nos sacaron a empujones por la escalera”, dijo María José Carrizo, de 23 años, embarazada de ocho meses y con un niño de un año, que vivía en una habitación del primer piso del edificio ubicado sobre Balcarce.
Ocupado desde hace 19 años, el edificio del ex Padelai se fue deteriorando con el tiempo. La falta de mantenimiento –que sus ocupantes no estaban en condiciones de afrontar– se sumó a los deterioros propios de un edificio más que centenario. Los riesgos edilicios motivaron una denuncia por parte de algunos de los ocupantes ante una asesoría de menores de la ciudad. “Ante esta presentación, el gobierno pidió un estudio a la Facultad de Ingeniería de la UBA, que recomendó el desalojo del edificio, que estaba en riesgo de derrumbe, y su demolición”, explicó a Página/12 el escribano general del gobierno porteño, Carlos Gaitán.
El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, firmó el decreto de desalojo en enero de este año, pero un juez hizo lugar a un recurso presentado por los ocupantes y pidió nuevos estudios. En forma paralela, se ofrecieron a los habitantes del ex Padelai créditos y subsidios destinados a vivienda, para que abandonen el lugar del edificio. Pero la oferta solo logró seducir a algunos: hasta la semana pasada, cuando se hizo el último relevamiento, habitaban el lugar 89 familias.
Muchos de ellos se aferraban ayer a las paredes derruidas del edificio. Una cooperativa de ocupantes es dueña del 70 por ciento del edificio, de acuerdo con una escritura firmada en épocas del intendente Carlos Grosso, y aunque muy pocos de los últimos habitantes integran esa organización, todos creen tener derecho sobre esa propiedad. El gobierno de la ciudad venía ofreciendo subsidios de 16 mil pesos no reembolsables o créditos a 30 años sin intereses. Muchos aceptaron esa cifra, pero quienes seguían ayer en el edificio preferían negociar en otras condiciones su salida. “¿Qué voy a hacer yo con 16 mil pesos? ¿Adónde voy a ir? Además, ¿qué garantías tengo de que me lo van a pagar? Una vez que me voy, pierdo todos mis derechos”, decía Miguel, desde una ventana, en San Juan y Balcarce. Caía la tarde y el hombre había logrado resistir el desalojo, junto con sumujer, su hermano y su madre discapacitada. “Nos defendimos con piedras y con todo lo que tenemos”, explicó. A unos metros de allí, Miriam Navarro (29) y su madre, Nélida Coronel (54), intentaban cruzar la valla policial y volver al ex Padelai. “Salimos cuando empezó la represión, con los chicos, y dejamos todo adentro. Tenemos heladera, los muebles y la ropa, tenemos miedo que nos roben”, decía la madre, que hace 18 años vive en el lugar. “Claro que queremos irnos de acá, pero que nos den una solución ¿qué puede hacer una familia con ocho hijos con 16.000 pesos?”, agregó Miriam.
La cifra, en realidad, oscila entre los 15 y 17 mil y corresponde a los subsidios que ofrece el gobierno a los habitantes censados hasta el 2000. “Ayer mismo hubo 49 familias que aceptaron esta propuesta”, dijo a este diario la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela González Gass, que negoció personalmente con los ocupantes, antes del desalojo. Los que no estaban censados pero aceptaban irse recibían un subsidio de 1800 pesos cifra habitual por desalojo, que en el caso del Padelai llegaba a los 3600. Los créditos de 30 mil pesos son a pagar en 20 años, oferta menos aceptada que los 16 mil de subsidio pues la gran mayoría de los ocupantes carece de trabajo fijo.
–¿No se pudo evitar un desalojo con represión? –le preguntó este diario a González Gass, la funcionaria responsable del operativo junto con Gaitán.
–Se intentó hasta último momento con el diálogo, pero no tuvimos éxito, Cuando el jefe del operativo llamó a la guardia de auxilio para romper un candado, le tiraron un piedrazo en la cabeza. A partir de ahí actuó la policía para detener a los responsables.
–Pero se tiraron gases y balas de goma en un lugar donde había mujeres y chicos.
–La policía usó gases porque hubo resistencia a la autoridad, desde adentro se tiraban piedras –argumentó la funcionaria.
Ese fue solo un capítulo de la represión. Dos horas después, un grupo de manifestantes que acudió en apoyo de los desalojados se enfrentó con la policía. Hubo gases, balas de gomas y piedrazos, heridos y decenas de detenidos. Abogados de organismos de derechos humanos y diputados nacionales y porteños se movilizaron hasta las comisarías y juzgados para gestionar la libertad de los detenidos. Al caer la tarde, hubo una movilización espontánea frente a la comisaría 14ª, donde estaba la mayoría de los detenidos, para repudiar la represión. La protesta se sumó al rechazo expresado por dirigentes de la oposición, que repudiaron el operativo de desalojo. La Asociación Periodistas, además, repudió la agresión sufrida por reporteros, entre ellos un camarógrafo de “Puntodoc”, que sufrió fractura de nariz.