El problema habitacional de las familias que en diciembre ocuparon el Parque Indoamericano, en Villa Soldati, no recibió aún una solución concreta pero, a ocho meses del conflicto que dejó un saldo de tres muertes, lo que avanzó fue “la profundización de la emergencia habitacional y la criminalización de la protesta social”, denunciaron ayer cuatro de los seis dirigentes barriales a quienes la Justicia porteña acusa por la ocupación. “La intención es hacer que el conflicto social pase a judicializarse y quede como una maniobra política de un puñado de dirigentes”, destacó Alejandro “Pitu” Salvatierra, dirigente de la Villa 15 y uno de los acusados por la Fiscalía. En una conferencia de prensa en el Hotel Bauen, otro de los acusados, Luciano “Tano” Nardulli, de la Corriente Clasista Combativa (CCC), advirtió que “va a seguir habiendo ocupaciones”, en la medida en que no se resuelva el problema estructural. La causa a los seis dirigentes sociales que participaron en diciembre del año pasado de la ocupación del Indoamericano fue reabierta por decisión de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, que hizo lugar al pedido de la Fiscalía porteña, a cargo de Luis Cevasco. De ese modo, los referentes Mónica Ruejas, del barrio Los Piletones; Diosnel Pérez Ojeda, de la Villa 20; Salvatierra, de la Villa 15 (Ciudad Oculta) y de la agrupación kirchnerista La Jauretche; Nardulli, coordinador de la CCC en Villa Soldati y Lugano; Marcelo Chancalay y Elizabeth Revilla fueron citados a declaración indagatoria por los hechos de diciembre último.

Sentado de cara al auditorio, Salvatierra opinó que “el argumento que se usa para involucrar a los compañeros en una causa judicial es muy peligroso y sienta precedentes para cualquier reclamo social”. Para el dirigente, se trata de un razonamiento que “habla de la privación de los derechos a otra parte de la sociedad ante un espacio público y nosotros creemos que eso se puede configurar en cualquier protesta”. En diálogo con Página/12, el referente detalló que un fallo que “criminalice los reclamos sociales puede generar miedo en los dirigentes sociales que, además de militantes, son padres de familia”.

En otro sentido, Pérez Ojeda se mostró preocupado de que tras el acuerdo para financiar la construcción de viviendas –según el cual, por cada peso que invirtiera la Ciudad, el gobierno nacional pondría otro–, no se haya dado a conocer ningún plan que tenga por finalidad hacer efectivas las medidas anunciadas. “Dijeron que el plan de Macri era inconsistente, pero después ni uno ni otro propusieron nada en reemplazo”, dijo. Por su parte, Nardulli señaló que “para el señor (jefe de Gobierno porteño, Mauricio) Macri, la bicisenda puede ser muy importante, pero el hambre no anda en bicicleta, anda a pata, en el barro”.

“A mí la gente no me pidió permiso para meterse al parque”, ironizó el dirigente. “Los compañeros de la CCC tenían la necesidad de vivienda y se metieron y yo los acompañé. Por eso, va a seguir habiendo ocupaciones en la medida en que haya problemas de vivienda, aunque estemos adentro (presos)”, señaló.

Sentada a su lado, Elisabeth Ovidio escuchaba en silencio, aunque visiblemente nerviosa. No le tiembla la voz cuando cuenta que su esposo, Emilio Canavaviri Alvarez, fue asesinado durante la represión a los ocupantes del parque. “Ahora quieren meter presos a los que apoyaron la ocupación del Indoamericano mientras los asesinos de mi marido y los otros compañeros siguen libres”, acusa. Cubierta por una gorra roja de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, la mujer morena recuerda con dolor el día en que lo mataron y denuncia que hasta el momento no hay avances sobre quiénes fueron los responsables penales de las muertes. “Me apechugo con mis dos nenas en el cuarto chiquito donde vivo y me pongo a llorar día a día. Para mí no está muerto él. Pero me da mucha bronca que nadie me ayude”, cuenta a Página/12 y denuncia que “el gobierno” los sacó “con mentiras del Indoamericano”, por lo que responsabiliza tanto a la Nación como a la Ciudad.

“No se preocupan por los muertos, pero sí por meternos presos”, afirmó a su turno Mónica Ruejas, y opinó que “está muy claro que el proceso a los referentes de la toma solamente es una persecución política”. En ese sentido, Salvatierra se preguntó “por qué la toma de rutas convocada públicamente por los dirigentes ruralistas no fue ilegal, pero sí lo es cuando lo hacen los que menos tienen”.

El reclamo fue respaldado en una carta pública a la que adhirieron los legisladores María José Lubertino, Fabio Basteiro, Laura García Tuñón, Gabriela Alegre, Gonzalo Ruanova, Rocío Sánchez Andía y Rafael Gentilli, entre otros, y la ACIJ, la CTA Capital, la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (UBA), el Frente Popular Darío Santillán, y la Corriente Política 17 de Agosto.

Informe: Rocío Magnani.