La Justicia de Cipolletti condenó al Estado rionegrino a pagarle una suma cercana a los 2,5 millones de pesos de indemnización a una mujer que en 2005, cuando estaba embarazada, recibió en un hospital público de la provincia una dosis vencida del complejo vitamínico de hierro Yectafer, lo que generó un grave deterioro en su salud y en la de su hijo por nacer. El niño nació pesando 1,3 kilogramo y con serias descompensaciones, motivo por el cual estuvo cuatro meses internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El juez civil Alejandro Cabral y Vedia consideró probado que la denunciante, Angela Peralta, que vive sola con sus tres hijos, ingresó sana al hospital de la localidad de Cinco Saltos, donde reside, y que allí “el servicio prestado y recibido” ha “funcionado deficientemente”. Le aplicaron un medicamento que estaba vencido y por esa razón “tuvo que padecer todas las consecuencias sabidas y probadas” en la causa. El hijo de Angela todavía tiene problemas respiratorios y es probable que en el futuro tenga que llevar una mochila de oxígeno en forma permanente.

La indemnización fijada por el juez fue de 1,4 millón de pesos, pero si se agregan los intereses por el tiempo transcurrido, la suma llega a los 2,5 millones. A pesar del fallo favorable, la mujer todavía no podrá recibir el pago, dado que el gobierno apeló el fallo de primera instancia a través de la Fiscalía de Estado. La resolución judicial llegó casi seis años después de lo ocurrido, el 14 de mayo de 2005. Como consecuencia de la mala atención, la mujer estuvo a punto de recibir un trasplante hepático, mientras que el niño tuvo que ser asistido en Buenos Aires.

El magistrado remarcó que la mujer “ingresó en buen estado de salud a la guardia del hospital de Cinco Saltos” para colocarse “una dosis de Yectafer” que había sido prescripta por médicos del mismo establecimiento.

El juez consideró que hay responsabilidad del Estado provincial porque “han fallado los controles necesarios para evitar que un paciente reciba una droga que, como se dijo, estaba prohibida en su uso y comercialización”, dado que su vigencia había caducado.

Cabral y Vedia remarcó que tanto la mujer como su hijo “han padecido consecuencias gravísimas en su salud”. El abogado Horacio Kreitman, que representa a Angela Peralta, remarcó que nunca lograron que “algún representante del gobierno se acercara a dialogar”. Dijo que “eso habla del desinterés” por “Angela y su hijo, que siguen padeciendo enfermedades”. En ese sentido, comentó que “el nene tiene graves problemas respiratorios y es probable que en el corto plazo tenga que empezar a usar una mochila de oxígeno”. Kreitman aseguró que “los mil pesos que (el Estado) le da por mes no le alcanzan ni para darles de comer a sus hijos”.

La mujer, que ahora tiene 29 años, estuvo viviendo en un local, acondicionado como vivienda provisoria, cuyo alquiler era abonado por el Estado provincial. Sin embargo, el año pasado, tuvo que hacer una serie de reclamos porque el gobierno de Río Negro estuvo 15 meses sin pagar el alquiler. “Yo no hice nada para estar en esta situación, ellos fueron los que me llevaron a esto”, dijo Peralta a la prensa. La mujer vive con Maximiliano, el niño que nació con problemas, y con otros dos hijos. Al principio se abrió una causa penal con cinco imputados, pero con el tiempo todos fueron desvinculados del caso y sólo quedó en pie el planteo civil.