Por cada alumno que vaya a la escuela pública en los barrios de Constitución o Monserrat, la Ciudad de Buenos Aires invertirá en infraestructura la quinta parte de lo que le tocará a su compañerito de Belgrano o Núñez; el niño de Villa Lugano recibirá la sexta parte de lo que conseguirá el de Villa Devoto. En conjunto, los alumnos de los cinco barrios más pobres recibirán casi un tercio menos que los de los cinco barrios más ricos. Así lo señala un análisis que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) efectuó sobre el presupuesto educativo para 2012, enviado por el gobierno porteño a la Legislatura. Además, “el proyecto de presupuesto disminuye fuertemente lo asignado a Educación Especial” y “no especifica obras para la accesibilidad de personas con discapacidad”. El documento de ACIJ advierte también que, en los últimos años, “el presupuesto de infraestructura escolar presenta una grave subejecución”: en 2010, más de la mitad no habría llegado a utilizarse. Las instituciones privadas reciben más del 17 por ciento del gasto efectivo en educación en la ciudad: “Muchas escuelas privadas que cobran altos aranceles reciben sustanciales aportes estatales, lo que tiende a profundizar las desigualdades educativas”.

El estudio –denominado “Proyecto de Ley de Presupuesto 2012. Un análisis a la luz del derecho a la educación y del derecho a la igualdad”– empieza por examinar el presupuesto para infraestructura escolar, cuyo total, en el Presupuesto 2012, es de 501.225.345 pesos: esto implica ya una disminución respecto de la suma asignada en 2011, que fue superior a los 513 millones. Además, los investigadores de ACIJ efectuaron el correspondiente ajuste por inflación, que –desestimando el índice del Indec y sobre la base del índice de precios al consumidor de siete provincias– ponderan en 23,6 por ciento para los 12 meses entre abril de 2010 y marzo de 2011: así, en “pesos de 2012”, el presupuesto de 2011 se eleva a más de 634 millones de pesos, con lo cual la caída real en 2012 superaría el 20 por ciento.

Pero, además, los presupuestos de infraestructura escolar vienen sufriendo “una grave subejecución”. El último año con datos completos es 2010, cuando el 52 del presupuesto educativo quedó sin ejecutar; en 2009, el Gobierno había bajado al 16 por ciento la subejecución, que había sido del 41 por ciento en 2008.

Ese presupuesto, disminuido y subjecutado, también –según el estudio de ACIF– estaría injustamente repartido: “La distribución de las obras de infraestructura entre las distintas zonas de la ciudad es discriminatoria, en tanto presenta una mayor inversión estatal por alumno en las zonas de condición socioeconómica más aventajada”.

Los investigadores comparan los cinco distritos con mayor grado de necesidades básicas insatisfechas (NBI), es decir, los más pobres, con los cinco más ricos: en estos últimos, la inversión prevista es de 1125 pesos para cada alumno; los cinco más pobres deberán conformarse con 807 pesos por alumno. Si se consideran determinados barrios, la diferencia se agranda: la inversión por alumno es de sólo 169 pesos en Constitución y no supera los 370 pesos en Villa Lugano; en cambio, en Belgrano y Núñez llega a 946 pesos, y los niños de Villa Devoto alcanzan los 2304 pesos.

Además, “el proyecto de Presupuesto 2012 disminuye fuertemente lo asignado a Educación Especial”, según el informe de ACIJ. En valores absolutos, el proyecto 2012 asigna algo más de 188 millones de pesos a esta área: en 2011, se habían asignado casi 312 millones, lo cual ya era menos que los 356 millones de 2010. En “pesos de 2012” –actualizados mediante los índices provinciales de costo de vida–, la asignación de 2012 es menos de la mitad de la de 2011 y menos de la tercera parte de la de 2010.

Otra crítica en el documento de ACIJ consiste en que “el proyecto no especifica obras para asegurar la accesibilidad a personas con discapacidad”, siendo que “menos del diez por ciento de los edificios escolares reúnen las condiciones básicas de accesibilidad para personas con movilidad reducida”.

Privados

El informe señala que “el proyecto de presupuesto eleva sustancialmente la asignación a la educación privada”, y advierte que “el sistema refuerza inequidades educativas, es poco transparente y presenta irregularidades que fueron señaladas por la Auditoría de la Ciudad”.

El Presupuesto 2012 destina casi 1333 millones de pesos a la educación privada. Esto constituye un 15,6 por ciento del presupuesto educativo total; supera la proporción de 2011, que era del 15,4 por ciento, y está por debajo de las de 2010 y 2009, cuando la asignación a las escuelas privadas llegó al 16,3 y al 17,4 por ciento del presupuesto total. En todo caso, el porcentaje actual dedicado a los privados supera en algo más de un punto el valor previo a los comienzos de la administración de Mauricio Macri: en 2005, el sector privado recibía el 14,5 por ciento del presupuesto educativo total.

En realidad, los porcentajes para los privados son mayores porque “la ejecución del presupuesto es mucho mayor para las escuelas privadas que para las públicas –señaló Dalile Antúnez, coordinadora del Programa Igualdad Educativa de ACIJ–: es que el gobierno lo único que debe hacer es transferirles el dinero, en vez de ocuparse de hacer obras de infraestructura”.

Se supone que las escuelas privadas dan cuenta del dinero que se les transfiere pero “no hay suficiente transparencia”, advirtió Antúnez. El documento de ACIJ observa que “el Gobierno de la Ciudad no revela el criterio a partir del cual se reparten los recursos públicos entre las escuelas de gestión privada”, y “el análisis de la escasa información disponible revela que muchas escuelas privadas que cobran altos aranceles reciben sustanciales aportes estatales, lo cual tiende a profundizar las desigualdades educativas”.

El informe recuerda que “la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires identificó serias irregularidades” en los subsidios a escuelas privadas. “Estos subsidios sólo deben usarse para pagar salarios pero, en el 29 por ciento de los casos de la muestra tomada por la Auditoría en 2010, los aportes excedían lo que hubiera correspondido al personal”, explicó Antúnez.

Por último, el documento señala que el Presupuesto 2012 destinado a cooperadoras escolares, si bien en términos nominales subió de 23,7 a 28 millones de pesos, en términos reales continúa el descenso que registra desde 2009.

Voceros del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, consultados por este diario, se negaron a hacer declaraciones y destacaron que, mañana en la Legislatura, el ministro Esteban Bullrich “responderá a las inquietudes y consultas de los legisladores”.