El responsable de la política exterior de Estados Unidos sobre drogas ilícitas mencionó ayer, por primera vez, que no rechaza “de plano” la idea de debatir lo despenalización “o incluso legalización” de sustancias ilícitas. “No me opongo a ello por principios, no tengo ninguna objeción moral a ese concepto pero creo que no ha sido bien estudiado”, agregó William Brownfield, quien dirige la oficina del Departamento de Estado de Asuntos Internacionales de Narcóticos. El funcionario dejó entrever un giro importante en la política doméstica, que hasta ahora generó una superpoblación carcelaria: habló de “una transición” que va de la mano dura a la prevención, la educación y el tratamiento a usuarios problemáticos. “Es una estrategia más equilibrada”, reflexionó.

Brownfield hizo estas declaraciones en la Cámara de Comercio en Washington, durante un evento sobre América latina, donde se desempeñó como embajador en Colombia, Venezuela y Chile. “Deberíamos estar abiertos a sugerencias de personas serias, pragmáticas y realistas que piden que tengamos en cuenta esto”, dijo al referirse a una posible regularización de las drogas ilícitas, planteada, entre otros, por un conjunto de ex presidentes latinoamericanos e intelectuales de la región que integran la coalición Drogas y Democracia. Luego agregó: “Quiero que alguien lo piense a fondo y, personalmente, creo que cuando alguien lo haga descubrirá que no hay una sola solución a este problema”.

El 5 de octubre pasado, en el subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, Brownfield defendió lo hecho en el marco del Plan Mérida, por el cual su gobierno da apoyo logístico, armamentístico y financiero al gobierno federal de México. “Es una valiosa idea integrar nuestros esfuerzos contra las drogas ilícitas, el crimen organizado y el terrorismo”, dijo entonces. Un día antes, la agencia antidrogas norteamericana (DEA) presentó su informe sobre la lucha contra “las amenazas de la insurgencia y narcoterrorismo” en México. Allí reconocieron que desde que se lanzó esa ofensiva, en 2006, hubo 43 mil muertos.

Ayer el funcionario admitió que la política antidrogas debe ser “constantemente ajustada y refinada” y dio a entender que la legalización es tenida en cuenta. “No somos estúpidos. Hemos estado enfrentando este problema por los últimos 40 años y si hubiera una solución simple ya hubiéramos dado con ella”, agregó. En la misma línea, Brownfield aseguró que faltan iniciativas, desconociendo que el año pasado hubo un referéndum en California para legalizar la marihuana. “Nadie se ha sentado y ha dicho cómo lo haríamos, cómo responderíamos a las cuestiones de responsabilidad legal, cómo lo aplicaríamos, dónde ponemos los límites”.

Consultada por Página/12 sobre estas declaraciones, la titular de la Asociación Intercambios, dedicada a investigar y debatir sobre políticas de drogas, rescató el énfasis del funcionario en la reducción de la demanda. “Discrepo en que no se puede ser tan categórico en que no hay estudios serios sobre las otras políticas de control. Está el caso de Portugal, donde la despenalizacón tuvo resultados muy interesantes: redujo las tasas de contagio de VIH y el consumo en los estudiante secundarios. Además, demostró que descriminalizar no implica un crecimiento en el consumo ni problemas sanitarios”, señaló Graciela Touzé.

La especialista argentina coincidió con Brownfield en que no hay una solución única para el fenómeno del uso de drogas “y tampoco es sencillo”. El uso de los términos “legalización” como estrategia extrema y “quita de control”, agregó, esconde una discusión más seria: “La de quitar el componente de ilegalidad”. Touzé aseguró que la guerra contra las drogas y sus efectos indeseados fueron suficientemente documentados y estudiados. “Lo que no hay es investigación empírica pero sí hipotética”, aclaró. Y refirió los estudios de Peter Reuter, Jeffrey Mirón, Stephen Rolles y la teorías económicas de Gary Becker, Kevin Murphy y Michael Grossman.

Para Jorge Hernández Tinajero, titular de Cupidh, una organización mexicana especializada en el tema, el discurso de Brownfield es engañoso. “Es fácil decir que faltan estudios, cuando por otro lado tenemos las manos atadas por los tratados internacionales”. Sin embargo, este activista señaló a Página/12 una serie de experiencias interesantes en la regulación de drogas ilegales: el programa de distribución gratuita de heroína para ciertos pacientes en Suiza, los clubes de cultivo de cannabis en España y el modelo de legalización de la marihuana con fines médicos en varios estados norteamericanos y en Canadá.

“De todas formas, creo que lo de Brownfield demuestra que hay un retroceso en la política prohibicionista, que ya no es tan hegemónica por el malestar que genera en la sociedad mundial. Lo que se desmorona es el sentido ético de la prohibición, ya no se puede negar que hay un debate”, explicó Hernández Tinajero. La prohibición absoluta y ciega, agregó, es justamente lo que no permite controlar el mercado de las drogas ilícitas ni pensar alternativas más justas, eficaces y respetuosas de los derechos humanos.

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