La Justicia argentina concedió ayer la extradición a los Estados Unidos del colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff (50), a quien se señala como el presunto líder del Cartel del Norte del Valle del Cauca, Colombia, al que se acusa como responsable del tráfico de cocaína –en submarinos– a Nueva York y Europa. La medida será apelada ante la Corte Suprema de Justicia, según le adelantó a Página/12 Andrés Rabinovich, abogado de Alvarez Meyendorff, quien fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza el 24 de abril pasado, cuando regresaba a Buenos Aires –donde reside desde hace seis años– de un viaje “de placer” a Tahití, acompañado por su familia. Rabinovich estimó que el análisis del caso llevará, en la Corte, un tiempo que estimó en “de 12 a 16 meses”. Una vez que falle el alto tribunal “la extradición tendrá que ser resuelta por la Cancillería argentina, que por lo general acepta lo que decida la Corte”. Mientras tanto, la defensa del ciudadano colombiano, preso en la Unidad Penitenciaria 1 de Ezeiza, solicitará que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria “como corresponde a una persona que, como él, tiene una enfermedad terminal”.

El juez federal de Lomas de Zamora Carlos Ferreiro Pella dio el visto bueno al pedido de extradición formulado por la Justicia de Nueva York, pero ahora la resolución será apelada por la defensa de Alvarez Meyendorff. Antes de decidir, el magistrado escuchó las posturas del fiscal Alberto Gentile, a favor de la extradición, y la postura contraria del abogado Rabinovich.

“Hoy (por ayer) conocimos el fallo y el martes tenemos los fundamentos. De allí en más contamos con diez días para apelar ante la Suprema.” El abogado explicó que su representado tiene dos cargos. La Justicia norteamericana lo quiere juzgar por “conspiración”, un delito equiparable, en Argentina, al de “asociación ilícita” y por “ingreso de estupefacientes”. Rabinovich cuestionó el hecho de que “el pedido de extradición se hizo bajo una acusación genérica, sin detallar cuál es el delito que se le adjudica a cada uno de los imputados”, que son varios.

El abogado cuestionó la forma en que se produjo la detención de su defendido y el hecho de que la Justicia norteamericana lo haya considerado prófugo “cuando no lo estaba”. Según el abogado, Alvarez Meyendorff “vive en Buenos Aires desde el 2005, tiene oficinas en la calle Florida y se ha presentado siempre ante la Justicia argentina en relación con otras dos causas, sin que se llegara en ningún caso a su detención”.

La Cancillería argentina fue notificada el 14 de abril pasado sobre la causa contra el ciudadano colombiano y el 18 de ese mes se dictó la orden de captura internacional. “Mi defendido no se presentó a la fiscalía de Nueva York porque se encontraba de viaje en Tahití. Había salido de Ezeiza con su documento de identidad argentino y su pasaporte colombiano, sin ocultar su identidad. Es decir, no estaba prófugo”.

Alvarez Meyendorff fue detenido a su regreso de Tahití, el 24 de abril, apenas bajó del avión de LAN que había hecho una escala en Santiago de Chile. “Si había una orden de Interpol, lo tendrían que haber detenido en la capital chilena, pero lo hicieron en Buenos Aires, con intervención de la Policía de Seguridad Aeronáutica y de agentes de la DEA norteamericana que habían sido enviados al país para seguir a Alvarez.” Su detención fue consecuencia de un hecho anterior, ocurrido también en Buenos Aires en junio de 2010, cuando fue apresado Luis Agustín Caicedo Velandia, también acusado de ser un alto jefe del narcotráfico.

“Caicedo Velandia mandó al frente a medio mundo, entre ellos a Luis Fernando Alvarez, hermano de mi defendido, quien es el verdadero jefe del Cartel del Norte. A mi representado lo mandaron a detener en lo que consideramos una extorsión encubierta, porque de esa forma quieren llegar a su hermano”, aseguró Rabinovich. Tras insistir en que apelará la decisión del juez Ferreiro Pella ante la Corte, el abogado dijo que presentó en la Sala III de la Cámara Federal de La Plata “un pedido para que a mi defendido se le conceda la prisión domiciliaria, como corresponde con una persona que tiene una enfermedad terminal”.

Precisó que “el Cuerpo Médico Forense determinó que sufre una enfermedad terminal y como dice la ley, debe pasar a prisión domiciliaria. Sufre diabetes, es insulinodependiente, tuvo una operación de transplante de riñón, le hicieron un by-pass gástrico y ahora está en la lista del Incucai, porque tiene que ser sometido a un trasplante de hígado. Le tienen que dar la domiciliaria”.