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“El verdadero responsable está en Italia.” Con el rostro crispado, al borde del insulto, el comisario retirado de la Policía Federal Eduardo José Curletto, ex jefe de Robos y Hurtos, se entregó detenido en la madrugada de ayer en una causa en la que está imputado por el delito de aplicación de tormentos, castigado con penas de 8 a 25 años de prisión. El que “está en Italia” es el ex juez Pablo Belisario Bruno, quien estuvo acusado en la misma causa por las torturas que sufrió un ex policía –que luego se “suicidó” en la cárcel– acusado como entregador en un robo de 18 millones de pesos, que nunca aparecieron, a la empresa transportadora de caudales Firme SA. Bruno fue nombrado por el juez Mariano Bergés, que dictó la prisión preventiva de Curletto y ordenó la captura del comisario Carlos Pérez Roldán, que sigue prófugo. Bergés expreso su “sorpresa” por la “prematura” desvinculación de Bruno, sobreseído hace dos meses. Bergés opinó que Bruno debería estar acusado de “omisión de evitar tortura”, penado con tres a diez años de prisión.
Es por demás significativo el párrafo que Bergés le dedica a su ex colega Bruno, quien quedó fuera de la causa por decisión del juez Marco Layus. “El suscripto no ha de dejar de señalar una situación que estima de particular gravedad y es la obligada mención a la sorpresa que causó a este juzgador observar el decisorio de fojas 1171/1176, que desvincula al ex juez” Bruno. Según Bergés “resulta sugestivo resolver la situación de uno de los imputados por el mismo hecho que otros dos sujetos han sido indagados, sin resolver la situación de estos últimos”, en alusión a Pérez Roldán y a Curletto. Por eso interpretó que fue una absolución tomada “de manera prematura (...) porque debió decidirse, en todo caso, en conjunto”. En este punto, Bergés da por acreditadas las torturas sufridas, en el interior de la comisaría 32ª, en Caseros 2724, en el barrio porteño de Parque Patricios, por el ex policía y entonces custodio de Firme Carlos Alejandro Trillo, quien después apareció ahorcado en una celda de la Unidad Penitenciaria 16 de Caseros. “Es indudable que personal policial intervino en su producción y ocultamiento”, sentenció Bergés. Y a continuación opinó sobre el sobreseimiento de Bruno: “La responsabilidad del ex juez en los hechos fue evidente, al menos con el mismo alcance que el comisario Pérez Roldán, aunque a esta altura sólo queda proclamarlo”. Pérez Roldán está imputado por el delito de “omisión de evitar tortura”, mientras que Curletto deberá responder, directamente, por “aplicación de tormentos”.
La investigación del robo de Firme fue uno de los procesos más escandalosos en la historia reciente de la Justicia argentina. El primer juicio oral fue suspendido para abrir una causa contra Bruno y los policías por las torturas, con picana eléctrica, denunciadas por el pai umbanda Ides Betancur Martínez, cuya detención se produjo a partir de la forzada declaración del ex policía Trillo. Ahora, el pai inició una demanda contra el Estado reclamando una indemnización de 2,5 millones de pesos. “Yo soy negro pero estaba azul”, dijo Betancur Martínez en el segundo juicio oral por el robo a Firme, donde todos los acusados quedaron en libertad, algunos con penas simbólicas sin aplicación efectiva, dada la notoria irregularidad que tuvo todo el proceso dirigido por Bruno.
En el pedido de procesamiento y detención de Curletto y Pérez Roldán, el juez Bergés dio por acreditadas “la existencia de golpizas y presiones” al ex policía Trillo, el 20 y el 22 de diciembre de 1996, en la comisaría 32ª. Allí habían trasladado sus despachos tanto el juez Bruno como el comisario Curletto, mientras que Pérez Roldán era el titular de la seccional. Trillo denunció que había sido golpeado por dos inspectores de la Federal, en algunos casos en presencia de Curletto y con pleno conocimiento del juez Bruno y de Pérez Roldán. Cuando llegó a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, su primer lugar de detención fuera de la comisaría, los médicos comprobaron los golpes sufridos. Tenía notorios hematomas en el rostro, principalmente en la nariz y en el ojo izquierdo; manifestaba dolores intensos en la calota craneana, en el tórax, en el abdomen y en el hombro izquierdo; escoriaciones con costra en ambos codos, hematoma y dolor en el dedo anular; esquimosis en la región escapular izquierda y sobre el hombro derecho; escoriaciones sobre la región lumbar. La mera descripción de las lesiones comprobadas por los médicos ocupa más de 40 líneas, lo que da una idea de la gravedad de las lesiones sufridas por Trillo. Otro detenido, Héctor Aníbal Chiappe, confirmó que Trillo era sacado de la celda de aislamiento en la que estaba y que lo llevaban, para los “interrogatorios”, al despacho del comisario Pérez Roldán y a una habitación contigua.
La defensora oficial Catalina Moccia de Heilbron, que asistió a Trillo, ratificó que vio a su representado “golpeado en el rostro” y que él le relató que “la policía lo había golpeado para que hablara, para que brindara datos para la investigación, frente a lo cual (ella) le aconsejó que se negara a declarar”. Bergés concluyó que todo lo ocurrido fue ordenado por Curletto “o bien por el ex juez Bruno”, con al menos el “pleno conocimiento” del ex jefe de Robos y Hurtos detenido en la madrugada de ayer en su domicilio de avenida Forest 1485, del barrio porteño de Chacarita.
En el allanamiento intervino la Gendarmería y hoy Curletto está alojado en el Escuadrón Buenos Aires de esa fuerza, en la zona portuaria. “Lo tuvieron que esperar porque no estaba en su casa. Cuando llegó se enojó mucho y empezó a acusar al ex juez Bruno”, reveló a Página/12 una fuente de la investigación. En todo el proceso por el caso del llamado “Robo del Siglo” a la empresa Firme, llamó la atención el interés y la dedicación que puso el juez Bruno. Uno de los motivos sería su larga amistad con el entonces dueño de la firma, el ex policía Carmelo Spataro.
El ex oficial de la Federal y Bruno, entonces como secretario del juez federal de la dictadura Lucio Somoza, habían participado de la detención en Córdoba del mítico Aníbal Gordon, miembro de la Triple A e integrante de las “patotas” que actuaron en los centros clandestinos de detención. El fracaso en la investigación del robo de 18.183.766 pesos trajo aparejado que apenas pudiera rescatarse una ínfima parte del dinero. El propio Spataro admitió, en el segundo juicio, que muchos pensaban que había sido “un autorrobo”.