Una fuerte controversia generó la decisión del gobernador de Entre Ríos, el kirchnerista Sergio Urribarri, de proponer como juez titular de Familia, Civil y Penal de Menores Nº 1 de Concordia al magistrado que obstaculizó un mes atrás el aborto no punible a la niña de 11 años, embarazada como consecuencia de un abuso sexual. El abogado Raúl Tomaselli ocupaba interinamente el cargo al frente de ese juzgado cuando el 16 de enero llegó a sus manos el caso, que tuvo amplia resonancia en los medios. La postulación de Tomaselli generó la reacción de organizaciones de derechos humanos, de mujeres, políticas, sociales y sindicales, entre ellas, la CTA Paraná, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la agrupación kirchnerista Todas con Cristina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que cuestionan el desempeño del abogado ante el pedido del aborto no punible y se oponen a que el Senado provincial –donde todos los integrantes son oficialistas– acepte su pliego.

“Nos preocupa que se nombre como juez a un profesional que habiendo ejercido el cargo en forma interina, no ha dado las mejores pruebas de trabajar con respeto por los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, ni por el respeto que merecía el superior interés de la nena de 11 años. Hay normas nacionales e internacionales que fueron ignoradas en el trámite judicial del caso y no es posible que se nombre a un juez que no aplica el derecho vigente”, advirtió la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del ELA. También se oponen a su designación la Fundación Mujeres Tramando, Asociación Civil Red de Alerta, y Conders Entre Ríos, docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otras entidades.

El jueves, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado de Entre Ríos llevó adelante la audiencia pública para escuchar e interrogar a Tomaselli. Aunque en los últimos días las casillas de correo electrónico de los senadores fueron atiborradas de cartas de distintas ONG y de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con los derechos sexuales y reproductivos, donde les planteaban su “disconformidad” con la postulación del abogado de Concordia y además les sugerían trece preguntas para formularle, vinculadas con legislación vigente relacionada a la protección a la infancia, la salud y puntualmente al aborto no punible, el cuestionario que los legisladores le hicieron a Tomaselli fue más que condescendiente. Algunas preguntas, incluso, fueron irrelevantes. Como la que le formuló el presidente del bloque del Frente para la Victoria –el único bloque existente en la Cámara alta local después de las elecciones de octubre de 2011– y vicepresidente de la Comisión, Enrique Cresto, quien lo indagó sobre el horario que cumple en el juzgado: a qué hora llega y a qué hora se va. Tomaselli respondió: “No lo tengo muy en cuenta. Por lo general, concurro durante la mañana y a la tarde. A partir de las 8 comienzan las audiencias”. Las preguntas no superaron la media docena. El caso de la nena de 11 años fue uno de los temas abordados, pero le pidieron que relatase el hecho. Y Tomaselli se limitó a defender su actuación. No hubo repreguntas. “El cuestionario fue vergonzoso. El piensa que actuó como debía. Pero no debió judicializar el pedido de aborto no punible. Tendría que haberse pronunciado velozmente diciendo que no era necesaria ninguna autorización judicial, porque el caso encuadraba en los incisos 1º y 2º del artículo 86 del Código Penal y que correspondía realizar el acto médico sin dilaciones”, señaló a Página/12 Carolina Comaleras, representante en Entre Ríos del Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales, que agrupa a ONG de distintos puntos del país.

El colectivo de entidades que rechaza la designación de Tomaselli impulsada por el Ejecutivo provincial presentó formalmente la impugnación al pliego, pero el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, Aldo Ballestena, consideró que llegó fuera del plazo previsto. Al parecer, la impugnación habría ingresado dos horas después del horario de cierre. Tomaselli fue propuesto para ocupar el cargo de juez titular de Familia, Civil y Penal de Menores Nº 1 de Concordia en una terna elevada a Urribarri por el Consejo de la Magistratura, luego de que el abogado se presentara al respectivo concurso, donde obtuvo el segundo lugar, según confirmó a este diario el senador Cresto. El gobernador tiene la atribución de elegir un candidato de esa terna. Cresto informó que la Comisión tiene plazo hasta mayo para expedirse si acepta o rechaza la propuesta del mandatario. Comaleras anunció que presentarán “un recurso de gracia” ante el gobernador solicitándole que retire el pliego. El miércoles último elevaron al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos una nota, donde solicitaron un pronunciamiento sobre la postulación de Tomaselli, teniendo en cuenta su actuación en el caso de la nena de 11 años. Pero todavía la Corte provincial no se expidió.