El presidente del bloque de diputados del PJ mendocino, Gustavo Arenas, pidió ayer que se conozca la nómina de empresas que fueron sancionadas por albergar trabajo infantil y, a la vez, que sea publicada en los medios masivos de comunicación de la provincia para que reciban una “condena social”.

El legislador basó su pedido luego de que se constataran situaciones de trabajo esclavo y explotación infantil en la zona rural de Mendoza, por lo que busca, según señaló, que se conozca cuáles son las empresas que fueron sancionadas con quitas de “beneficios fiscales, impositivos, económicos, financieros o de cualquier otra índole” otorgados por la provincia.

Además, pedirá que se dé a conocer la nómina de las compañías infractoras para que reciban condena social, como una manera de apelar a que corrijan su accionar violatorio. La normativa provincial, de la que Arenas es autor, hace referencia a empresas que registren infracciones constatadas de carácter “muy grave” previstas en el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales del Pacto Federal del Trabajo.

La semana pasada, la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza labró una serie de actas de infracción en una finca del departamento de Santa Rosa. Allí trabajaban nueve menores, sin autorización. Además, había un bebé de 9 meses y dos niños de 2 y 5 años que acompañaban a sus padres en las hileras de viñedos mientras ellos cosechaban.