El juez federal Claudio Bonadío convocó a una junta de tres peritos ingenieros, dos de la Universidad de Buenos Aires y uno de la Corte Suprema, para que realicen todos los estudios técnicos necesarios para determinar las razones por las que el tren del Sarmiento que llegaba a Once anteayer a la mañana no frenó y se estrelló contra el paragolpes hidráulico de la estación. El magistrado estuvo ayer cerca del mediodía recorriendo el lugar del accidente cuando se realizaban inspecciones y la recolección de material –desde filmaciones y grabaciones hasta restos de la formación– que ahora está bajo análisis de expertos. El “motorman”, Marcos Antonio Córdoba, seguía internado fuera de peligro, con custodia policial y, según informaron desde La Fraternidad, también incomunicado. El test de alcoholemia le dio negativo, señalaron, y estaría a la espera de una evaluación psiquiátrica que determine si está en condiciones de declarar ante la Justicia.

Mientras desde la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) descartan un problema mecánico y hablan de una falla humana (sugieren que el maquinista no habría accionado el freno de emergencia cuando debió hacerlo), los trabajadores ferroviarios dicen lo contrario. El dirigente Rubén “Pollo” Sobrero advirtió que desde el gremio ya habían denunciado “ante distintos organismos de control” que “el estado de los trenes, las vías y de las señales no da para más”. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, transmitió en conferencia de prensa una visión emparentada –aunque menos explícita– a la empresaria: “No hay constancia, en el marco de la investigación judicial y todos los peritajes que estamos haciendo, de que hubiera fallas o problemas de frenos en la formación”.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció que el Estado se presentará como querellante (ver aparte). De esa forma, podrá tener acceso a la causa judicial y hacer sus propios planteos. En despachos de Tribunales, ante la consulta de este diario, dijeron que no habría impedimento para que asuma ese papel. “Una cosa son los funcionarios que deberían ser investigados por su posible responsabilidad en, por ejemplo, los controles, y otra es el Estado, que cuida el bien común”, distinguieron.

La participación de los peritos será crucial en el expediente para establecer qué motivó el accidente. El juez se llevó ayer material de las cámaras de la estación y del tren. También habría una grabación de una conversación del “motorman” con la base operativa donde reportaría datos de rutina. De ser así, esa prueba haría pensar que hasta ese momento el tren funcionaba normalmente, sin problemas de frenos ni nada por el estilo. Bonadío notificó a TBA, a la Secretaría de Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que propongan los “puntos de pericia” que crean necesarios y, si quieren, designen perito de parte que se sume a los oficiales. Horacio Caminos, vocero de La Fraternidad, dijo que el gremio pidió al juzgado presentar también sus propios técnicos. Córdoba, el conductor del tren, está internado en el instituto Fitz Roy. “El sindicato le puso asistencia psicológica ante el peligro de que sufra de estrés postraumático”, dijo Caminos. Según información del gremio, el hombre está incomunicado y con custodia policial. Pronto le harían también alguna evaluación psiquiátrica para determinar si está en condiciones de declarar. Aunque todavía no está claro si su condición es la de imputado en la causa, algo que deberá definir el juez a medida que avance la investigación, ya lo está asistiendo la abogada Valeria Corbacho. Por lo pronto, el test de alcoholemia (una prueba de rutina, elemental, en este tipo de casos) le dio negativo, lo que implica que no estaba manejando el tren alcoholizado. Según dijo Schiavi el primer día, estaba descansado y tiene una muy buena foja de servicio. Después del choque estuvo atrapado media hora en la cabina del primer vagón hasta que lo rescataron y fue trasladado en helicóptero. El guarda del tren ya fue dado de alta y también sería citado, posiblemente como testigo. De Vido dijo que cree que habrá resultados disponibles de las pericias, que permitirán resolver la causa en “un plazo breve”. El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, recordó que el organismo había realizado en 2008 un informe que daba cuenta de “la situación desastrosa” del servicio ferroviario en el ramal Sarmiento y señaló que “no ha cambiado demasiado”. Sugirió que el Estado debió haber aplicado sanciones y que, en realidad, tiene responsabilidad en la concesión de un servicio que debe cumplir requisitos mínimos. Cuestionó, a la vez, la política de subsidios. Despouy aclaró que en las evaluaciones que hizo hasta ahora la AGN alude a la gestión de Ricardo Jaime en Transporte. La semana próxima, anticipó, tendría resultados sobre la de Schiavi.