Otras voces expresaron su rechazo al proyecto de reglamentar la prostitución en Comodoro Rivadavia: “El intendente Di Pierro desconoce la Ley integral de violencia de género (26.485), que comprende especialmente como violencia: la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres; la Ley 26.364, de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y principalmente la Ley de Profilaxis (12.331), vigente desde 1937, que prohíbe en toda la república el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella”, recordó Susana Pastor, integrante de la ONG Feministas en Acción y de la Red Abolicionista, que se pronunció a través de un comunicado en contra de la propuesta. La periodista Mónica Molina, ex directora de género de la intendencia pampeana de Santa Rosa, y promotora de una ordenanza que prohibió allí los locales nocturnos que suelen ser pantalla de prostíbulos, advirtió que iniciativas como la de la ciudad patagónica no tienen en cuenta en qué condiciones se encuentran las mujeres en los burdeles, “sino que directamente la preocupación es el cuidado de la salud del varón prostituyente”, es decir, del cliente. Para Molina, “las y los funcionarios demuestran incapacidad para ver las consecuencias que acarrea esto en las víctimas, particularmente en su salud física y psíquica, afectándolas seriamente en edades muy jóvenes y, por otra parte, se quitan la responsabilidad de generar las instancias para que las personas accedan a empleos dignos”.

Viviana Caminos, de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina), consideró que afirmar que “la reglamentación disminuye la trata es una falacia, ‘ablanda’ la dominación para hacerla aceptable, la naturaliza”. Caminos indicó que en aquellos países donde se encuentra reglamentada “tenemos por un lado que aumenta la industria sexual, se hace invisible la trata e incluso aumenta”. “Como dicen las compañeras abolicionistas: reglamentar es instituir un mercado de cuerpos femeninos para uso del prostituyente-cliente, que tendrá asegurada la salud y calidad de su mercancía y en beneficio del proxeneta, que continuará lucrando y comerciando con el cuerpo de las mujeres, ahora legitimado, y también de los tratantes, convertidos en abastecedores de los burdeles que pasarán a ser ‘centros de atención’. Lo que logra es perpetuar el sistema prostituyente con todas sus complicidades”, afirmó Caminos a este diario.

Molina recordó que hay muchas ciudades en el país que tienen algún tipo de reglamentación de la prostitución, dado que desde los municipios piden certificados de salud a las mujeres que son inscriptas como “coperas” y que se desempeñan en las whiskerías o bares nocturnos, habilitados localmente.