Vecinos de la Villa 31 fueron duramente reprimidos ayer en dos oportunidades por la Policía Metropolitana, cuando intentaron cortar la autopista Illia y por la tarde la avenida Castillo, en reclamo de subsidios y soluciones habitacionales. “Pasamos un día entero al costado de la autopista Illia, cuando intentamos entrar ya estaba la policía disparando balas de goma, tirando gases y dando palazos”, dijo Matías, un joven que también peleó “el segundo round” a la tarde, cuando fueron demoradas tres personas. Finalmente intervino la Defensoría General de la Ciudad. “Vamos a presentar una demanda judicial contra el gobierno porteño para que normalice y amplíe el pago de subsidios habitacionales a las 250 familias que censamos, hasta que superen la situación de vulnerabilidad social en la que viven”, comentó a este diario la defensora Lorena Castro Feijoo.

Según informó el delegado de la manzana 23, desde hace tres o cuatro meses los subsidios habitacionales que otorga el gobierno porteño a familias con déficit habitacional empezaron a discontinuarse, cancelarse o a reducirse de 900 pesos a 700 o a 600. “Mientras, la urbanización de la villa sigue cajoneada y 30 mil personas esperan que se active, aumenta la pobreza y la población. La gente no tiene plata para alquilar. Se necesitan soluciones definitivas, planes de vivienda como los que prometieron o terrenos para edificar”, dijo el delegado Julián Wald. “Lo que pedimos son respuestas de fondo”, agregó.

La idea de cortar la autopista Illia, coincidieron varios vecinos, estaba “en el aire” desde el fin de semana pasado. “Se ve que estaban enterados los de la Metropolitana. Intentamos entrar volteando los enrejados y en ese momento comenzaron los palos y los tiros. Golpearon a cualquier cantidad de mujeres”, aseguró Matías, parado junto a otros jóvenes en la calle 12, a metros de la avenida Castillo. En ese cruce, pasado el mediodía, hubo otro intento de corte y un enfrentamiento entre vecinos y uniformados, que dejó cuatro agentes heridos, dijeron desde el gobierno porteño.

“Les pedimos que dejaran un carril libre de la avenida. Pero no llegamos a un acuerdo y se procedió a correrlos del lugar. Hay tres personas detenidas por resistencia a la autoridad”, informó a este diario el comisionado de la Policía Metropolitana Daniel Galdame. Los tres detenidos fueron identificados como Alejandro Villegas; Rosana, su esposa, y Silvia, de 17 años, hija de ambos. Por la noche fueron liberados por gestiones de la Defensoría General de la Ciudad. Según advirtieron sus vecinos, la pareja tiene otro hijo de 11 años, que se quedó solo en casa.

Mientras volaban las piedras y los cartuchos con perdigones de goma y pintura, María, la dueña de el bar Los Nietos, fue recogiendo a los niños y niñas que quedaron dando vueltas y refugiándolos en su pequeño restorán. “En el gobierno (porteño) piensan que nuestros pedidos son caprichos, así sea un colectivo para llevar a los chicos al colegio o que vengan las ambulancias. La villa está medio superpoblada porque no se urbaniza y los chicos crecen y necesitan nuevos espacios”, comentó María, que vive y trabaja en la manzana 27.

Lorena Castro Feijoo, defensora en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad, pidió hablar con los vecinos sin ningún tipo acompañamiento policial. Recién habían sido desalojados los manifestantes de la avenida Castillo. Luego de escuchar quejas y gritos, la defensora propuso una salida judicial a la demanda. Cargada con dos celulares y acompañada por una comitiva de asistentes, Castro Feijoo charló con los vecinos y se reunió en el Comedor Mugica con varios delegados y dirigentes de la villa. Acordaron un censo que se realizó esa misma tarde.

La Defensoría General había suscripto un convenio en el 2010, por el que el gobierno porteño se comprometía a entregar subsidios para viviendas, que mayormente se utilizan para el pago de alquileres, a 96 familias de la villa. El año pasado se actualizó y amplió hasta 138 familias. “Ahora son 250. Vamos a presentar un amparo a la jueza Elena Liberatori para que los vecinos, según el caso, reciban subsidios de entre 1200 a 900 pesos. Ellos me cuentan que les vienen prometiendo planes de vivienda, el tema es que no hay nada escrito”, explicó la defensora. La jueza Liberatori, advirtió, debe evaluar la medida y poner plazos acordes a la urgencia que se denuncia.

Desde el principio de la protesta, los manifestantes señalaron al gerente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Alejo Maxit, como el responsable de abonar esos subsidios y facilitar los planes de vivienda. “Alejo estuvo acá tratando de negociar, pero no llegamos a nada, por eso es mejor que lleguemos a una solución judicial, que quede constancia de todo”, dijo Mirta, una de las vecinas.

¿Si el amparo es aceptado y el gobierno porteño no cumple?, se preguntaban varios vecinos. “En ese caso se pueden pedir sanciones, que implican pagar multas por cada día de incumplimiento de la resolución”, explicó la defensora a los interesados.

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