Por primera vez, la Justicia porteña declaró nulo un veto del jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Lo hizo la jueza Alejandra Petrella en el caso de la ley que declaraba al edificio de Gascón 123, propiedad del Estado porteño, afectado a la construcción de viviendas sociales, anulada en enero último. La jueza hizo lugar a la presentación de la asociación civil que representa a los vecinos, habitantes desde hace treinta años de ese inmueble, quienes sostenían que el decreto de veto había sido dictado un día después del plazo fijado por la Constitución de la Ciudad. Al igual que la fiscal Mariana Pucciarello y la asesora titular Mabel López Oliva, la jueza consideró que el veto es “extemporáneo” y por lo tanto “inexistente”. El gobierno puede apelar.

El veto a la ley 4123, que había sido impulsada por la diputada María Elena Naddeo, fue parte de la anulación en masa de leyes que habían sido aprobadas en las sesiones de noviembre y diciembre, muchas de ellas por los propios diputados del PRO. Según Ariel Bernal, uno de los abogados que patrocinan a los vecinos de Gascón, “hay otras seis leyes que fueron vetadas por Macri fuera de término”. Entre ellas, la que crea un registro de cuidacoches.

Las familias de Gascón, respaldadas por ocho legisladores porteños, habían presentado el 12 de marzo, ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, un pedido para que se declare la inconstitucionalidad del veto. En forma simultánea, junto a la asociación civil Idéntica Dignidad, se presentaron en la causa que ya tramitaba Petrella desde septiembre –un recurso de amparo contra el intento de desalojo impulsado desde el Ejecutivo porteño– para pedir que se declare la nulidad del veto.

En ambas presentaciones, los vecinos llevaron pruebas certificadas por escribano público. El texto de la ley, aprobado el 7 de diciembre, ingresó a Mesa de Entradas del Ejecutivo el 2 de enero. Es a partir de esa fecha cuando comienzan a contarse los diez días hábiles que establece la Constitución de la Ciudad. Ese plazo vencía el 16 de enero. Pero el decreto fue firmado el 17.

“Celebramos los avances que se van produciendo, a través de la Justicia, en el reconocimiento de un derecho tan elemental y tantas veces pisoteado o ignorado, como es el acceso a una vivienda digna”, dijo a Página/12 Fernando Muñoz, de Idéntica Dignidad.

El edificio de Gascón 123, ubicado junto a las vías del Ferrocarril Sarmiento, en Almagro, había sido afectado para la construcción de un viaducto sobre el tendido ferroviario, una obra que nunca se ejecutó. Se trata de una construcción sin terminar, que fue ocupada hace treinta años por unas sesenta familias sin vivienda.

Hay varios edificios en la misma situación, pero el gobierno porteño, mientras autoriza el uso precario de algunos de ellos, promovió el desalojo de las familias sin aportar ninguna solución habitacional. Por eso los vecinos presentaron en septiembre una medida cautelar, que fue aceptada por la jueza Petrella. Ahora, la magistrada debe resolver la cuestión de fondo: “Para eso cuenta con un elemento decisivo, una ley aprobada por la Legislatura que está vigente”, dijo a este diario el abogado Bernal.

La ley, impulsada por Naddeo, había sido aprobada en el marco de un acuerdo legislativo por el cual el macrismo obtenía los votos para aprobar la venta de 23 inmuebles, con el fin de recaudar fondos destinados a la refacción del Teatro San Martín. El veto que rompió ese acuerdo, para la Justicia, es nulo.