Desde Río de Janeiro

Lejos de la visión de las organizaciones ambientalistas, que consideran a la Cumbre Río+20 como un retroceso, en el gobierno argentino evalúan que el resultado final, plasmado en el documento difundido el martes, ha sido “un éxito”. “Si comparamos el documento presentado en un principio por Naciones Unidas con el que salió, para los países en vías de desarrollo es un triunfo”, dijo a Página/12 una de las negociadoras por la Argentina, la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, ayer a la tarde, en el pabellón del Riocentro, el salón de convenciones donde se desarrolla la cumbre. Allí, minutos antes, se había inaugurado oficialmente la Conferencia sobre Desarrollo Sustentable, con la presencia de un centenar de jefes de Estado (ver aparte). Cristina Kirchner, que llegó a Río de Janeiro a las 9.50 desde México, estuvo presente para la foto con los mandatarios, pero suspendió su discurso, previsto para las 18, y partió a Buenos Aires, para atender el conflicto generado por el paro de camioneros.

Para los funcionarios argentinos, que el documento final de la cumbre haya sido “lavado” no deja de ser un mérito. “El documento original era parte de una ofensiva de los países ricos para imponer su modelo de desarrollo y limitar el crecimiento de los países en vías de desarrollo”, consideró Révora. “El debate sobre la ‘economía verde’ era otro capítulo en el enfrentamiento del Norte con el Sur”, sostuvo.

El concepto de economía verde apunta a generar una certificación de productos para evaluar si son elaborados mediante procedimientos no contaminantes y respetuosos del medio ambiente. Su introducción en el debate estaba atado al concepto de “gobernanza”, que consiste en la creación de una estructura supranacional que establezca esos parámetros y ejerza el contralor de su cumplimiento.

“Finalmente, el documento final define a la economía verde como una herramienta para el desarrollo sustentable, pero aclara que cada país tiene el derecho soberano de elegir esas herramientas. Exactamente lo que proponíamos desde el G-77 más China”, afirmó Révora.

–¿Por qué si el G-77 tiene mayoría, con 132 países sobre un total de 193, no se atreve a discutir una definición de economía verde de acuerdo con su conveniencia? –preguntó este diario.

–Porque aquí la mayoría no cuenta. No hay votación sino consenso. Y en la discusión se debate con países muy poderosos.

En cuanto a la llamada “gobernanza”, la propuesta de Naciones Unidas también se diluyó. No se crea una nueva estructura sino que se establece que el ámbito de discusión política sobre el tema ambiental quede en manos del Consejo Económico Social del organismo internacional y no en las de su secretario general, a quien los países en vía de desarrollo consideran influenciado por los países centrales.

Mientras la mayoría de las organizaciones ambientalistas considera que el texto que se firmará el viernes es un retroceso respecto de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992, los negociadores argentinos aseguran que se respetó lo esencial de su espíritu: el principio de responsabilidades diferenciadas, pero compartidas, generado en la cumbre de hace 20 años, vuelve a quedar expresado en el último consenso. Esto significa que todos los países comparten la responsabilidad en la preservación del ambiente y la reducción de emisiones, pero es diferente la de los países desarrollados, cuyas industrias vienen degradando el planeta desde hace más de dos siglos, que la de los países emergentes. Ese principio, no obstante, suele ser incumplido por potencias como Estados Unidos.

Organizaciones como Greenpeace, la Red Ambiental o el Foro Los Verdes interpretan que la posición argentina, junto al G-77, en rechazo al debate de una economía verde, es una virtual franquicia para seguir contaminando, con subsidios a los combustibles fósiles y las políticas en favor de la minería. Pero no todos los ambientalistas piensan lo mismo. “Los países ricos ya tienen permiso para contaminar, a través de los bonos de carbono, mediante los cuales les pagan a los países del Sur para continuar con sus emisiones”, dijo a este diario Alberto Croce, de la fundación SES. Para el ambientalista, el debate por el cuidado del medio ambiente debe centrarse en “la necesidad de incorporar cada vez a más gente a una mejor calidad de vida”.