Un legislador porteño intenta evitar que, en dos semanas y un día, el Gobierno de la Ciudad subaste la licitación del Zoológico de Buenos Aires. Para tomar decisiones sobre el destino del lugar, zonificado como Urbanización Parque, explicó el diputado porteño Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico), la administración a cargo de Mauricio Macri debe convocar a la Legislatura, que a su vez debe autorizarlo mediante una ley específica, según lo establecen las normas previas. Por ello, Camps presentó ayer un recurso de amparo para que la Justicia suspenda la subasta pública inicialmente prevista para junio pero reprogramada, por falta de ofertantes, según informaron entonces las autoridades del Poder Ejecutivo local, para el próximo 20 de julio.

“Hay problemas de patrimonio, de defensa de los derechos de los animales, de los concesionarios y los empleados. Es una problemática compleja, no se puede decir ‘vamos a remate y el mejor postor se lo lleva’. Hay que dar respuesta a toda la problemática. Es lo que queremos en la Legislatura”, señaló Camps en diálogo con este diario. El legislador también precisó que las autoridades de las comisiones de Espacio Público y de Ecología tampoco conocían, como el resto de los integrantes del cuerpo, detalles de los pliegos de la subasta.

El pedido de amparo fue presentado en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13, Secretaría 25, de la Justicia porteña. De acuerdo con la Constitución de la Ciudad, el gobierno porteño sólo está autorizado a concesionar obras y servicios públicos por un período que no exceda los cinco años. Todo aquello referido a la concesión de espacios verdes públicos, en cambio, se rige por la ordenanza 46.229, que prohíbe toda concesión de espacios verdes y Urbanización Parque de la Ciudad. Esa ordenanza sólo exceptúa de la exigencia de aprobar concesiones por ley a dos casos específicos: el Jardín Japonés y el Club de Amigos.

La concesión del Zoológico había sido otorgada en 1991 y venció el 31 de enero de 2011. Desde entonces, fue prorrogada hasta tanto se designara un nuevo concesionario. El 7 de mayo de este año, el gobierno porteño informó que llamaba a subasta pública mediante avisos publicados en diarios; recién al día siguiente lo informó en el Boletín Oficial.

“Si el Poder Ejecutivo (porteño) deseaba otorgar una nueva concesión de este espacio, catalogado como Urbanización Parque, era su obligación local enviar un proyecto de ley a la Legislatura” proponiendo modificar la ordenanza 46.229, argumentó Camps ante la Justicia. Porque la decisión del gobierno porteño vulnera “las atribuciones de la Legislatura”, “afecta un espacio público cuyo uso es un derecho de todos los habitantes y ciudadanos de la Ciudad” y porque “la espera de la conclusión del proceso” volvería abstracto el reclamo en caso de que se resuelva luego de la subasta, señala la presentación, es que Camps solicitó que “cautelarmente se deje sin efecto el llamado realizado mediante el decreto 210/2012”.