Legisladores porteños de la oposición promovieron ayer dos acciones contundentes en defensa de la mujer a la que una jueza le suspendió la realización de un aborto no punible. Por un lado, presentaron una denuncia penal contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber vulnerado la reserva de identidad que protege a los pacientes. Por otro, pidieron ante el Consejo de la Magistratura que se investigue a la jueza Civil Myriam Rustán de Estrada –autora de un fallo ilegal– por varios motivos, sobre todo porque su fallo opone nada menos que a una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada que ordenó suspender un aborto habilitado por la ley es cuñada del ex diputado macrista y actual auditor de la Ciudad, Santiago de Estrada, un hombre con estrechos vínculos con el Opus Dei (a quien en círculos políticos se conoce como “El obispo”), según reveló la diputada Delia Bisutti.

Un grupo de legisladores se presentó ayer a la mañana ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional para denunciar a Macri por el delito de violación de los deberes de funcionario público, por haber revelado hechos que por ley deben permanecer secretos (artículo 157 del Código Penal, de protección de datos personales). “También vulnera el artículo 4º de la Ley 153, que resguarda la identidad de las personas que deben someterse a prácticas médicas”, informó el diputado Jorge Selser (Socialismo Auténtico). “Además, desprotege a las víctimas de trata, protegidas por la ley nacional, al difundir datos que permiten establecer dónde está”, agregó Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos).

El aborto no punible suspendido se le iba a realizar a una mujer de 32 años que huyó de una red de trata que la tenía cautiva. Había quedado embarazada como consecuencia de una violación.

La denuncia contra Macri fue respaldada además por los diputados Gabriela Alegre, María José Lubertino, Francisco Nenna y María Rachid (Frente para la Victoria); María Elena Naddeo y Susana Rinaldi (Frente Progresista Popular); Adrián Camps y Virginia González Gass (Proyecto Sur) y Alejandro Bodart (MST).

A la presentación contra la jueza se sumaron Aníbal Ibarra (FPP) y Pablo Bergel (Sur). “La jueza se ha extralimitado en sus funciones y ha incurrido en conductas impropias: ha desconocido un fallo de la Corte Suprema, lo cual la coloca en una situación de ilegalidad, y ha ignorado la actuación del juez Scheibler, que había rechazado in limine el pedido de suspensión del aborto no punible”, dijo Naddeo al anunciar la presentación. La denuncia se hará hoy ante el titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Manuel Urriza. Según el escrito, la jueza “incurre en un exabrupto que supone un mal desempeño de sus funciones”. Los firmantes piden que se analice su conducta y se determine si “es susceptible de una sanción o de la apertura del procedimiento de juicio político”.

“No es casual que la jueza sea cuñada de Santiago de Estrada, un hombre que tiene vinculaciones con Macri y con Bergoglio”, advirtió Bisutti (Nuevo Encuentro) a Página/12. “No es casual que Macri haya difundido la información que permitió la intervención de una organización ultracatólica”, agregó. En la misma línea, Naddeo opinó que “no nos extraña que la causa llegue a esta jueza, después de lo que dijo Macri, que posibilitó la identificación de la mujer y la presentación judicial”.

Macri dijo el miércoles pasado en una cena organizada por la asociación Consenso Republicano, en La Rural, que “el martes” se realizaría un aborto no punible a una mujer víctima de trata, y luego se informó que estaba internada en el hospital Ramos Mejía.

“Al darle publicidad, fue como una advertencia que de aquí en más, quienes se presenten en un hospital por el mismo motivo, pueden pasar por la misma situación”, dijo García Tuñón. “En ese caso, el movimiento de mujeres y las organizaciones sociales y políticas saldremos a defender a esa persona, como hemos salido ahora”, agregó.

Al hacer el anuncio, Macri se había presentado como “el rey del veto”. “Se enorgullece de eso, que no es ningún halago, justo él, que reclama diálogo y participación pero que en los hechos demuestra ser un gobernante autoritario”, concluyó Selser.