El capellán del Hospital Ramos Mejía, Fernando Llambías, cerró ayer con llave la capilla, ubicada en el corazón de ese centro de salud. “El cura está de franco”, dijo para justificar su ausencia un activista “antiderechos” que rezaba como fanático el Ave María, con un rosario en la mano. El hombre, que afirmó ser catequista y formador de novicias, estaba acompañado por otros nueve activistas católicos, que pretendían exorcizar con sus plegarias el escrache al religioso, que se llevaba a cabo a metros de la capilla, convocado por trabajadores y trabajadoras del centro de salud y organizaciones barriales de la Comuna 5. El acto tuvo como objetivo repudiar la misa que días atrás ofició el propio Llambías frente al domicilio de la mujer víctima de trata, que pidió un aborto no punible en ese hospital. Los participantes centraron sus intervenciones en tres consignas: “la separación de la Iglesia y el Estado”, “que los curas salgan de los hospitales públicos” y que el Congreso apruebe una ley de legalización y despenalización del aborto.

La presencia del presbítero del Ramos Mejía en la puerta de la casa de la mujer, junto con activistas católicos, días atrás, buscó “escracharla” y presionarla para que desistiera de su decisión, y generó que la familia de la joven, entre los que estaban sus tres hijos, se enteraran sin que ella quisiera de la situación por la que estaba atravesando. Esa movida, que implicó la violación del secreto profesional y la difusión de información privada de la paciente, puso además en peligro la vida de la mujer, amenazada por las redes de trata que la mantuvieron cautiva en los últimos meses y de donde pudo escapar, embarazada como consecuencia de las violaciones que sufrió en distintos prostíbulos.

“Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, “Nosotros parimos, nosotras decidimos”, “Aborto legal en el hospital”, “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, cantaron frente al hospital, al finalizar el escrache, quienes participaron de la convocatoria. Se sumaron al acto integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la CTA; Mujeres de Nuevo Encuentro, Carta Abierta, Las Rojas, el Frente Nacional de Mujeres K, el Partido Miles (de Luis D’Elía), Apostasía Colectiva, entre otras organizaciones. Los pañuelos verdes, símbolo de la lucha por la despenalización del aborto, abrigaban los cuellos de muchas de las presentes, en un mediodía lluvioso y fresco. “Fuera la Iglesia de los hospitales”, repitieron una y otra vez.

El escrache comenzó en el jardín del Ramos Mejía, a metros de la capilla, que mantuvo sus puertas bien cerradas. La jefa de la Sección de Epilepsia de ese hospital e investigadora del Conicet, Silvia Kochen, señaló que el episodio que vivió la joven que pidió el aborto no punible –suspendido en un primer momento por una medida cautelar promovida por el grupo católico Pro Familia– “muestra cómo algunos profesionales provocan lo que Ulloa denominaba la ‘encerrona trágica’. Donde la tienen que cuidar la descuidan, además de incumplir las leyes vigentes, y la violación del secreto profesional, puesto en evidencia por el cura del hospital, a quien en una caricatura de la Inquisición no le importó poner en riesgo la vida de la paciente ni la de sus hijos”. Kochen agregó que “somos muchos más los que nos solidarizamos con la mujer que requirió asistencia y no la recibió en tiempo y forma, y rechazamos que se vuelvan a repetir situaciones similares”.

Llambías tiene una designación en trámite del gobierno porteño para desempeñarse en el Ramos Mejía, con un sueldo equivalente al de un jefe de sección no médica, que rondaría los 5000 pesos. Todavía no cobra sueldo, pero cuando salga su nombramiento podría recibir los sueldos pendientes en forma retroactiva.

Varias de las presentes llevaban cartelitos autoadhesivos en sus abrigos con una cruz roja que decía: “El cura no cura. La Iglesia fuera del hospital”. La enfermera de Neonatología Silvia Guzmán relató a este diario que “muchas mujeres han quedado destruidas por colocarse objetos punzantes para abortar. Y cuando llegan al hospital para atenderse muchas veces son tratadas mal. No se puede permitir la violencia institucional”. Otro enfermero, Rafael Sepúlveda, hizo referencia a la inequidad en el acceso a un aborto seguro. “El aborto está legalizado para las mujeres que tienen poder adquisitivo, pero no para las que no pueden pagar una intervención segura y terminan muriendo. Hay que reclamar por una ley de aborto”, opinó.

“Hay que trabajar todos los días por el derecho de las mujeres a la salud”, agregó Martha Ferradas, bioquímica y técnica del Laboratorio de Anatomía Patológica, y miembro de la Comisión de la Memoria del Ramos Mejía. Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA Nacional, consideró que la separación de la Iglesia y el Estado “es una de las deudas de la democracia”. Manuela Castañeira, de Las Rojas, afirmó que “la Iglesia no tiene que estar en los hospitales”.