Mar 27.05.2003

SOCIEDAD  › LA GUERRA ENTRE POLICIAS CASI FRUSTRA LA DETENCION DEL CASO MACRI

El clásico Bonaerense vs. Federal

Los federales y la SIDE esperaban de civil al acusado del secuestro de Florencia Macri. Y llegaron los bonaerenses. Les pidieron identificación, los palparon de armas y se las sacaron. Y hasta llamaron más móviles. La jueza Servini ordenó investigar el caso.

En un operativo que pareció planificado por Maxwell Smart, el Superagente 86, la Policía Bonaerense estuvo a punto de frustrar, el 13 de mayo pasado, la detención de Martín Zidar, el único acusado por el secuestro extorsivo de Florencia Macri. La insólita situación fue revelada ayer por la jueza federal María Servini de Cubría en el fallo por el cual decretó la prisión preventiva de Zidar. La jueza calificó de “seria obstrucción” a la Justicia la actuación del personal de la Jefatura Departamental de Morón, que primero les pidió documentos a los hombres de la Federal, luego les hizo levantar las manos, los palpó de armas, se las quitó y las retuvo, a pesar de que ya se habían identificado como policías. El inesperado procedimiento, del que llegaron a participar tres móviles bonaerenses, se desarrolló ante la vivienda donde estaba Zidar, quien podría haberse dado a la fuga ante tamaño despliegue. Por la gravedad de lo sucedido, la jueza envió un oficio a la Secretaría de Seguridad, que será ocupada en las próximas horas por el hoy fiscal Norberto Quantín, para que investigue el caso y tome las medidas administrativas que correspondan.
En el fallo, sobre la prisión preventiva propiamente dicha, poco se agregó a lo conocido sobre la acusación contra Zidar, considerado el cerebro de la banda, contra quien se dispuso un embargo de 2.400.000 pesos. Por el rescate de Florencia Macri se pagaron 755 mil dólares que todavía no pudieron ser recuperados. Zidar fue detenido en la mañana del 16 de mayo, en Morón, en un operativo del que participaron efectivos de Delitos Complejos de la Policía Federal y de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que se movilizaban en dos autos.
Servini dijo en su fallo que el operativo se demoró por “inconvenientes de tipo procesal”, en alusión al trámite de rigor de pedirle autorización al juez federal de la jurisdicción, pero esta vez se sumaron “serias obstrucciones por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires” en el momento clave en que se procuraba “la detención del sospechoso” Zidar. Los grupos operativos de la Federal y de la Side montaron guardia en dos autos particulares, no identificables, estacionados a menos de 20 metros de la vivienda de Zidar. En eso estaban, a las 2 de la madrugada, cuando un patrullero de la Departamental de Morón llegó, se plantó frente al móvil de la Federal, cuyos ocupantes vestían de civil e “hizo descender a sus ocupantes”.
Los efectivos “se identificaron como policías federales y exhibieron sus credenciales”. A pesar de ello, según la jueza, los policías bonaerenses “ordenaron (a sus colegas federales) que levantaran sus brazos, los identificaron, los palparon de armas y les extrajeron las mismas”. Varios minutos después, como hubiera hecho Maxwell Smart con la agente 99, resolvieron convocar “a otro móvil”.
Frente al peligro de que Zidar se percatara de tantos “movimientos inusuales” en las ventanas de su casa, el propio jefe de Delitos Complejos de la Federal, comisario Carlos Sablich, se hizo presente en el lugar para aclarar la cuestión y señalar, en tono imperativo, la inconveniencia del escándalo que se había armado. En forma coincidente con la llegada de Sablich, se sumaron al operativo contra el operativo otros dos patrulleros bonaerenses. “Todos frente a la vivienda por allanar”, insistió Servini, aludiendo al operativo original para detener, en forma sigilosa, al sospechoso del secuestro extorsivo más importante de los últimos tiempos.
“No es ignorado en modo alguno las excepcionales circunstancias de inseguridad que se viven en el país y, especialmente, en el territorio de la provincia”, reconoció la jueza, quien consideró “razonable que, pese a una simple identificación como policías, se quiera tener mayores certezas al respecto”. Sin embargo, Servini aseguró que “lo que no encuentra explicación alguna es el hecho que, al momento de corroborar que eran funcionarios federales, incluso haber tenido que convocar al lugar al jefe de ellos, es que se hayan sumado más patrulleros provinciales”. La jueza puntualizó que eso provocó “un despliegue que, a conciencia, podían provocar el fracaso total de la medida judicial dispuesta, con el grave daño en el desarrollo de este proceso por la obstrucción producida en la labor de quienes estaban auxiliando a este tribunal”. Por todos esos motivos, Servini consideró que hubo “serias obstrucciones” por parte de los policías de la Departamental Morón y que es necesario que la Secretaría de Seguridad de la Nación investigue el caso y tome las medidas disciplinarias que considere necesarias.
En el fallo se dijo que Martín Ricardo Zidar, de 31 años, tuvo un rol “preponderante” en el secuestro de Florencia Macri, de 19 años, hija del empresario Franco Macri. Entre las pruebas, mencionó que la voz del acusado fue identificada en grabaciones telefónicas. Florencia afirmó que “sin duda” se trataba del secuestrador que se hacía llamar “José”. Franco Macri, por su parte, consideró que “indudablemente” la voz de Zidar era la del hombre que se comunicó con él para negociar el rescate, que finalmente se pactó en 750.000 dólares.
De la resolución se desprende que Mauricio Macri, hermano de Florencia, denunció el secuestro de su hermana el 1º de mayo, dos días después del hecho, ocurrido en el barrio porteño de San Telmo. Mauricio Macri relató que su padre había recibido un llamado con el pedido de un rescate de un millón y medio de dólares. Un día después, Franco Macri recibió la orden de ir al baño de un “local nocturno” de Panamericana y Márquez, donde se le dejó un sobre con las indicaciones que llevaron al pago del rescate y a la liberación de Florencia.
A partir de la denuncia, los investigadores siguieron las llamadas que hacían los secuestradores y todos los movimientos ocurridos a partir de entonces. En el fallo se precisó que el monto pagado fue de “755 mil dólares”. El dinero fue dejado “en un campo de trote de la localidad de Hurlingham”, confirmó la jueza.

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