El Congreso dio anoche el primer guiño al Gobierno nacional con la media sanción al paquete de leyes antisecuestro, que estaba frenado en ambas Cámaras legislativas desde hacía nueve meses. Ayer, y a sólo 72 horas de gestión, el nuevo Gobierno consiguió debate, tratamiento y consenso. Diputados aprobó el bloque de reformas al Código Penal que incluye el endurecimiento de penas y crea la figura del arrepentido para los casos de secuestros extorsivos. El Senado, en tanto, dio media sanción a las modificaciones del Código de Procedimiento Penal, que transfiere la conducción de las investigaciones de estos casos a los fiscales federales. Ese es uno de los puntos más complicados de la serie de reformas propuestas: los jueces federales sospechan que se trata del primer recorte de atributos sobre una avanzada que puede seguir adelante. La aprobación se logró tras la gestión realizada el martes por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, con los presidentes de ambas Cámaras.
El bloque de leyes propuesto por la comisión Arslanian quedó dividido en dos partes el año pasado, por una decisión del entonces presidente Eduardo Duhalde. Uno de los paquetes se envió al Senado y el otro a Diputados. Las propuestas de modificación del Código de Procedimiento Penal son de alto calibre y ayer los senadores le dieron la aprobación y el pase a la Cámara baja. Entre los puntos sobresalientes, la reforma plantea:
u Para las causas en las que se investigue alguno de los delitos encuadrados en la figura de secuestro extorsivo (artículos 142 bis y 170 del Código Penal) o en aquellas que se tramiten en forma conexa, “la dirección de la investigación quedará a cargo del Ministerio Público Fiscal desde el inicio de las actuaciones hasta la conclusión del sumario, con noticia al juez competente en turno”.
u Un segundo aspecto relevante es la territorialidad. La modificación al artículo 132 bis prevé que “cuando se encontrase en peligro la vida de la víctima o la demora en el procedimiento pudiese comprometer seriamente el éxito de la investigación”, el juez o el fiscal a cargo “podrán actuar en ajena jurisdicción territorial”. Podrán ordenar a las autoridades de prevención las diligencias pertinentes y deben “comunicar las medidas dispuestas al juez del lugar”.
Los fiscales también podrán ordenar allanamientos cuando tengan “sospechas fundadas de que en una casa o local se encuentra la víctima de una privación ilegal de la libertad y corra peligro”, aunque deberán estar en el lugar. Bajo las mismas condiciones de un juez, “podrán ordenar escuchas o registros de las comunicaciones del imputado o de quienes se comuniquen con él”.
Para los hombres de la comisión Arslanian, esta serie de modificaciones tiende a acelerar los tiempos de las investigaciones. Por eso, por ejemplo, incorporaron en el proyecto opciones de “comunicaciones electrónicas” o de “firmas electrónicas” para los procedimientos. Pero aunque estas reformas convencieron a los hombres de la comisión e incluso a los diputados y senadores que la integraron, no fueron bien recibidas ni entre los menemistas ni entre los jueces. La propia María Romilda Servini de Cubría mantuvo reuniones con distintos senadores hasta un día antes de la votación. Está convencida de que el andamiaje judicial, tal como está, funciona correctamente. Esa misma línea mantuvo Jorge Yoma, uno de los dos justicialistas que votó en disidencia en Comisión y ayer se abstuvo. “Yo voté en disidencia –le decía anoche Página/12– porque en lugar de crear una solución estamos creando un problema.” El riojano considera que la reforma es “inconstitucional” porque está superponiendo dos tipos de competencias sin prever una reforma completa del Código de Procedimiento Penal, tal como ocurrió en la provincia de Buenos Aires donde los fiscales llevan adelante la instrucción. “Son cláusulas controvertidas desde el punto de vista procesal”, insiste Yoma. En ese sentido, los disidentes creen que de aquí en más se abrirá una suerte de combate de poderes entre jueces y fiscales. Buena parte de estos temas entrará a la agenda de la Cámara baja en los próximos días. Ese será el ámbito donde ahora serán discutidas las reformas. Margarita Stolbitzer, la diputada del ARI que formó parte de la comisión, está convencida de que las críticas son atendibles: “Yo voy a apoyar el proyecto, pero aún así considero de que tendremos que tener algo más de cuidado porque hay garantías a resguardar y la figura de los jueces, que no puede excluirse”.
En Diputados, mientras tanto, se aprobó una reforma al Código Penal que prevé una penalidad diferente en los casos en los que se produce la muerte de la víctima: si es intencional, la condena prevista es de reclusión perpetua; en cambio, si se da como un efecto no querido, en un accidente por ejemplo, la condena será de 15 a 25 años. El proyecto también crea el Fondo Permanente de Recompensa para quienes pudiesen aportar datos durante la investigación y la figura del “arrepentido”, en una versión mejorada a la que había sido aprobada en octubre del año pasado y aún sigue con media sanción. “Se limita la posibilidad del beneficio a los que tienen responsabilidad menor en la organización”, explica Stolbitzer. De ese modo, la ley pretende excluir al jefe de la banda que pretenda beneficiarse delatando a sus subordinados.