Todavía diez provincias no dictaron protocolos para la atención de los abortos no punibles, tal como exhortó la Corte Suprema casi un año atrás. Tampoco el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, firmó una resolución para darle mayor jerarquía –como le pidió el máximo tribunal– a la guía elaborada en 2010 durante la gestión de su antecesor, Ginés González García, ni abordó el tema en el Consejo Federal de Salud, que reúne a todos los ministros del área del país. Esta situación pone en disparidad de posibilidades de acceder a un aborto no punible a mujeres de distintas provincias, justamente lo que pretendió subsanar la sentencia de la Corte. Consultadas por Página/12, dos especialistas evaluaron que en jurisdicciones con normativas, a partir del fallo mejoró la atención de los abortos no punibles y en algunos hospitales aumentó la demanda. Pero al mismo tiempo, señalaron la necesidad de que se implementen campañas oficiales de difusión para que todas las mujeres conozcan que tienen derecho a la interrupción de un embarazo ya sea si es producto de una violación o si su salud o su vida corre riesgo.

“Habría que hacer campañas para que las mujeres que son candidatas a un aborto terapéutico reciban asesoramiento y atención. Así se evitarían muertes maternas, que vemos que están aumentando, por lo que se conoce como causas obstétricas indirectas, es decir, cuando la mujer tiene una patología de base que se complica con el embarazo, como cáncer, lupus, enfermedades inmunológicas. Esas mujeres mueren o quedan con secuelas gravísimas. Y son candidatas a un aborto no punible, pero tal vez no saben que pueden pedirlo”, dijo a este diario la médica Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y del Conicet, cocoordinadora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva e integrante de la Comisión Asesora Gineco-Obstétrica, de la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil, del Ministerio de Salud de la Nación. Romero advirtió que falta un relevamiento oficial en todo el país para evaluar cuántos abortos no punibles se están haciendo, y si se están rechazando casos. De todas formas, indicó que por relevamientos informales tiene información de que la demanda creció en algunos hospitales porteños sobre los que tiene datos. “Pero seguramente se están haciendo muchos menos abortos no punibles de los que deberían hacerse para proteger la salud de las mujeres”, agregó. En la provincia de Buenos Aires, la atención es desigual: en algunos hospitales se sigue el protocolo vigente y en otros directamente se niegan a realizar la intervención, indicó Romero.

Las provincias que no acataron el fallo de la Corte son Mendoza, San Luis, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca, Santa Cruz y San Juan. En cambio, las más cumplidoras de la sentencia son Santa Fe, Jujuy, Tierra del Fuego y Chaco, que han adoptado como protocolo por resolución ministerial o ley provincial la guía elaborada por la Nación (a la que Manzur se resiste a darle status de resolución). Chubut tenía una norma previa a la sentencia, que se adecua al fallo. Y también Río Negro sancionó una ley que lo respeta. Otras provincias, como Salta, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén y la ciudad de Buenos Aires, lo obedecen en forma parcial, ya que han impuesto mayores requisitos para la atención que los que marcó el máximo tribunal. Las restricciones en el acceso a los abortos no punibles que impuso el gobierno de Mauricio Macri en la CABA quedaron sin efecto a partir de un recurso de amparo. En otras jurisdicciones, como Córdoba y Santa Fe, grupos antiderechos recurrieron a la Justicia para obstaculizar la atención.

En su sentencia, la Corte Suprema confirmó que cualquier mujer que resulta embarazada en una violación tiene derecho a interrumpir esa gestación y se le debe brindar la atención sin dilaciones, sin exigirle una autorización judicial ni la intervención de un comité interdisciplinario ni otro trámite que demore la práctica, más que una declaración jurada que dé cuenta del hecho violento. Además, exhortó a los gobiernos nacional y provinciales a implementar protocolos de atención, para garantizar el acceso, que tengan la mayor jerarquía normativa posible.

Aunque la ausencia de un protocolo no debe ser una traba para realizar las interrupciones legales de embarazo, en muchas jurisdicciones la falta de una normativa clara “ha dado lugar a la inaccesibilidad sistemática de la práctica”, señala un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en el que analiza la implementación del fallo en el país. De ahí la importancia de llevar adelante campañas de difusión del derecho que tienen las mujeres a un aborto no punible, coincidieron Romero y la activista por los derechos de las mujeres y secretaria de Género de la CTA que responde a Hugo Yasky, Estela Díaz. Hace pocos días, en La Rioja, una niña de 12 años, abusada sexualmente, dio a luz mellizos en un hospital de la capital provincial, tal como informó oportunamente este diario. No está claro si se le ofreció la posibilidad de interrumpir la gestación. La Rioja adoptó como protocolo provincial la guía del Ministerio de Salud de la Nación. En algunas provincias, como La Rioja y Jujuy, las autoridades sostienen que ya han adherido a la guía de Nación, pero los protocolos no se han difundido entre los profesionales de la salud, y menos, entre las mujeres que acceden a servicios de ginecología y obstetricia.

–El fallo de la Corte fue absolutamente claro –respondió Estela Díaz–. El sector salud debe garantizar el acceso a una práctica que está absolutamente permitida y lo debe hacer sin dilaciones ni excusas, haya o no haya protocolo. De todas formas, a partir de la sentencia de la Corte, observamos que en muchas provincias hay un avance muy significativo en el cumplimiento de los abortos no punibles. Esto ocurre por dos razones, por un lado porque el sector salud fue adquiriendo mayor seguridad para poder cumplir con la ley vigente, pero también porque las mujeres tienen más conciencia de sus derechos. No siempre el silencio en estos casos supone omisión. Mi experiencia de participación en debates con el sector salud muestran que hay mucha más conciencia respecto del tema, menos reparos y las dudas ya están planteadas en torno del alcance de la causal salud. Sin embargo, también hemos visto hechos como los que ocurrieron en Tucumán unos meses atrás, donde se estaba haciendo una capacitación sobre la guía de abortos no punibles con profesionales del Ministerio de Salud de la Nación y grupos fundamentalistas agredieron a los participantes y no dejaron que se realizara la actividad. Creo que el gran desafío es aislar esas actitudes intolerantes y antidemocráticas, para garantizar algo que es tan sencillo como un derecho a la salud de las mujeres.

–Sería muy importante que el Ministerio de Salud de la Nación dictara una resolución para la implementación de la guía, además de tratar el tema en el Consejo Federal de Salud. Allí están todos los responsables de salud de las provincias. Y se podría definir un plan de trabajo para mejorar la calidad de atención en los abortos no punibles, que claramente es responsabilidad de cada provincia. También la difusión de este derecho es fundamental. Es sencillo, puede hacerse con afiches y cartillas de información en los hospitales y centros de salud. Así como se realiza con el dengue, la gripe u otras enfermedades, debería realizarse una amplia campaña de difusión.