“Me encantaría que abriéramos este año el debate de la despenalización del aborto en el Congreso”, señaló la diputada kirchnerista y médica María Elena Chieno, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Chieno proviene de una de las provincias más reaccionarias frente a este tema, Corrientes, donde el gobernador radical Ricardo Colombi firmó en 2011 un insólito decreto que la declaró como “Provincia Pro-Vida” y que establece como política de Estado “la defensa de la vida desde el momento de la concepción”. En los fundamentos, la normativa liga explícitamente al Estado provincial con la Iglesia al dejar en claro que el decreto responde a un reclamo de instituciones católicas e intermedias que se expresaron en contra de la despenalización del aborto.

–En la mayoría de las provincias que se han negado, o por lo menos han hecho “oídos sordos” a la determinación emanada de la Suprema Corte sobre los abortos no punibles, rigen gobiernos muy emparentados, o mejor dicho, muy dependientes del poder del clero, que se manifiesta a través del poder mediático y de injerencias directas de la Iglesia en el poder político. Son en esas provincias, coincidentemente, en las que su sociedad se caracteriza por una doble moral, por un lado acatan las decisiones de la Iglesia y a espaldas transgreden permanentemente. También esas provincias son las mismas que se negaron u opusieron más resistencia para poner en práctica la ley de educación sexual. Creo que también hay que considerar las decisiones personales de los profesionales de la salud, aun no creen que no pueden ser castigados por estas acciones, aun tienen temor de poner en peligro sus matrículas, aun pretenden que un juez o alguien más, sea quien sea, pero otra persona, no ellos, sean quienes se hacen responsables de esa acción. Desde siempre me llamó la atención cómo los colegas médicos necesitaban que algún otro se haga responsable de sus actos, como cuando pretendíamos hacer una ligadura de trompas, aunque no fuera necesario y holgaran los motivos, ellos querían que un juez les firmara el expediente.

–Me encantaría; yo pretendo que aunque sea comencemos a preparar, en las provincias, consultorios de disminución de riesgo; creo que es el primer paso, Uruguay lo hizo y les ha dado un resultado excepcional, pudiendo, al cabo de unos años llegar a la despenalización total.

–Mi postura con respecto a la despenalización es favorable totalmente; a pesar del mandato tan fuerte de la Iglesia en mi provincia, yo representé a un porcentaje de mujeres que son coincidentes con este pensamiento. La penalización del aborto sólo condena a las mujeres más pobres, las que no pueden pagar un sanatorio privado. En mi larga trayectoria como médica y legisladora he conocido casos de aborto, pero nunca he visto un caso en el que un médico sea juzgado por hacerlo. ¿Quiénes son las víctimas principales? Las mujeres pobres, que no pueden pagar un aborto seguro.

–Apoyo la despenalización porque estoy convencida de que esto no aumentaría la cantidad de abortos que ya se están haciendo. Por el contrario, con buena consejería y asistencia post-abortos como una buena anticoncepción, bien aplicada y controlada, bajaría el número de casos. Y sin ninguna duda bajaría el número de muertes por esa causa.

–Creo que en todos los casos en los que se mezclan conductas con consecuencias en la salud, la educación es la clave. Educación equivale a educación de los padres también para que sean capaces de orientar a sus hijos, ayudarlos a ser conscientes de la trascendencia de la pater-maternidad, ayudándolos a asumir responsabilidades que les permitan elegir la oportunidad, con quién y cuántos hijos quieren tener. El Estado no puede estar ausente en esta tarea y debe asumir la parte que le corresponde. Los ministerios de Salud y de Educación deben trabajar de manera coordinada y sin dejar de lado a la comunidad educativa, las familias, la sociedad. Un embarazo no deseado, un hijo no deseado, duplica el riesgo de muerte infantil prematura.