El ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal, acusó al CELS y a la Comisión Provincial por la Memoria de haber suspendido la ley de excarcelaciones que impide la liberación de detenidos con armas de fuego ilegales o que intentaran eludir a la policía. Casal fue secundado por el diputado hipersciolista Guido Lorenzino, con el mismo discurso. La CPM respondió a ambos que se trata de “argumentos falaces y peligrosos, un intento de manipulación de la opinión pública: para que no le reclamen sus responsabilidades inexcusables apelan a echarle la culpa a un tercero”. También el diputado de Nuevo Encuentro Gabriel Graña cuestionó a Casal y la política de seguridad de Scioli; mientras que el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, aclaró que “no se enviará Gendarmería porque lo que ocurrió es responsabilidad del intendente de Junín”.

Como señaló este diario ayer, la incongruencia en el discurso sobre la seguridad/inseguridad tanto distorsiona que llega a ocultar que la víctima del asalto, Karen Campos, intentó defenderse con una pistola eléctrica a instancias del dueño del local, más acostumbrado a esas lides, ya que pertenece a la Bonaerense.

Ayer, el diputado del hipersciolismo Guido Lorenzino, utilizando el mismo argumento del tero, apuntó hacia fuera cuando subrayó que “el gobernador Scioli mandó una ley, nosotros en la Legislatura conseguimos el consenso necesario y la Comisión por la Memoria y el CELS se presentaron en la Corte y esa ley está suspendida”. Lorenzino se refería a la ley 14.434 del sciolismo, mediante la cual se impide la excarcelación de todos aquellos detenidos por la Bonaerense con armas ilegítimas o pretendiendo eludir la acción policial. La Suprema Corte consideró suficiente el argumento para suspenderla mientras analizaba la cuestión de fondo.

La CPM respondió a las declaraciones de Casal y Lorenzino: “Pura demagogia que busca esconder los efectos reales de la política de seguridad del gobierno de Scioli que profundizó la ‘mano dura’. Bajo estos mismos argumentos, en los últimos años se impulsaron más de treinta reformas procesales que sí están vigentes y que demostraron a las claras no mejorar la seguridad ciudadana ni bajar la violencia. Es falso que esta medida sea la solución a la preocupación social por el uso de armas de fuego”. Y completó: “Las armas circulan porque el mercado ilegal está protegido y controlado por las mismas autoridades policiales”. Recordar el Informe Candela, de la Bicameral, en la que la Bonaerense quedó seriamente vinculada con el narcotráfico, el control de la investigación fiscal y la desviación de información a los medios, y que su jefe, Hugo Matzkin, fue defendido por Daniel Scioli al día siguiente, puede servir de ayudamemoria.

El secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, aclaró que la Gendarmería no será enviada a Junín. Lo que ocurrió en esa ciudad, dijo, “es responsabilidad del Ministerio de Justicia bonaerense y por consiguiente del gobernador Scioli”.

“Esto es lo que pasa habitualmente en la provincia de Buenos Aires, desde lo que es la gestión de Casal y estos años de desgobierno policial con el gobernador Scioli”, denunció Gabriel Graña (NE). Marcelo Saín, de la misma bancada, dijo que “Meoni le reclama al gobierno nacional, pero guarda silencio sobre los negocios de la Policía Bonaerense con los delincuentes de Junín”.

Si se pretende averiguar por qué Casal y Lorenzino lanzaron sus acusaciones, se tiene que: la protesta fue contra una comisaría que depende de Casal; la comisaría está ubicada a 80 metros del crimen; el intendente Meoni reconoció que los delitos eran cometidos por juninenses; Meoni reclamó sin éxito la intervención (palos) de la Gendarmería; los itakazos los repartió la Bonaerense; la Bonaerense depende de las políticas de Scioli/Casal.

Después vinieron Casal y el hipersciolismo para hervir la sangre e insuflar vindicta apuntando, contra la Justicia y los organismos de DD. HH.