Implementar un mecanismo que, más allá de las potestades del jefe comunal, permita a la sociedad civil realizar un seguimiento directo, diario y obligatorio de las acciones de la policía. Esa es la exigencia que al menos la mitad de los pobladores de Arequito se aprestaba a incorporar anoche, durante una asamblea convocada en la disco Arena, al primer petitorio popular, nacido el miércoles 18 al calor de la pueblada que desató el asesinato de Luis Cignoli. El hecho de que las autoridades provinciales hayan decidido remover no sólo al comisario Rogelio Piccione, sino también a todo el cuerpo de oficiales no aquietó las aguas. Tampoco la presencia de efectivos de Gendarmería, que los reemplazan temporariamente.
Carlos Núñez, el imputado por haber acuchillado (“con dos puñaladas certeras en la región hepática”, declaró una médica forense la noche del miércoles en un noticiero del Canal 3 de Rosario) al custodio de Arena el domingo por la noche, se encuentra preso en Rosario. Jorge Bled, a quien los pobladores sindicaban como cómplice, se encuentra en libertad (aunque no ha regresado a Arequito), puesto que, tal como afirmó el fiscal del caso, Juan Carlos Curto, no había sido imputado sino “demorado” en calidad de “testigo”. La noticia no cayó bien en este pueblo de siete mil habitantes que, además de persistir en el reclamo de expulsión de Núñez, Bled y otro hombre de apellido Allende, se propone cambiar de raíz una estructura institucional que, acusa, es la que brinda protección incondicional a un puñado de personas a cambio de contar con ellas para disponer de su propia red de mano de obra.
En Arequito, los murmullos que siguieron al enfrentamiento entre pobladores y policías durante toda la tarde del lunes dejaron de desvanecerse como rumores callejeros para tomar cuerpo en denuncias que nadie teme hacer, siempre y cuando se permita el anonimato del colectivo. El petitorio elevado el miércoles al presidente comunal Julio Vidosevich, los diputados provinciales Jorge Alvarez y Ariel Ugalde, el senador provincial Abel Brunetti y el ministro de Gobierno provincial, Carlos Carranza, en el cual se exigía a las autoridades el compromiso de asegurar “el control de la delincuencia y una mayor seguridad en la localidad, el control sobre la policía y su accionar” y un mayor “presupuesto de los recursos para la seccional de policía” dejó disconforme a más de la mitad de la asamblea que se reunió en la última marcha. Mientras continúan reclamando la expulsión de Bled, Núñez y, en menor medida, Allende, los debates en el pueblo se orientan a organizar una estrategia que permita transformar la estructura de poder tal como se sostiene hasta ahora.
La decisión de la jueza Silvia Noguera de considerar como testigo y no como cómplice, tal como pedían los familiares y amigos de Cignoli, a Jorge Bled corrió de boca en boca a lo largo del día. En el pueblo no se habla de otra cosa. Se escucha: “No es estúpido, sabe que si viene lo matamos”; se lamenta: “La policía tenía que haber dejado que el lunes –durante la pueblada— lo matáramos. Ellos se quedaban tranquilos, el pueblo se quedaba en paz y listo”; se espera ansiosamente a que el ministro Carranza vuelva a pisar el edificio de la comuna para atender a los nuevos reclamos, y se confía poco en los pasos de la Justicia.
La noche cae tarde. Arequito despierta temprano para iniciar sus rutinas de calles llenas de bicicletas, perros callejeros y autos que no usan alarma ni bocina. Sin embargo, recién eran las diez de la noche cuando empezaba la asamblea. El pueblo prefiere dormir unas horas menos. Está en alerta.