“No hay un argumento válido para seguir penalizando la tenencia de drogas para uso personal.” El que lo dice es Martín Vázquez Acuña, juez del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de la Capital Federal y uno de los autores de Las drogas, entre el fracaso y los daños de la prohibición, que se presenta hoy en la Facultad de Derecho de la UBA. Junto con Horacio Cattani, Elías Neuman, Antonio Escohotado y Silvia Inchaurraga, entre otros, Vázquez Acuña plantea en el libro un abordaje diferente sobre la cuestión de las drogas, a partir de la despenalización de la tenencia para el consumo y de un acercamiento del usuario de drogas al sistema de salud, utilizando herramientas como la reducción de daños. “No podemos ser pacatos en esto –sostiene el juez–: tenemos que salvar la vida de estos chicos. En modo alguno vamos a evitar que los jóvenes sigan consumiendo imponiéndoles una sanción.”
“¿Cómo es posible que aún se pretenda resolver la cuestión de los tóxicos sólo o principalmente con represión? –se pregunta Eugenio Zaffaroni en el prólogo del libro–. Aquí están los datos que muestran no sólo el fracaso de este camino, sino la potenciación de todos los males que los tóxicos pueden acarrear y además los que genera una represión inútil, contraproducente e increíblemente corrupta.”
Vázquez Acuña es uno de los que propone un sendero alternativo y aquí lo explica.
–Usted plantea la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo. ¿Cómo la implementaría?
–Significaría volver a la vieja normativa, la 17.567, curiosamente es una ley de Onganía, en la cual solamente se penalizaban las conductas involucradas en el tráfico o suministro de estupefacientes. Cuando las conductas implican tenencia para uso personal, directamente se las desincrimina. Es decir, se trata de derogar el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.737. Aclaremos que una cuestión es la despenalización de la tenencia de droga para uso personal y otra es legitimar el tráfico. Hay gente que tiene posturas más amplias.
–¿Por qué cree necesaria la despenalización?
–Lo que es cierto es que no hay un argumento válido para seguir penalizando la tenencia de droga para uso personal. Primero porque penalizarla maximiza los daños: etiquetamos a los jóvenes como delincuentes. Muchísimos tribunales federales de la Capital están archivando las causas, ya sea por la atipicidad de la conducta, por el escaso monto de la sustancia u otras situaciones. Lo real es que mientras tanto, mientras llega al juez, ese chico es introducido al sistema penal. Es un chico que, por ejemplo, se mete en una comisaría en Rosario o en la provincia de Buenos Aires con personas que están esperando juicio o con un tipo de delito mucho más grave: a ese joven se lo pone en riesgo.
–¿Qué debería hacer frente a ellos el Estado?
–A esos jóvenes deberíamos acercarlos al sistema de salud. El mismo secretario del Sedronar, Wilbur Grimson, ha señalado en un libro que la coerción nada aporta a la recuperación del usuario. Lo que se ha hecho es alejar a los jóvenes del sistema de salud, porque al considerárselos “delincuentes” se clandestinizan. El sistema de salud es identificado como un sistema de control, en cada hospital encontramos a un policía en la puerta. Ellos entienden que al entrar a un hospital pueden ser detenidos. Es el sistema el que tiene que salir a buscarlos, en vez de esperar que lleguen a la puerta.
–El planteo implica que el sistema de salud se haga cargo. ¿Pero de qué manera?
–Las formas de intervención son variadas. En estos tiempos de incremento de la pobreza, de la exclusión y la marginalidad, vemos que los chicos están consumiendo más pegamento. O más pasta base. O que incorporan más sustancias espurias a la cocaína. Desde ya que no estamos proponiendo el consumo de nada, lo que tratamos de pensar es cómo garantizamos el derecho a la salud protegido por nuestra Constitución.
–¿Y cómo se pone en práctica? ¿Sirven los tratamientos?
–Cualquier intervención lo que busca es la abstinencia. Ahora ¿cómo llegamos a ella? Los médicos forenses han señalado que el tratamiento compulsivo ha fracasado en la Argentina, hay gran cantidad de reincidencias. También en mi experiencia personal, con la gran cantidad de jóvenes que transitan por mi tribunal, vemos que efectivamente tienen una larga trayectoria en comunidades terapéuticas e institutos de menores, donde siguen consumiendo. Mientras sigan consumiendo, no podemos desconocer su derecho a la salud. Se pueden implementar para ellos medidas de reducción de daño. El Sedronar dictó una resolución abriendo esta posibilidad en el 2000 y ya hay campañas de distribución de jeringas en Rosario, Buenos Aires y la Capital. Pero en Mendoza hubo un caso llamativo. El Plan Provincial de Drogas implementó un programa para reducir daños en el uso de la marihuana. Habían constatado un 12 por ciento de intoxicación por uso de marihuana y se planteaban formas de consumirla que no intoxicaran, en cuanto a la utilización, la mezcla, las cantidades. Era una campaña focalizada a los usuarios, no dirigida a toda la población, un programa oficial en que el Estado se comprometía con el derecho a la salud. Pero hubo una denuncia y se detuvo.
–Alguien dijo que fomentaban el consumo.
–La campaña estaba dirigida a reducir un daño, no puede pensarse jamás que se estaba promoviendo la utilización ni elogiando la naturaleza de la sustancia. Es básico en derecho penal: toda acción tendiente a reducir un daño o evitar un riesgo no puede entenderse como tendiente a producirlo. No podemos ser pacatos en esto: tenemos que salvar la vida de estos chicos. En modo alguno vamos a evitar que los jóvenes sigan consumiendo imponiéndoles una sanción. Acaba de salir una estadística sobre el aumento del consumo que muestra que las estrategias han fracasado.
–En su planteo no hace una distinción entre tipos de droga.
–No, porque el que más necesita tratamiento, el que más necesitamos que se acerque, es aquel que consume sustancias que producen más daño a la integridad física. Sería absurdo despenalizar sólo las llamadas drogas blandas, implicaría que un gran sector de la población sigue estigmatizado y no se permite su integración al sistema de salud.
–¿Cuál es la actitud en la Justicia hacia una propuesta como la suya?
–Yo creo que hay una actitud positiva. Se está entendiendo el fracaso de la coerción como medio de solucionar un conflicto tan importante.
–Sin embargo, cada vez que surgen estos temas se genera una gran polémica. ¿Cree que es viable en este momento un abordaje de este tipo?
–Yo no soy político y no quiero hacer ese tipo de análisis político. Pero sí veo que cada vez hay más personas con un hijo o un sobrino que ha tomado contacto con las drogas. Ello lleva a pensar que tal vez el estereotipo vaya cambiando.