La Justicia investiga si en la División Asuntos Jurídicos de la Policía Federal existió una organización que manejaba los juicios contra agentes de esa fuerza de seguridad, previa aceptación de dinero en forma irregular. La causa se inició a partir de varias denuncias anónimas recibidas por el Ministerio de Seguridad y está a cargo del juez de instrucción Juan Ramos Padilla. El magistrado investiga si el oficial que estaba a cargo de esa área brindaba asistencia jurídica a efectivos de la fuerza haciendo figurar casos de abusos policiales como “actos de servicio”.

La denuncia menciona a personal involucrado en casos resonantes: Cromañón, la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y “la causa donde murieron Kiki Lezcano y Esteban Blanco, asesinados por un policía federal, cuyos cuerpos aparecieron meses más tarde enterrados como NN”, señalaron los voceros.

El principal investigado es el comisario Marcelo Pecorelli, quien fue denunciado por el propio Ministerio de Seguridad por los presuntos delitos de “exacciones ilegales, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y violación de los deberes de funcionario público”. Pecorelli fue puesto en disponibilidad por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y luego reubicado en otra función, revelaron a Página/12 fuentes de esa cartera.

Un anónimo recibido en ese ministerio, a partir de lo cual se formalizó la presentación, advirtió sobre una serie de presuntas irregularidades que el uniformado pudo haber cometido aprovechando su cargo y las relaciones personales e institucionales cosechadas en su carrera. Pecorelli se desempeñó como subdirector de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal. “Se le atribuye pedir sumas de dinero a cambio de que la dirección en la que se desempeñaba representara al personal policial en causas penales en las que se encontrasen imputados”, revelaron fuentes judiciales a la agencia DyN.

“A cambio de esa suma de dinero, Pecorelli, abusando de su cargo, encuadraría el hecho como realizado ‘en y por actos de servicios’, requisito indispensable para que la División de Asuntos Jurídicos policial asuma la representación del personal, independientemente de que el acto haya sido realizado o no en ejercicio de las funciones o del cumplimiento de los deberes y obligaciones del estado policial, conforme se desprende de la normativa legal prevista a tal efecto”, se lee en el expediente judicial.

La denuncia, firmada por la viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reseña que Pecorelli –quien además de policía es abogado– “derivaba a su estudio jurídico particular todas las causas que no encuadrarían en aquellas que podían ser patrocinadas por la División de Asuntos Jurídicos”.

“Se lo acusa de haber ejercido la profesión de abogado involucrándose en causas penales cuando ello está prohibido por ser incompatible con sus funciones policiales”, se indicó. Pecorelli no firma en esos expedientes, pero según los primeros pasos de esa investigación, contaría con la colaboración de al menos otros dos abogados, un hombre y una mujer, para que formalmente lleven adelante las causas, añadieron las fuentes.

“Se denunciaron también supuestos actos de connivencia con jueces para obtener sentencias favorables”, se indicó.

Como apéndice de la labor desarrollada por su estudio jurídico, “se le reprocha también solicitar dinero a otros estudios para acelerar las causas por reclamos salariales que tramitasen en la División Asuntos Jurídicos en los que la Policía Federal es parte demandada. Dicha maniobra la habría podido llevar adelante por haberse desempeñado en ese rol”, añade la causa. “De igual modo, habría obligado al personal de la División Asuntos Jurídicos a trabajar en su estudio particular”, sostiene la acusación, que incluso suministra nombres y apellidos de empleadas policiales, una de las cuales “habría recurrido de manera administrativa para evitar seguir desempeñándose en la dependencia a cargo de Pecorelli”.