El crimen de un chico de 16 años, Bladimir Matías Garay, baleado el sábado pasado en La Plata, determinó la presentación ante la Suprema Corte bonaerense de un pedido de investigación de una seguidilla de asesinatos semejantes de adolescentes, todos perseguidos en los papeles o en las sombras por la Bonaerense, lo que ya indica un registro de alarma. Algunas muertes fueron justificadas como enfrentamientos por las autoridades policiales, sin que la Justicia iniciara una investigación (sobre las actividades del brazo armado de la ley); otros, simplemente aparecieron fusilados en descampados, sin que se sepa (ni se quiera saber) quién o quiénes participaron en esos crímenes. Una especulación no lejana a la historia reciente trabaja sobre la existencia de escuadrones parapoliciales de la muerte, tal como se comprobó en la zona de Don Torcuato. Un fiscal platense ya llevaba adelante una investigación al respecto. Otra posibilidad planteada es que grupos de vecinos armados hayan tomado justicia por mano propia. La denuncia, realizada por Julián Axat, quien fue defensor oficial de todos los casos presentados, busca determinar responsabilidades tanto directas por los crímenes, cuanto por abandono previo del Estado.

La denuncia es gravísima, porque se trata de chicos de entre 17 y 11 años, y peor porque esas muertes están naturalizadas. De hecho, son conocidas por la Justicia, pero inmunes a sus investigaciones, si es que son investigadas. El texto de Axat sostiene que “desde hace menos de un año a la fecha, en esta ciudad de La Plata, han venido ocurriendo distintos hechos que tienen como víctimas a niños-adolescentes, quienes han sido víctimas de homicidios de características muy similares”, y registra:

- El caso de Maximiliano De León, de 14 años, ocurrido el 1º de agosto de 2012, con IPP (Investigación Penal Preparatoria, investigación que inicia una fiscalía) 28548-12.

- La IPP 48275-12, por homicidio de Franco Quintana, de 16, ocurrida el 27 de diciembre pasado.

- El crimen de Lucero Axel, también de 16 años, ocurrida el 27 de febrero pasado, y en la que Axat sostiene que “no se advierte existencia de IPP en la base del SIMP La Plata”, que es la base de datos de la Procuración General bonaerense. Es decir, el asesinato de un adolescente que pasó de largo para la Justicia.

- La muerte de Rodrigo Simonetti, de 11 años, ocurrida el 6 de junio de 2012, en la que tampoco hay registrada investigación fiscal alguna.

- El homicidio de Omar Cigarán, de 17, ocurrida en La Plata el 14 de febrero pasado con la investigación IPP 5860-13.

- Y la IPP 19834-13, que investiga el crimen de Bladimir Garay, de 16 años, ocurrida en La Plata el 19 de mayo pasado, que fue la que determinó finalmente la presentación de la denuncia.

Axat sostiene que en menos de un año se sucedieron seis crímenes de niños que guardan características similares: son muertes violentas; se trata “de niños y adolescentes marginales atendidos por esta defensoría” (Nº 16 del Fuero Penal Juvenil platense); ocurridos en la misma zona geográfica; y “existe algún grado de participación o relación policial”. El caso de Bladimir (con B, al menos le dejaron el nombre sin correctivos) Garay es presentado por Axat como el que permite “una ilación” de los otros. Garay participó aparentemente en un “raid delictivo ingresando –más tarde– con una bala (de la que no se sabe la procedencia) al Hospital de Niños falleciendo en forma inmediata, sin ninguna explicación”, señala en el texto Axat.

Como patrones comunes en los hechos denunciados, todos los casos tenían “antecedentes en la Justicia Penal Juvenil”, en la que Axat fue defensor de la mayor parte de ellos. En todos los casos hay un “fracaso evidente de medidas de protección o seguimientos pautadas por la propia Justicia Penal o Civil o de Familia”, lo que el denunciante denominó “historias de muerte anunciada”, citando al juez de la Corte Eugenio Zaffaroni. “En todos los casos existían antecedentes de un circuito de ingresos a seccionales policiales de esta ciudad de La Plata, por presuntas infracciones penales, permanencían en una comisaría por un tiempo, y traslado a los Servicios de Protección de Derechos de la órbita de Infancia”, señala el escrito.

Determina además que “pertenecen a las mismas zonas: Villa Elvira y Aeropuerto (Garay, De León y Lucero); Cigarán y Simonetti (Tolosa); es decir, ámbitos de la comisaría 8ª y de la comisaría Tolosa 6ª.

Y ocurren “en circunstancias confusas, con participación de civiles o de las fuerzas de seguridad en actos de servicio o fuera de ellas, bajo la etiqueta de ‘enfrentamientos’ (Cigarán o De León) y supuesta ‘legítima defensa’ (Quintana). Hay casos en los que se desconoce el autor del homicidio, pues los cuerpos aparecen en descampados (Rodrigo Simonetti), o bien ingresan a hospitales en grave estado de salud (Bladimir Garay)”.

Sugestivamente, Franco Quintana había denunciado hostigamientos de la Bonaerense. También Omar Cigarán había presentado hábeas corpus por hostigamiento policial, ambos casos publicados por este diario. Axat cita 16 presentaciones por hostigamiento en el caso de Cigarán. Y está claro que nadie denuncia a la Bonaerense para darse chapa. En el caso de Maximiliano De León, 24 causas abiertas en su contra por la Bonaerense en menos de dos años dan la pauta por sí mismas de una persecución con final escrito. La denuncia sostiene, además, que “en la mayoría de las causas judiciales”, la investigación fiscal de hostigamiento no muestra avances significativos y “las personas directamente implicadas (policías) recuperan la libertad de inmediato una vez que realizan su descargo (legítima defensa o cumplimiento del deber)”. Para colmo, no se cumple la resolución de la Procuración General, que ordena a los fiscales apartar a la Bonaerense de las investigaciones. Es decir, los fiscales y jueces aceptan que la Bonaerense se autoinvestigue.

Agrega además que durante 2011, el fiscal platense Rubén Sarlo denunció ante la Fiscalía General de La Plata la posible existencia de vecinos o parapoliciales preparados para ejercer justicia por mano propia.

Además, la denuncia avanza sobre los “aspectos anteriores a los crímenes, “la responsabilidad que les cabe a los organismos encargados de Niñez y Adolescencia –ausencia de protección debida como servicio–, posición de garante del Estado” y refirió la serie de presentaciones realizadas por su defensoría ante los órganos del Estado responsables de la Niñez y Adolescencia, sin que eso se haya reflejado en contención de ningún tipo.

En pocas palabras, el Estado se les ausenta desde que nacen, y entre 11 y 17 años después los mata porque no son reclutables.

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