A un mes del operativo que terminó con la represión de pacientes, trabajadores y periodistas en el Hospital Borda, se desconoce quién dio la orden de disparar contra las personas que manifestaban en el lugar; al menos cinco denuncias penales se tramitan en juzgados nacionales por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, contra el jefe de Gobierno y tres de sus ministros; en la Legislatura, los bloques opositores respaldan un proyecto de organizaciones sociales del Borda para que, por ley, sólo se pueda construir en los terrenos del hospital infraestructura destinada al sistema de salud pública. Y los trabajadores convocaron para el viernes a una Multisectorial en oposición a la construcción del Centro Cívico (o Distrito Gubernamental) en esos terrenos.

Mañana se cumple un mes de la irrupción de la Policía Metropolitana en el hospital, para respaldar la demolición de un edificio donde los internos hacían tareas de rehabilitación, vulnerando una orden judicial. En los terrenos del Borda que dan a la calle Perdriel todavía yacen los escombros producidos por la demolición, incluidos los restos de chapas de fibrocemento, que contienen asbesto (un material contaminante), que quedaron tiradas cuando el gobierno decidió suspender el operativo. “Ahora la ministra de Salud (Graciela Reybaud) planteó la instalación de un cerco perimetral para sacar los escombros”, dijo a Página/12 Marcelo Frondizi, delegado de los talleres protegidos y secretario adjunto de la CTA de Hugo Yasky. “Las comisiones internas resolvimos permitir el vallado, pero sólo para el retiro de escombros y el relleno del sótano del taller que demolieron y monitorear el retiro del asbesto.”

En la Legislatura, después de la interpelación al ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, y del informe de su par de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, los legisladores opositores esperen que el PRO convoque a la ministra Reybaud. La responsabilizan por no haber adoptado precauciones para poner a resguardo a pacientes internados y ambulatorios que estaban en el hospital en el momento del operativo. De acuerdo con la denuncia del asesor tutelar Gustavo Moreno, cinco pacientes resultaron heridos y otros 17 sufrieron trastornos como consecuencia de la violenta intervención policial dentro del hospital.

“Estamos preocupados porque no vimos una autocrítica del Gobierno de la Ciudad, no plantearon ninguna revisión de las políticas de seguridad ni mandaron el protocolo que dicen que tiene la Metropolitana para casos de manifestaciones”, enfatizó María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular).

“Que en un mes no se haya podido saber quién ordenó la represión y establecer la responsabilidad de los que dirigieron el operativo cuando está todo filmado, es porque no les interesa”, opinó el diputado Rafael Gentili (Proyecto Sur), uno de los denunciantes en las causas penales.

“Es vergonzoso que en el ámbito legislativo se dé por cerrado el tema: el PRO entendió que enviando dos ministros para justificar lo injustificable el círculo estaba cerrado”, dijo María José Lubertino (FpV), quien reclamó la convocatoria a una comisión investigadora de los hechos ocurridos el 26 de abril. Lubertino también inició una denuncia penal.

Hasta ayer no se había informado sobre la puesta en disponibilidad o desplazamiento de efectivos que actuaron en la represión, algunos de ellos disparando a quemarropa y otros inclusive provocando a los manifestantes, como el que invitaba a los trabajadores a que “traigan más gente porque trajimos un montón de municiones”, según consta en una denuncia judicial. Página/12 consultó acerca del resultado de la auditoría iniciada por el Ministerio de Seguridad, pero aún no recibió respuesta.

En cuanto al proyecto para que los terrenos del Borda se utilicen exclusivamente para instalaciones del sistema de salud, fue presentado por organizaciones sociales y dispositivos de salud mental que cumplen funciones en el hospital, que esta semana recibieron el apoyo de la gran mayoría de los bloques opositores.

“Necesitamos 31 votos para que se apruebe esta ley y ya logramos el compromiso de los legisladores para llegar a ese número. Pero el proyecto fue girado a la Comisión de Planeamiento Urbano, donde tiene mayoría el PRO y es difícil que sea tratada para llegar al recinto”, dijo a Página/12 Débora Baldomá, voluntaria que trabaja en el emprendimiento Pan del Borda, del que participan unos veinte pacientes por día en tareas de rehabilitación.

El proyecto establece la prohibición de que en el predio delimitado por las avenidas Ramón Carrillo, Amancio Alcorta y las calles Perdriel y Brandsen se realicen “obras del denominado Centro Cívico o Distrito Gubernamental” que promueve el gobierno porteño.

En los terrenos que pretende afectar el gobierno se encontraba el taller protegido demolido en tiempo record, la mañana del 26 de abril, y aún sobrevive una cancha de fútbol que utilizan los internos para recreación. Esos terrenos fueron cedidos por el Ministerio de Salud a Desarrollo Urbano, para la construcción del Centro Cívico, en un acto cuestionado pues no fue tratado por la Legislatura. Los diputados también deberían aprobar un cambio de uso para esa parcela. “Pero el macrismo aplica la política de los hechos consumados”, dijo Lubertino.

El proyecto fue elaborado por organizaciones como Pan del Borda, la Asociación Civil La Colifata, el Frente de Artistas del Borda, la Agrupación La Cueva, la Asamblea en Defensa de lo Público y la Asociación Civil Cooperanza, entre otras.

Los trabajadores de ATE también harán su aporte el viernes, cuando lancen en el Comedor Los Pibes, de La Boca, la Multisectorial No al Centro Cívico, que entre otros objetivos se propone “la reconstrucción del taller protegido demolido por decisión de Macri”, informó Frondizi.

El delegado, junto a otros seis trabajadores de los talleres protegidos, está imputado en un sumario iniciado por la Procuración. “No sabemos de qué se nos acusa porque la causa está bajo secreto de sumario. Pero creemos que es una represalia por nuestra defensa del hospital.”