Violines, chelos, violas, contrabajos, clarinetes, flautas, trombones y trompetas. Todos suenan al unísono. Como si fuera un verdadero recital. El objetivo, sin embargo, ésta vez no es artístico. Sino simplemente hacerse escuchar por las autoridades. Las Orquestas Infantiles y Juveniles de la ciudad de Buenos Aires continúan reclamando, luego de un año y medio de haberse iniciado el conflicto, frente al “vaciamiento” del programa por parte del gobierno porteño. Supresión de subsidios, precarización laboral, reducción de la cantidad de viandas y la no implementación de una decena de nuevas orquestas prometidas por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, son los principales reclamos de los docentes a cargo del programa.

El conflicto surgió en diciembre de 2011, en coincidencia con la creación de la Subsecretaría de Equidad Educativa, a cargo de María Soledad Acuña, dependiente de la cartera de Educación porteña, a quien los trabajadores responsabilizan del “vaciamiento”. “Nosotros hasta ese momento veníamos trabajado muy bien, como lo veníamos haciendo desde hace 15 años en la Ciudad. Nos llama la atención la manera en que el gobierno porteño dilata este conflicto. La intencionalidad es vaciar el programa, generar un avasallamiento sobre nuestro proyecto para reemplazarlo por otra cosa, y compartimos esta desgracia con otros proyectos socioeducativos que también están siendo intervenidos por la subsecretaria”, explicó a Página/12 Adriana Wechsler, delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

El programa, que cuenta con 16 orquestas sinfónicas, está destinado a los sectores de menos recursos y su objetivo es generar un marco de inclusión pedagógico a través de la música. Del mismo participan 1700 chicos de la Ciudad de entre 6 y 18 años que cursan a contraturno en establecimientos educativos públicos ubicados en las zonas más carenciadas de la Ciudad: Flores Sur, Villa Lugano, Villa Soldati, Mataderos, La Boca, Constitución, Barracas, Balvanera y Retiro. En total, son 245 los docentes a cargo del proyecto.

“Se trata de un programa pensado para devolver derechos que fueron vulnerados por el simple hecho de haber nacido en barrios carenciados. La metodología de trabajo que tenemos tiene que ver con la enseñanza grupal e individual con el objetivo de generar la reinserción social y educativa de un montón de chicos que el sistema educativo expulsó”, indicó Wechsler. De los 245 docentes, 210 fueron designados como interinos, en cumplimiento de la ley 3623, sancionada en 2010, que garantiza la estabilidad de los trabajadores de los distintos programas educativos. 35 docentes quedaron en febrero de este año afuera de esa designación. “De ser contratados, los trabajadores socioeducativos logramos en 2010, antes de que Acuña fuera nombrada, pasar a ser interinos, que es un grado de estabilidad laboral importante. Quedamos así enmarcados en el Estatuto del docente. Pero luego nos enteramos que faltaban 35 compañeros”, sostuvo la delegada. La situación actual, explica Wechsler, es que, luego de “presiones” y “movilizaciones”, quedan todavía por designar doce trabajadores.

La intención de la Subsecretaría y el Ministerio de Educación, a cargo de Esteban Bullrich, sería generar “una gestión asociada en donde las orquestas estén vinculadas a ONG amigas, que no pertenezcan a la escuela pública, con docentes contratados y fuera del Estatuto”, sostiene la delegada.