Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social porteño realizaron ayer un paro de 24 horas y cortaron el carril del metrobús mano a Retiro, a la altura de la avenida 9 de Julio y México, en reclamo del pase a planta permanente del personal tercerizado y contratado. Según denunciaron, más de un tercio de la cartera trabaja bajo estas modalidades, lo que redunda en una precarización de las políticas públicas. En tanto, desde la cartera hablaron de “una negociación en curso” llevada adelante por el Ministerio de Hacienda y el de Modernización.

“Reclamamos un aumento de emergencia y que se recategorice a los 1600 trabajadores precarizados. Los que están en planta permanente cobran un salario de 7 mil pesos mientras que los que tienen contrato de locación o tercerizados cobran cerca de 3400 y realizan las mismas tareas”, afirmó en diálogo con Página/12 el delegado Mariano Skliar.

El gremialista explicó que hay programas que dependen enteramente de esta mano de trabajo. “En algunos dispositivos, como Hogares, el ciento por ciento de los trabajadores está precarizado, con contratos de locación y no cobran aguinaldo, ni vacaciones, ni licencias, tampoco tienen ART. Además hay más de un centenar de trabajadores tercerizados de ONG y universidades.”

Por su parte, la legisladora Virginia González Gass (PSA) contó lo que vio en los hogares de niños. “En los Centros de Primera Infancia (CPI) hay personas que vienen por convenio con una universidad y la universidad les paga el salario mínimo mientras que hay contratados y gente de planta haciendo el mismo trabajo. O sea que conviven tres sistemas salariales. Los conveniados y contratados no tienen vacaciones ni aguinaldo y el contrato se les renueva cada seis meses. Esto es típico de la política de Macri: a igual trabajo, desigual salario.”

Sin embargo, Skliar sostuvo que los perjudicados no son sólo los trabajadores sino que se precarizan las políticas públicas. “Los trabajadores capacitados se van con su conocimiento o se ven obligados a tener dos o tres trabajos con el desgaste que eso conlleva. Si un psicólogo atiende a un chico por consumo de pasta base y a los tres meses tiene que cambiar de trabajo imaginate cómo repercute eso en el tratamiento.”

“Hay gente que trabaja con violencia familiar que está por convenios con una universidad. Cobran 1900 o 3 mil pesos y cuando tienen la oportunidad de irse, se van. Así los chiquitos tienen que trabajar con distintas personas. O sea, las familias tienen que trabajar la reinserción con gente desconocida”, añadió González Gass.

El delegado criticó además el modelo de “emergencia e institucionalización” en las políticas sociales del macrismo. “Sólo atienden la emergencia y buscan la institucionalización de los menores, lo cual va en contra de la Constitución y las leyes. No se preguntan por qué hay gente en situación de calle cuando hay una crisis habitacional, una falta de inserción laboral y desalojos compulsivos. La política social tendría que estar para la promoción de derechos y la protección integral de la población.”

Skliar denunció que el Ministerio de Modernización “les exige a las demás carteras que manden gente de planta permanente a un supuesto programa de capacitación ProCaM (programa de capacitación y movilidad) que dura cerca de un año” y aseguró que “el único fin que tiene es sacar a gente que reclama o defiende los derechos de los trabajadores para después reubicarla en otro lado”. “Es una herramienta de persecución”, afirmó.

Los trabajadores hicieron un “ruidazo” ayer a las 10 frente a Desarrollo Social para que los recibiera la ministra Carolina Stanley pero, como no obtuvieron respuesta, después de las 15 cortaron el carril del metrobús mano a Retiro en 9 de Julio y México. Finalmente, cerca de las 17 se retiraron después de que les aseguraran que el lunes se van a reunir con un representante del Ministerio de Hacienda.

“He hablado del problema con Stanley y Guadalupe Tagliaferri, encargada de los hogares, e insisten en que no es una decisión de ellos sino que viene de Economía y Modernización”, aseguró González Gass.

En tanto, fuentes de Desarrollo Social dijeron a este diario que había “una negociación en curso” con los trabajadores.

Informe: María Julieta Rumi.