La Iglesia advirtió que “persisten la represión y violencia contra los pueblos originarios”, tras el crimen brutal de una adolescente qom en Chaco, y denunció demoras e incumplimiento de leyes para favorecer la propiedad de la tierra de estas comunidades. El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen alertó sobre “la gravedad de la indefinición en materia de tierras indígenas como origen de desalojos, represión e incluso muertes de miembros de pueblos originarios”. La Pastoral Aborigen denunció que a 7 años de sancionada la ley que ordena relevar los territorios indígenas, sólo se finalizaron los expedientes del “12,5 por ciento” de las comunidades del país, pero se utilizó “el 76 por ciento” del presupuesto de 60 millones de pesos asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “A este paso harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”, aseveró en un informe extenso y crítico sobre la aplicación de las leyes aborígenes. De acuerdo con el relevamiento, la mayor gravedad en los retrasos se da en Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén.
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