Con la idea puesta en “reducir drásticamente los índices de delincuencia, cueste lo que cueste, porque eso es lo que pide la gente”, el gobernador bonaerense Felipe Solá, envió cinco proyectos a la Legislatura provincial, entre ellos uno que otorga facultades a los fiscales para realizar allanamientos “en caso de urgencia” sin autorización del juez de Garantías y otro que habilita a las fuerzas federales –Gendarmería y Prefectura– a intervenir en la jurisdicción “con las mismas atribuciones” que hoy sólo tiene la Policía Bonaerense, como hacer detenciones o cacheos en la vía pública. Las otras medidas apuntan a que los fiscales de la Justicia ordinaria puedan intervenir en casos de drogas, aunque después la causa tenga que pasar a los tribunales federales, y las ya anticipadas que apuntan a que los jueces de paz puedan intervenir en causas penales y a endurecer las normas para disponer la clausura definitiva de desarmaderos o locales de venta de autopartes que carezcan de habilitación legal.
Las medidas anunciadas por Solá recibieron ayer las primeras críticas, antes de su tratamiento formal en la Legislatura. “Solá va a terminar siendo lo mismo que (Aldo) Rico y (Luis) Patti. No se hacen cargo ni de la corrupción ni de la violencia que genera la desigualdad y pretenden resolver el problema de la inseguridad violando las garantías de los ciudadanos”, afirmó la candidata radical a la Gobernación bonaerense, Margarita Stolbizer, quien rechazó la idea de darles facultades especiales a los jueces de paz y a los fiscales. Stolbizer advirtió sobre la posible “inconstitucionalidad” de las medidas anunciadas, ya que “debería tratarse de una ley y no de decretos”. Además, Solá “tendría que haber convocado al Consejo de Seguridad de la provincia” antes de hacer los anuncios.
Fuentes judiciales recordaron a Página/12 que “hace tres años”, la Procuración de la Suprema Corte bonaerense envió a la Legislatura un proyecto para ampliar las facultades de los fiscales “en el mismo sentido que lo hace ahora el gobernador Solá”. Esa iniciativa comenzó a trabajarse un año y medio después de la reforma judicial bonaerense, introducida en diciembre de 1998, al advertirse inconvenientes prácticos que frenaban la actuación fiscal. “La autorización de un allanamiento, por parte del juzgado de Garantías, puede demorar hasta cinco días, situación que torna virtualmente inútiles a muchos de los procedimientos”, aseguró la fuente.
Solá anunció el contenido de los decretos durante el acto de entrega de 420 patrulleros, en presencia de la cúpula de la Policía Bonaerense y los jefes de las departamentales de Seguridad. El gobernador fue acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, quien ayer declaró en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de la Bonaerense comisario Alberto Sobrado, dado de baja porque no pudo justificar el origen de 330 mil dólares que tenía depositados en un banco del exterior. El caso es investigado por el fiscal Daniel Urriza.
En el marco de las medidas para mejorar la seguridad, el Gobierno dispuso el reemplazo de los jefes de seis de las 11 comisarías de Mar del Plata. Los designados son los comisarios Marcelo Fagundez, en la comisaría 1ª del centro; Carlos Navas, en la 3ª del puerto; Hernán Lostanau, en la 8ª de Batán; Edgar Aller, en la 9ª de Playa Grande; Alejandro Romeu, en la 10ª de Tribunales, y Jorge Pereyra, en la 11ª del barrio Belgrano. Los cambios eran esperados porque el intendente marplatense, Daniel Katz, presentó duras quejas a Cafiero por el accionar de la fuerza en su ciudad. La crisis en Mar del Plata provocó primero el relevo del jefe de la Departamental comisario Alejo Romualdo Díaz y su reemplazo, durante tres días, por un “interventor”, el comisario Carlos Pérez, jefe de Narcocriminalidad e Investigaciones Complejas. Pérez hizo un diagnóstico de situación y lo elevó al ministro Cafiero, quien luego puso en funciones al nuevo jefe, comisario Miguel Celedonio Presa.
En el acto de ayer en La Plata, Solá admitió que “hay una enorme presión sobre el sistema de seguridad” y eso demanda “respuestas rápidas para que la gente vuelva a sentirse protegida”. Solá insistió en que irá “a fondo en el enfrentamiento de la delincuencia”. Por eso justificó que los 2000gendarmes y prefectos que patrullan las calles de la provincia tengan “las mismas facultades que la Policía Bonaerense, por lo que podrán requisar, concretar detenciones y hacer cacheos a personas”. Sostuvo que “actuarán bajo el Código de Procedimiento para no tener problemas con la Justicia”.
En el mismo sentido, los jueces de Paz, que funcionan en 130 distritos, “podrán intervenir en causas penales” ordenando “allanamientos y detenciones para que los pueblos se sientan más protegidos, ya que la policía podrá acudir a estos magistrados”. A su vez, los fiscales penales podrán ordenar allanamientos sin autorización de los jueces en casos de “suma necesidad y extrema urgencia”. También estarán autorizados a tomar “denuncias preventivas” por tráfico de estupefacientes y luego elevar la denuncia “a los jueces federales”. El gobernador aclaró que los cinco decretos “deberán tener el aval de la Legislatura provincial” dado que “es la única forma que tengan fuerza de ley”. “Les pido a los legisladores de las dos cámaras que me acompañen en esto”, pidió Solá, quien ayer se reunió con los bloques del oficialismo.
En el acto, Solá también dirigió algunas exigencias al personal policial presente. “Sepan que están respaldados, pero también sepan que no habrá razón que se pueda convertir en excusa para no cumplir con su deber”. Para el gobernador “es una necesidad que la gente vuelva a sentirse protegida” y que “vuelva la eficiencia a la comisaría, porque cuando es eficiente un comisario, en el barrio de la comisaría hay tranquilidad”.