Por Fernando Maroto *

La actual intervención federal de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires constituye el fin de un proceso político de graves desaciertos, que en materia de seguridad pública, ha soportado la provincia desde hace largo tiempo.
Y si bien en principio debe estimarse como altamente positiva la firme decisión del Gobierno nacional de producir las transformaciones de fondo en la materia, no podemos en modo alguno soslayar la preocupación que significa el reconocimiento acerca de la incapacidad del gobierno provincial para combatir con eficacia el avance de la delincuencia en la provincia de Buenos Aires.
Por ello la cuestión consiste en observar si este importante acontecimiento ha de significar el comienzo de profundos cambios en materia de política de seguridad y Justicia, o bien si se trata tan sólo de operativos de mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las calles con la finalidad de aliviar el temor y la tensión social que viven los ciudadanos bonaerenses.
En principio, se ha difundido la existencia de un plan de seguridad que abarcaría varias medidas de importancia, una de ellas referida al control acerca del patrimonio de altos jefes policiales, a partir de la situación del ex responsable máximo de la fuerza policial, que debió renunciar ante el ocultamiento de una cuenta bancaria en el extranjero, circunstancia que habría dado origen a una investigación en torno al supuesto de enriquecimiento ilícito del funcionario.
Es posible que este proceso de acentuar el control patrimonial de los funcionarios policiales provoque una mejoría en la conducción de la fuerza; sin embargo, debe destacarse que este proceso no ha sido del todo genuino, ni ha surgido de una autodepuración, o de alguna marcada iniciativa del Gobierno sino de una investigación periodística de una revista de actualidad, que obligó a iniciar presurosamente su investigación y la decisión de remover de inmediato al jefe policial.
Creo, en definitiva, que sin perjuicio de las medidas anunciadas, cuyo resultado se podrá observar a medida que se vayan instrumentando, lo cierto es que lo importante ha sido la mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, brindando de tal modo un principio de alivio a los ciudadanos.
Sin perjuicio de ello, estimo que no se aprecian síntomas de una firme decisión de enfrentar las verdaderas causas del colapso que sufre la seguridad pública de la provincia.
En efecto, los anuncios del gobierno provincial dan cuenta de un proyecto de otorgar mayores facultades a los fiscales, esto es, la posibilidad de decretar detenciones y allanamientos, sin necesidad de intervención de los jueces.
Esta decisión significa la profundización de la reforma procesal, no obstante el evidente y notorio fracaso tras casi cinco años de vigencia (99 por ciento de ineficacia), en la cual el traspaso o delegación de la investigación a manos de la Policía por parte de los fiscales, el sometimiento de la defensa a la voluntad del fiscal, la deformación del juicio oral, el avance del pseudo juicio (abreviado) y la contradictoria situación del fiscal en juez y parte, constituyen algunos de los gravísimos errores que muestra el Código, y que han llevado a los niveles altísimos de ineficacia del sistema, generando de ese modo las condiciones favorables para el avance de la inseguridad pública que padecemos.
A esta errática política en materia judicial, de exclusiva responsabilidad del gobierno provincial, debe sumarse la incertidumbre acerca del fuero de menores, atrasado y de espaldas a la realidad frente al auge de la delincuencia juvenil, cuya legislación aún no sido definida, no obstante largos años de debate y estudio. Asimismo, la atribución de competencia a los jueces de paz en materia de allanamientos y detenciones constituye otro grave error, por diversos motivos, cuya explicación excedería los límites de la nota, pero que en principio tienen que ver con el sentido común.
Creo, en definitiva, que el gobierno provincial elude enfrentar y debatir esta realidad, porque tal decisión lo llevaría inexorablemente al reconocimiento que la reforma procesal fue una aventura política decretada sin discusión ni debate, imponiendo un cambio injustificado en la instrucción penal, sin antecedentes en la justicia provincial, cuyo costo –700 millones de dólares– contribuyó junto a otros gastos faraónicos de esa época, a la quiebra del Estado provincial.

* Juez de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de San Isidro.