“En las cárceles argentinas muere una persona cada 38 horas. Esto pasa porque, entre otras cuestiones, la Justicia es incondicional a la tortura y la muerte”, dijo Abel Córdoba, fiscal titular de la flamante Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) creada por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, durante una entrevista con Página/12. Córdoba relató las acciones del flamante organismo que en cuatro meses generó actuaciones que nunca antes había movilizado la Justicia y describió las condiciones de vida de los presos en las cárceles como “infrazoológicas: si hubiera animales, la sociedad y las organizaciones de defensa de los animales no lo tolerarían”. La Procuvin lleva adelante causas como la desaparición de Luciano Arruga, el ataque de la Metropolitana en el Borda, las cadenas de la cárcel de Córdoba o el hacinamiento en la cárcel de Mendoza.

–¿Cuál fue el motivo de la creación de la Procuvin?

–Dentro de la política que implementó la procuradora general Gils Carbó, el primer trabajo fue determinar aquellas materias en las que había que reforzar la actividad fiscal por respuestas deficientes del sistema judicial o por la gravedad de los hechos. En violencia institucional tenemos los dos factores, las respuestas deficientes a una vulneración de derechos humanos constante y masiva.

–¿A qué se refiere con masiva?

–Que afecta a decenas de miles de personas. La población total de personas detenidas en el país es de más de 60 mil, quizá sea de 65 mil personas. A disposición de la Justicia federal hay alrededor de 14 mil. Tomando en cuenta lo que sabemos sobre la realidad carcelaria, torturas, vulneración de todos los derechos, no vemos una respuesta judicial acorde.

–¿Cómo es que funciona el mecanismo que sostiene la vulneración?

–Son crímenes que funcionan con una legitimación, se supone que son la consecuencia del funcionamiento institucional, que para que la cárcel funcione, necesariamente va a avasallar derechos y eso está justificado, que para que la policía haga procedimientos enérgicos para cumplir sus fines va a tener que avasallar derechos. Esa primera legitimación tiene que ver con una institución que está cometiendo crímenes, la penitenciaría, la policía o la Justicia.

–¿Qué tipo de crímenes son los que detectaron durante sus intervenciones?

–Como dice Zaffaroni, hoy tenemos la pena de pasar un determinado tiempo en prisión a lo que se le suma una pena de muerte aleatoria. De las 60 mil personas detenidas sabemos ya que de acá a un año van a morir trescientas personas. No sabemos cuáles ni habrá sustento legal para seleccionarlas. Hoy mandar una persona a la cárcel implica la pena de privación de libertad, de privación del sistema de salud, la de exclusión del sistema educativo, el sometimiento a torturas, y todo ese contenido de la pena es ilícito.

–¿Trescientas personas en un año?

–En el sistema nacional muere una persona cada 37 o 38 horas.

–¿Incluye todas las jurisdicciones?

–Todas las personas encerradas en el país.

–Es decir, trescientas condenas a muerte sin existir la condena a muerte. ¿Son muertes violentas o por desatención?

–Hay de todo, el modo de producir la muerte es la omisión de todo. Es encerrar a una persona y no permitirle el acceso a ninguna asistencia. Hay personas que mueren por una infección de una muela, no las atienden y terminan muriendo de una causal propia del siglo XIX, o por tuberculosis; y también está la consecuencia directa del gobierno penitenciario que son los suicidios. En los espacios de encierro, lejos de poder ser considerados un fenómeno individual propio de la conducta de la persona que decide matarse, es parte de la presión penitenciaria.

–Al recorrer los lugares de detención, ¿con qué se encontraron?

–Constatamos que las condiciones son infrazoológicas. Si hubiera animales, la sociedad y las organizaciones protectoras no tolerarían que estuvieran en esas condiciones. El límite de la violación de derechos es la resistencia biológica de las personas, lo dicen los propios médicos penitenciarios. No se mueren todos porque son jóvenes, y el cuerpo les aguanta. Es el único respaldo que hay, el único paraguas.

–Y no viene dado por el Estado.

–No viene dado por la legalidad, se muestra como componente de la democracia incompleta que tiene estos dos grandes nichos pendientes, lo policial y lo penitenciario, y lo judicial, que es incondicional a las muertes y las torturas.

–¿Podría ampliar esto que menciona como los nichos pendientes de la democracia?

–Si constatamos la dinámica policial, por ejemplo, en algunos hechos donde hay muertos, donde hay situaciones que indican que hay responsabilidad de la fuerza (policial) o que son consecuencia de un hostigamiento previo que deriva en una desaparición, se trata de resabios de una dinámica ilegal de la fuerza que lleva décadas y que ya son compatibles con la democracia. Ya no hay que sacar la cuenta de cuántos años de democracia hace que esto ocurre, porque ya está demostrado que a 30 años de democracia eso no se corrige. Puede funcionar igual, la fuerza puede tener conductas ilícitas constantes sin que sea incompatible con la democracia, con lo que requiere de un abordaje distinto. En las cárceles pasa lo mismo. Ahora, si esa cifra de una muerte cada 38 horas, que es una cantidad escandalosa, se duplicara no parece que el sistema judicial reaccionaría porque tiene una posición de incondicionalidad con esa violencia. Por eso, el Ministerio Público tiene que intervenir.

–¿Por qué cree que se produce esa incondicionalidad?

–Tiene que ver con la legitimación. Son sectores sociales criminalizados, la dificultad de ver a esas personas que la Justicia encarcela como víctimas, se supone que son victimarios, y aun cuando sean víctimas de tortura, no se toma en cuenta su palabra. En Reconquista pasó (Página/12 publicó el caso en abril y mayo pasados), el juez dio por probado el discurso policial y desconfió de las víctimas. Quedaron detenidas las víctimas, por el discurso de la policía, y no los policías, porque no se le dio entidad a la palabra de las víctimas. También estamos trabajando mucho en sacar los casos de la excepcionalidad, porque cuando vemos un video de torturas, la primera reacción oficial es considerarlo un hecho aislado, una manzana podrida, y eso permite no hacerse cargo de que se trata de una dinámica institucional constante, y aparece como un hecho excepcional. Pero lo excepcional es acceder a ese video, la tortura es constante. Si se considera que es producto de la conducta de un delincuente se solapa la dinámica institucional.

–Antes mencionaba las condiciones de alojamiento carcelario y las definió con un término impactante: infrazoológicas.

–Sí, las condiciones infrazoológicas de detención son equivalentes a los centros clandestinos de detención. Uno entra a celdas de dos por dos donde hay seis personas tiradas, las paredes están llenas de cucarachas, donde cuesta estar, es doloroso, violento sólo ir a comprobarlo...

–Ya que lo compara con los centros clandestinos ¿podría tratarse como un delito de lesa humanidad?

–Afecta en términos masivos a una población inmensa. Habría que debatirlo, pero creo que tiene material como para que se lo trate de esa manera. Yo trabajé en delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Siempre me imaginé a partir del relato de las víctimas cómo eran los centros clandestinos de detención. En la fantasía serían lugares oscuros, sucios. Cuando fui a algunos pabellones de las cárceles la sensación que tuve es que estaba constatando las condiciones relatadas por las víctimas de los centros clandestinos, en otro contexto, son otras víctimas, pero hay una continuidad y hay algo que resulta intolerable, que es que los hábeas corpus se sigan resolviendo como los resolvían los jueces durante la dictadura, mirando para otro lado, incorporando el discurso del agresor.

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