Un durísimo informe del Centro de Estudios Legales y Sociales señala las violentas intervenciones que tiene como práctica habitual la Policía Metropolitana, pero sostiene que no es una casualidad y que esa gestión violenta “en conflictos y protestas sociales es un aspecto saliente y reiterado del gobierno porteño”. El informe parte de la represión en el Parque Indoamericano, la Sala Alberdi y el Borda, entre otras acciones ante protestas sociales; ataques a periodistas, violentos allanamientos y desalojos de viviendas; casos de gatillo fácil y la historia oscura de sus integrantes. El CELS, además, avanza sobre la “inexistencia de un protocolo de actuación para situaciones de protesta o conflicto social”. Como señaló a Página/12 Paula Litvachky, directora del Area de Justicia y Seguridad del CELS, “la diferencia entre policías como la Bonaerense y la Metropolitana es que producen los mismos resultados, pero una (la Bonaerense) es autónoma y la otra obedece a decisiones políticas”.

El informe lo destaca al inicio y es lo que el CELS considera más relevante y que requiere una discusión de políticas: “Estas prácticas no pueden atribuirse a errores o excesos de agentes puntuales –sostiene el texto–, sino que responden a decisiones políticas del gobierno porteño orientadas a reafirmar el perfil de fuerza de choque de la nueva policía, al mismo tiempo que tolera el uso abusivo de la fuerza como respuesta a los conflictos relacionados con el uso del espacio público”.

Como prácticas habituales que posibilitan esa violencia, el informe describe una serie de puntos:

- Ausencia de investigaciones internas y medidas de prevención: en algunos casos, las autoridades políticas no consideraron necesario realizar investigaciones internas respecto de la actuación de agentes, aun en situaciones en las que hubo manifestantes muertos. Por ejemplo, a un año de los hechos del Indoamericano, no se habían iniciado actuaciones respecto de efectivos de la PM imputados por las muertes ocurridas allí. Los agentes, más que castigados fueron reubicados y participaron en nuevos hechos graves.

- Utilización y compra de armamento de guerra: Montenegro negó enfáticamente que las muertes en el Indoamericano hubieran sido ocasionadas por los de la Metro porque la fuerza no tenía escopetas con balas de plomo. El CELS tiene evidencias de que se realizaron varias compras de armamento de guerra y balas de plomo antes y después del Indoamericano.

- Ataques a periodistas. En tres meses, la PM demostró que “buscaban impedir la difusión de imágenes de su accionar. Hirieron con balas de plomo a tres periodistas, al menos 20 resultaron lesionados y dos detenidos. Las autoridades políticas de la Ciudad se mostraron indiferentes.

- Protección institucional. Como ejemplo, los 49 policías juzgados por los hechos de violencia del Indoamericano son defendidos por abogados que asentaron su domicilio en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

- Gatillo fácil y violencia: La Metropolitana produjo varios casos de gatillo fácil y abusos durante allanamientos y desalojos en zonas pobres, como también de artesanos y manteros en espacios públicos.

En el segmento dedicado a las represiones violentas de protestas, el informe trata los casos del Parque Indoamericano, la Sala Alberdi, el Hospital Borda (ver aparte), la Villa 31/Autopista Illia y el Parque Centenario.

El caso de la Villa 31/Autopista Illia tuvo lugar el 10 de abril de 2012. Vecinos de la villa reclamaban subsidios y soluciones habitacionales al Gobierno de la Ciudad e intentaron cortar la autopista Illia, siendo repelidos por la Metropolitana con balas de goma. La respuesta fueron piedras. Finalmente, los manifestantes cortaron la Avenida Castillo. Los vecinos “acordaron con el comisionado Daniel Galdame dejar un carril de circulación de circulación libre, pero una vez iniciada la protesta, los efectivos policiales comenzaron la represión”, señaló el informe.

De las denuncias surge que “había policías de civil operando que no participaban directamente en la represión, sino que atacaron selectivamente a algunos manifestantes”; una pareja fue levantada y subida a una camioneta por policías de civil, donde los golpearon. La mujer se descompuso, los trasladaron a una comisaría, donde la mujer dijo que también fue golpeada. En el operativo participaron uniformados imputados por la causa Indoamericano. Galdame, acusado por los golpes fue sobreseído porque “para el juez Luis Alberto Zelaya no existían pruebas de que esas lesiones hubieran sido producidas por Galdame o por otro efectivo policial”.

En el Parque Centenario, a fines de enero de este año, vecinos y feriantes realizaban una protesta contra la colocación de garitas de seguridad, cámaras y enrejado perimetral. Las noches del 28 y 29, se produjeron dos acciones de violencia policial. Con una descomunal fuerza de choque, incluyendo autos no identificados y policías de civil, atacaron a los vecinos. La primera noche detuvieron a 21 personas y la segunda, a tres. A todos los detenidos se les iniciaron causas por “atentado y resistencia a la autoridad”. La noche del 29, los vecinos realizaban una sentada sin plantear ninguna amenaza, “de hecho, se encontraban sentados de espaldas a ella”. Pero la Metropolitana avanzó. Dispararon “carabinas de aire comprimido a muy corta distancia, lo que ocasionó heridas graves a manifestantes y a la periodista Julieta Elgul que cubría los hechos”.

El gobierno porteño señaló a los manifestantes como ajenos al barrio y los vinculó con actividades delictivas. Y la Auditoría Externa de la Metro no encontró motivos para investigar a ninguno de sus hombres.

La Metropolitana fue presentada como policía de proximidad. Pero no cumple ninguno de sus requisitos. El informe detalla que fue conformada por ex uniformados de policías autoritarios y altamente corruptos o formados en las Fuerzas Armadas, es decir, preparados para destruir al enemigo y no para interactuar en los barrios de la ciudad.

Incorporó a los despedidos por el Ministerio de Seguridad durante el período de Nilda Garré, y a otros capacitados en “lucha antisubversiva y guerrilla urbana”, de la última época de la dictadura militar. También se describen las importantes irregularidades en las incorporaciones, entre ellas la del actual subjefe de la Metro, el ex comisario de la Federal Raúl Pedace, desplazado por Garré. La falta de control derivó, por ejemplo, en casos como el del comisionado Simón Rodrigo, detenido en 2010 por narcotráfico y tenencia ilegal de arma de guerra; Bohdan Sobenkoe, oficial detenido en 2011 por “liderar un grupo neonazi que enseñaba prácticas antisemitas a menores de edad o “Fernando Pedreira, ex Bonaerense, imputado por torturas y muerte de cuatro jóvenes en una comisaría de Quilmes en 2004, exonerado de esa fuerza en 2007, y que, tras falsificar su certificado de antecedentes penales, consiguió entrar y permanecer durante dos años en la PM”.

El informe se completa con los casos de gatillo fácil y los de violencia en los desalojos y en los allanamientos. Y resalta el paraguas que el gobierno de Mauricio Macri abre sobre sus hombres denunciados y cómo justifica sus políticas represivas.

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