El 3 de diciembre de 2010, centenares de familias ocuparon el Parque Indoamericano, empujadas por la imperiosa necesidad de conseguir un espacio para tener un techo. La denuncia policial derivó en la orden de desalojo dictada por la jueza María Nazar, por usurpación, sin siquiera contactar con los ocupantes, un principio básico de resolución de conflictos por vía pacífica. Intervino la Federal (lo que después motivó la creación del Ministerio de Seguridad), que a su vez pidió la colaboración de la Metropolitana. A los 200 federales se les sumaron 250 de doce áreas distintas de la Metropolitana. De ellos, por lo menos 34 tenían escopetas y estaban protegidos con casco, chaleco antibalas y escudo. La Metropolitana realizó al menos 400 disparos de cartuchos Anti Tumulto (AT) calibre 12/70 y arrojó gases lacrimógenos desde el momento de su ingreso al predio y continuó disparando, aun después de su desalojo.

Las evidencias de la actuación de la PM, que más que intentar desalojar se dedicó a la persecución a tiros a los manifestantes, incluso internándose dentro de la Villa 20, que se encuentra junto al Indoamericano. Sobre el puente de la avenida Escalada, seis oficiales metropolitanos dispararon armas hacia el interior de la Villa 20. Allí murió con una de esas balas Bernardo Salgueiro, un habitante paraguayo de 24 años que no había participado en la toma, y recibieron heridas de bala de plomo Wilson Ramón Fernández Prieto, José Ronald Meruvia Guzmán y John Alejandro Duré Mora. Una hora más tarde, el mismo grupo, en otro extremo del parque, mató a Rosemary Chura Puña, boliviana, de 28 años y produjo heridas de bala de plomo a Miguel Angel Montoya y Juan Segundo Aráoz. Los 49 metropolitanos imputados son defendidos técnicamente por abogados del gobierno porteño, lo que implica un apoyo gravísimo.