“La invocación a la lucha contra el narcotráfico está justificando políticas de mano dura, y provocando una espiral de violencia que no se detiene.” Fue parte de la exposición de Luciana Pol, coordinadora de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) que mantuvo junto a otras 16 ONG del continente americano. Es la primera vez que el tribunal interamericano dedica una audiencia (éste fue el 150º período de sesiones) a analizar el impacto que tienen las políticas de drogas sobre los derechos humanos.

Las 17 organizaciones que asistieron a la audiencia ante el tribunal lo hicieron bajo la coincidencia de que las políticas de drogas actuales impactan directa y gravemente sobre los derechos humanos. Esa coincidencia fue volcada en un documento común presentado a la CIDH durante la audiencia por Gastón Chillier, representante del CELS.

“El crescendo incesante que existe en la utilización de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, patrullajes terrestres y marítimos, el uso de helicópteros, radares, armamentos más y más sofisticados no han sido eficaces en el objetivo que estas políticas se fijan, la reducción de la oferta de sustancias prohibidas”, sostuvo Luciana Pol al abrir la audiencia.

Paradójicamente “quienes realmente padecen problemas de uso de sustancias tanto legales como ilegales no encuentran un sistema sanitario siquiera dispuesto a recibirlos”, sostuvo la representante argentina. Y agregó que “cincuenta años después del inicio de la denominada guerra contra las drogas, notamos que las consecuencias que este sistema ha producido son –por lejos– más dañosas que los males que pretendía prevenir”.

Seguido de Pol, tomó la palabra Coletta Youngers, representante de WOLA, de Estados Unidos. “La ‘guerra contra las drogas’ ha tenido un costo social enorme, resultando en el aumento de las tasas de encarcelamiento y sentencias desproporcionadas, en la criminalización de cultivadores y consumidores y en la falta de políticas de salud en respuesta al uso problemático de drogas”, dijo Youngers, asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una de las ONG cofirmantes del documento.

Rodrigo Uprimny, de la ONG colombiana DeJusticia, expresó: “Es necesario que las políticas de drogas incorporen efectivamente un enfoque de salud pública y derechos humanos para superar los dramas vividos en muchos de nuestros países. En particular, en Colombia la fumigación aérea de los plantíos de coca debería ser suspendida, pues ésta no es efectiva y afecta los derechos de las comunidades”.

José Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), señaló: “En fechas recientes, México ha sido uno de los países que más ha sufrido el impacto de la “guerra contra las drogas”, visto en el incremento de la violencia, de las ejecuciones extrajudiciales, de las desapariciones forzadas, de la tortura, del desplazamiento forzado y en la erosión de las instituciones de impartición de justicia”.

Por su parte, Juan Manuel Torres, investigador del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (Ciddh) de Perú, dijo que “la erradicación forzosa en el Vraem presenta altos riesgos para los derechos humanos de los campesinos productores cocaleros. Por otra parte, los usuarios sufren continuos abusos y hostigamientos por parte de un sistema represivo obstinado en no cambiar de dirección”.

Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, enfatizó: “En Argentina, la lucha contra el tráfico de drogas es utilizada para justificar el endurecimiento de políticas de seguridad inefectivas. Por el contrario, estas políticas distorsionan el sistema de Justicia penal impactando desproporcionadamente en las mujeres, quienes en su mayoría son encarceladas por microtráfico”.

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