Al dejar inaugurado ayer el 130º período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, el gobernador Felipe Solá salió a ponerle el cuerpo a uno de los problemas más graves que afronta su administración en materia de derechos humanos: los permanentes casos de tortura en comisarías y cárceles provinciales. Solá anunció la creación del Programa Provincial Contra la Tortura, que según sus propias palabras “procurará terminar con esta práctica, terrible e inaceptable, pero lamentablemente aún presente aunque de una manera cada vez más residual”. Página/12 pudo establecer que el proyecto estará listo “en 15 días o un mes” y será diseñado por la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo titular, Jorge Taiana, puso como condición al asumir que se trabajara a fondo para terminar con los casos de tortura en la provincia. En los últimos años la reiteración de esos casos (hubo casi mil en el último año) han motivado denuncias de organismos nacionales e internacionales.
Fuentes de la Secretaría y el propio Solá aclararon que en la redacción del plan está trabajando el equipo encabezado por Taiana, pero habrá consultas con la Defensoría de Casación, los fiscales, la Legislatura, el Servicio Penitenciario y la Policía Bonaerense. En su exposición ante los legisladores, Solá anticipó que lo que se busca es instrumentar el “control cruzado de todos esos organismos, para que el propio Estado sea el primero que verifique si hay tortura o no”. El gobernador opinó que de lo contrario “parecería ser que la vida continúa, mientras nosotros miramos para otro lado y al otro día aparecen las denuncias. Nosotros –insistió– somos los que tenemos que verificar” que hay torturas.
En la Secretaría, la postura fue la de impulsar el programa de prevención como una respuesta concreta frente a las denuncias que formularon, en forma reiterada, entidades u organismos nacionales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Defensoría de Casación o el Consejo Federal de Derechos Humanos que nuclea a todas las provincias, y los reclamos que llegaron del exterior a través de Amnistía Internacional o las Naciones Unidas. En la dependencia oficial, que desde febrero está a cargo de Taiana, con reconocida trayectoria en el campo de los derechos humanos, fue considerado auspicioso que el gobernador se haya comprometido en forma personal con el proyecto.
La idea de Taiana es articular medidas de prevención que permitan evitar la práctica de la tortura y recién después pensar en la aplicación de la legislación sobre el hecho consumado. “Lo importante es que no pase nunca más y en caso de que ocurra, hay que aplicar la ley en toda su dureza”, explicó la fuente consultada por este diario. Desde la Secretaría no se alienta ningún cambio en la legislación vigente “que ya es suficientemente dura” en la materia sino establecer mecanismos preventivos. Uno de ellos será la capacitación y la educación del personal policial y del Servicio Penitenciario para terminar con los resabios de la dictadura militar.
El defensor del tribunal de Casación, Mario Coriolano, denunció en diciembre que el llamado Banco de Torturas creado en marzo de 2000 constató desde esa fecha hasta febrero de este año un total de 994 casos de torturas en comisarías bonaerenses y unidades penales bonaerenses. El gobernador Solá también dejó sentada ayer la intención de hacer cumplir “las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, las cuales son el marco de referencia de la política penitenciaria”. En ese sentido se impulsará la demorada construcción de alcaidías para sacar a los presos de las comisarías. Solá habló de un plan de construcciones “de bajo costo” para mejorar “las condiciones de reclusión para los detenidos y procesados”.
Consultado por este diario sobre el plan contra la tortura, el senador del Frepaso Eduardo Sigal dijo que estaba de acuerdo “con el contenido del discurso de Solá”. Aclaró, sin embargo, que la exposición de ayer del gobernador estuvo destinada “a hablar de una serie de proyectos y en el caso del dirigido a terminar con las torturas, nosotros lo que esperamoses que pase a ser una realidad”. El senador opositor le pidió al Gobierno “que tenga coherencia, porque la represión de la que fueron víctimas ayer (por el jueves) los maestros bonaerenses, no tiene nada que ver con los enunciados del gobernador”. Aludió así a la actitud policial que impidió el ingreso de los docentes a la sede de la Legislatura. Los maestros fueron reprimidos con golpes, gases y balas de goma.
“No se puede hablar de terminar con la tortura mientras se reprime a los maestros, trabajadores y protagonistas cotidianos de la realidad argentina que reclaman y tienen derecho a tener una participación activa en el debate legislativo”, precisó Sigal. Sobre el plan propiamente dicho, estimó que es “imprescindible que el Poder Legislativo tenga una intervención directa cuando llegue el momento de aprobar el proyecto, una vez que se tenga la idea totalmente definida porque hasta el momento nosotros no hemos recibido ni siquiera un borrador”.
Desde la Secretaría se dijo que “existe la voluntad política de enfrentar el problema y ése es un avance importante frente a una situación compleja y difícil”. El gobernador Solá, ante la Asamblea Legislativa, admitió incluso que en la provincia “se ha generalizado una situación de falencia judicial”, motivo por el cual consideró que “es urgente propiciar reformas para optimizar el servicio de Justicia”. Habló de reflotar la Mesa de Concertación Judicial para readaptar el Poder Judicial “a la actual realidad de la provincia”.