Una misión de Amnistía Internacional visitó el país los primeros días de febrero para reunirse con organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y autoridades. El presidente Eduardo Duhalde no la recibió, pero sí lo hicieron el gobernador Felipe Solá y la Suprema Corte bonaerense. Aquí, un resumen de los principales puntos del documento que la entidad le entregó al mandatario provincial.
- La resolución de la Suprema Corte sobre los menores: Amnistía califica como “digno de crédito” al informe del máximo tribunal del 24 de octubre de 2001 donde se da a conocer la muerte de 60 menores en presuntos enfrentamientos policiales. En este sentido, la entidad se muestra preocupada por “la aparente falta de un programa de mejoras carcelarias impulsado por las autoridades provinciales”.
- Torturas: Recomienda la corrección de “serios aspectos de violaciones a los derechos humanos”, entre las que incluye la práctica sistemática de torturas y malos tratos a detenidos y la falta de investigaciones exhaustivas y concluyentes. En este punto, hace referencia a la declaración de cuatro jueces federales que expresaron “su preocupación ante la evidencia de la generalizada práctica de la tortura”.
- La resolución del defensor del Tribunal de Casación Penal bonaerense: Toma en cuenta un documento de julio de 2001 en el que Mario Coriolano indica tener registrados 602 casos de tortura, con la especificación de los métodos utilizados (golpizas, picana eléctrica y submarino seco). Además, se relevan las pésimas condiciones de vida e higiene de los detenidos.
A partir de estos ejes, Amnistía “hace un llamamiento a las autoridades provinciales para que (...) se suministre información sobre el número de denuncias e investigaciones que se hayan iniciado (...) respecto a denuncias de tortura y malos tratos durante 2000 y 2001”. También resalta la necesidad de que los responsables “sean llevados antes la justicia” y reclama condiciones de seguridad para denunciantes y testigos. Por último, exige “conocer las medidas que está tomando el gobierno provincial para poner fin a las violaciones de derechos humanos aquí expresadas”.