La renovación de la cúpula del Servicio Penitenciario que comenzó con el alejamiento de su jefe “histórico” Esteban Mazzante aspira a ser la primera de una serie de medidas destinadas a mejorar la imagen de la fuerza. En ese plan, otro de los miembros de la plana mayor que podría sufrir un traspié en los próximos días sería el actual secretario de Información (vulgo Inteligencia) del SPB, Carlos Alberto Scheffer. El hombre es cuestionado seriamente desde que admitió, el 12 de diciembre de 2001 y ante la Justicia, que durante todo ese año se había dedicado a seguir los pasos de nueve abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que formaban parte de una “lista negra” similar a las que se confeccionaban durante la dictadura militar con los defensores de los presos políticos. Cuando se conoció la escandalosa persecución (ver Página/12 del 14 de diciembre), las medidas que se tomaron desde el gobierno bonaerense fueron diametralmente opuestas a lo esperado: Scheffer no sólo sigue en el cargo sino que fue ascendido de grado, ya que pasó de inspector mayor a inspector general.
La decisión de ascender a Scheffer fue tomada en enero por el ahora ex subsecretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social Miguel Angel Plo, quien mantuvo la postura a pesar de persistir el hostigamiento a los abogados, uno de los cuales, Daniel Stragá, continuó recibiendo veladas amenazas, situación que lo obligó a renovar las denuncias ante la Justicia. El tema fue también planteado ante el gobierno bonaerense por una delegación de Amnistía Internacional. La decisión de Plo de premiar a Scheffer fue coherente con su gestión, ya que siempre respaldó desde su cargo al personal encabezado por el hoy destituido Mazzante.
En abril de 2000, el bloque del Frepaso presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para que se investigaran actos de corrupción que ocurrían dentro de la cárcel de La Plata, donde supuestamente estaban tarifados todos los beneficios legales que puede obtener un preso, desde las visitas íntimas hasta las salidas transitorias para trabajar. Según las denuncias presentadas por los presos, la caja negra la manejaban los guardiacárceles con conocimiento de la cúpula y como es obvio del Servicio de Informaciones. Plo desestimó la validez de las imputaciones y atribuyó las denuncias a una supuesta “interna del Servicio Penitenciario” que le apuntaba a Mazzante y a su estado mayor.
A comienzos de este año, Página/12 trató de hablar varias veces con Plo sobre la situación de revista de Scheffer, pero la consulta nunca fue atendida por el ahora ex funcionario. En febrero, el abogado de la Correpi Daniel Stragá recibió dos llamados telefónicos de un tal “Pablo”, quien decía trabajar junto a Scheffer y tener conocimiento de que seguía el complot contra los letrados de ese organismo de derechos humanos que en forma permanente denuncia irregularidades que ocurren dentro de las cárceles provinciales. Según el denunciante, la existencia del complot había dado lugar, el 10 de enero, a que desde el Ministerio del Interior se remitiera un oficio confidencial para solicitar informes que nunca fueron respondidos por Plo. El pedido de informes existió, según pudo corroborar este diario a través de fuentes de la cartera nacional. Entre bambalinas, según “Pablo”, lo que se decía era que hasta se podría llegar a atentar contra la vida de alguno de los abogados de la Correpi.
“Pablo” se presentaba como alguien supuestamente bienintencionado que quería ayudar, pero como demostraba –con precisión de datos– conocer perfectamente la interna del SPB, sus palabras tuvieron sobre Stragá la sensación de una amenaza indirecta. Por eso volvió a presentarse ante la Justicia, esta vez en el juzgado correccional 3 de la Capital Federal. Lo central, de todos modos, sigue siendo que Scheffer, en persona, confirmó en diciembre ante el juez de La Plata Oscar Bustos Berrondo que había firmado el 26 de enero de 2001 un despacho interno por el cual se ordenó seguir los pasos de nueve abogados de la Correpi. Scheffer aludió a la existencia de un anónimo que alertaba al SPB sobre presuntos motines que estaban siendo alentados por los abogados Stragá, Fernanda Doldán, María del Carmen Verdú, León Zimerman, Sergio Smietniansky, Gerardo Etcheverry, Gabriel Lerner y Rubén Tripi. La Fiscalía de Estado confirmó la presencia del despacho interno, que lleva el número 02/01. La irregularidad debería haber terminado con la carrera de Scheffer, pero no, la admisión de la ilegal labor de inteligencia le reportó un ascenso.
La persecución política e ideológica ha sido y es una labor constante dentro del SPB. En mayo de 2000 se encontraron 41 cajas que contenían cerca de cinco mil legajos de personas, en su mayoría ex presos políticos de la dictadura. El hallazgo se produjo en la Dirección de Registro Penitenciario. Los informes provenían del Servicio de Informaciones, que todavía sigue a cargo de Scheffer. El hoy inspector general está en el SPB desde el año 1974, según consta en su declaración ante el juez Berrondo. Hoy su continuidad está en serias dudas, según pudo confirmar este diario en fuentes allegadas al nuevo subsecretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social, Marcelo Lapargo, quien tiene la misión de tratar de cambiarle la cara a la fuerza. La única certeza es que la labor será ardua y que la resistencia de los cuadros del SPB será el escollo más difícil.