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Legisladores de la oposición al macrismo denunciaron ayer una “campaña de difamación” contra militantes sociales, que se manifestó en los últimos días mediante la acusación a algunos referentes, por parte de fiscales porteños, de haber organizado la toma de terrenos en Villa Lugano. Al mando del fiscal general Martín Ocampo, ex diputado del PRO, los investigadores acusan a Marta Yané, militante del Movimiento Evita, de ser “partícipe necesaria” del delito de usurpación. Lo hacen a partir de una escucha telefónica donde la mujer ofrece algunas chapas y tirantes a familias que están acampando a la intemperie en el predio de Fernández de la Cruz y Pola. “Los persiguen y difaman para ocultar la grave crisis de vivienda en la ciudad de Buenos Aires”, afirmó el diputado Jorge Taiana (FpV).

“El Movimiento Evita no ha tenido nada que ver con la toma. La maniobra es transformar la crisis de vivienda de la Ciudad en un ataque a la protesta de las fuerzas que trabajan con los sectores más vulnerables de la sociedad”, dijo el legislador, en una conferencia de prensa en la que participaron legisladores del kirchnerismo. “Nuestra agrupación no ha tenido que ver con el origen y desarrollo de la toma en Villa Lugano. La tarea específica de los compañeros y la de otras organizaciones ha sido evitar el desalojo violento y brindar asistencia humanitaria para que la gente viva en mejores condiciones”, agregó Taiana.

Los legisladores desvincularon a los militantes sociales y políticos de los delitos o hechos mafiosos que pudieron haber existido, como la venta de lotes, tal como se afirmó en una nota periodística publicada el domingo. En la causa penal que se inició por la ocupación, ocurrida el 24 de febrero último, los fiscales pidieron la detención de siete personas. La jueza Gabriela López Iñíguez sólo encontró justificable la captura de Marcelo Chancalay, empleado del Gobierno de la Ciudad y ex dirigente de la Villa 20, pero rechazó la del resto, por falta de pruebas o argumentos. Entre los imputados está Marta Yané, militante del Evita y empleada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien en una escucha aparece ofreciendo “chapas y tirantes” a uno de los participantes en la toma.

Yané dijo ayer a la agencia Télam que “es lamentable que se confunda el trabajo de la militancia con los delitos de las mafias”. “Milito hace 30 años. Desde hace 10 que lo hago en el Movimiento Evita. Vivo donde milito: en dos piezas de un conventillo; jamás le negué algo a un vecino, ni cobré un flete de una mercadería. Nunca hice plata con la política. Todos me conocen.” La mujer explicó que su participación en el caso fue para “acompañar a los vecinos de Lugano imputados a las reuniones en los juzgados, con el defensor del Pueblo y con los legisladores”.

“La persecución judicial a militantes políticos y sociales pretende criminalizar su actividad y correr el eje sobre la urgente necesidad de urbanizar las villas de la Ciudad”, afirmó Juan Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro). Alejandro Bodart (MST) no participó de la conferencia, pero también condenó la persecución: “En vez de avanzar con la urbanización, se sigue criminalizando a los vecinos. Con la excusa de las mafias, criminaliza a los ocupantes que legítimamente reclaman vivienda digna y a los militantes sociales que los apoyan.”