Página/12 accedió en exclusiva al adelanto de un informe en el que por primera vez aparece reflejada la relación entre el “escuadrón de la muerte” de Don Torcuato y el negocio de la seguridad privada en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde la limpieza social continúa. Se trata de una investigación realizada por un equipo de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense que señala los puntos oscuros de siete muertes de menores. Ni las denuncias de la Corte ni las de Human Rights Watch y Amnistía Internacional han frenado la sistemática eliminación de menores. Y en el informe publicado aquí aparece un nuevo caso, demasiado parecido a los anteriores: a Leandro “El Mono” García, un chico de 16 años, lo eliminaron el 30 de enero.
Al adolescente le dieron tres balazos cuando aspiraba pegamento en un descampado de la villa Bayres de Don Torcuato. Era vecino de varios de los muertos ya conocidos y los policías que lo “bajaron” son los mismos que asesinaron en agosto a Juan “Duende” Salto, quien había avisado a la Justicia que estaba condenado a muerte. Un testigo del crimen de García ya declaró: dijo que le pusieron la remera en la cabeza para que no viera, que García pidió por favor que no lo mataran porque lo esperaban su mamá y sus nueve hermanitos, pero que enseguida sonaron los disparos de la bonaerense, eternos en las villas donde la matanza se impone de la mano de los negocios que da la seguridad de los que más tienen.
La existencia de un escuadrón dedicado a ajusticiar adolescentes ladrones en la zona norte surge como una de las primeras conclusiones del trabajo de la Procuración. Se lee en cada caso lo que una altísima fuente de la Corte llamó ante este diario un “modus operandi producto de la actividad ilegal de policías y agencias de seguridad que cobran a los vecinos de barrios de clase media y countries” para preservar el orden y alejar ladrones. En una primera etapa –el informe es parcial– fueron investigados siete casos. Seis de ellos fueron siendo hilados por la investigación de Página/12 a partir del crimen de los chicos de Bancalari Gastón “Monito” Galván, de 14, y Miguel “Piti” Burgos, de 16, fusilados el 24 de abril de 11 y 7 tiros. Los investigadores marcaron en un mapa las muertes de estos menores: son siete puntos de colores en un triángulo perfecto formado por la Panamericana, al oeste; la avenida Belgrano al este y la Avenida Libertador San Martín al sur. En uno de los vértices marcaron el barrio Los Dados, donde funciona la sede de la agencia de seguridad Tres Ases, manejada por el personaje más popular para los vecinos inseguros y más temido por los adolescentes: el sargento Hugo Alberto Cáceres, alias “El Hugo Beto”. El, en sí mismo, sería el vértice del escuadrón y es el hombre más mencionado en el informe que este lunes tendrá en sus manos el ministro Luis Genoud y el gobernador Felipe Solá.
Los muchachos de siempre
Galván y Burgos eran parte de un grupo que solía robar en la zona para la compra de pegamento para “la bolsita” con la que pasaban los días “colgados” en las esquinas del barrio. Fueron “levantados” por un patrullero de la comisaría 3ª de Don Torcuato la tarde del 23 de abril cuando habían ido a comprar una lata a una ferretería de la ruta 202. Habían estado decenas de veces presos y habían denunciado a los hombres del grupo de calle de la Crítica –como se conoce a la 3ª– por torturas y apremios. Los encontraron al día siguiente a orillas del Puente Negro en José León Suárez. Tenían las manos y los pies atados. Al Monito, el de 14, le habían colocado una bolsa de nylon en la cabeza cuando ya estaba muerto: un inequívoco signo de la Bonaerense y su clásico método de tortura, el submarino seco. “El Monito y el Piti no son los primeros. Ya bajaron a varios y mandaron a decir que nos cuidemos porque somos los próximos”, le dijeron a este cronista los chicos que lloraban a sus amigos en el cementerio de Boulogne. Luego la búsqueda de este diario dio en los pasillos de las villas con los muertos que antecedían a “los pibes de labolsita”: Guillermo “Nuni” Ríos, Fabián Blanco, David Vera Pintos. Y luego con el posterior, Juan “El Duende” Salto, asesinado en agosto.
En cada caso de la lista (ver nota aparte) los nombres de los policías se van alternando. Cáceres por ejemplo es el que participó de los supuestos enfrentamientos con Ríos y con Blanco. Los investigadores lograron determinar que en el caso de Ríos “no hubo enfrentamiento”. Aquel 11 de mayo Cáceres estaba acompañado de Marcelo Anselmo Puyo, sargento 1º del Comando Patrullas Tigre. En la muerte de Blanco otra vez el protagonista es Cáceres, acompañado en esa oportunidad por el agente Horacio Gallardo, del Comando Patrullas Tigre. Los pesquisas destacan en su reporte que el homicidio, ocurrido el 1º de noviembre del 2000, se empezó a investigar tres meses más tarde. Con Juan Salto, muerto en agosto del 2001, ya no aparece el propio Cáceres: los que lo matan son el sargento 1º Juan Esquivel y el cabo 1º Enrique Chacón, los dos del Comando Patrullas Tigre. Una de las primeras dudas que los investigadores confiaron a este cronista cuando iniciaron la revisión de las causas fue que no encajaba en la hipótesis de una eliminación sistemática el hecho de que en algunos homicidios los matadores resultaban ser no de la comisaría 3ª, sino del Comando, y que por lo tanto esa diferencia podía derrumbar la idea de la existencia de un escuadrón. “Lamentablemente ustedes tenían razón”, fue lo primero que una altísima fuente de la Procuración le dijo a Página/12 cuando le confió el informe.
Perros de la calle
Sucede que esa diferencia parece no ser tal en la zona del “triángulo de la muerte” monitoreado por Cáceres y Compañía. Y también “lamentablemente” la sospecha sobre la persistencia del sistema de eliminación la da un nuevo posible fusilamiento: el de Leandro García, el 30 de enero pasado, un chico que vivía a cuatro cuadras de las casas de Monito y Piti. Sus asesinos fueron el sargento Esquivel y el cabo Chacón. La casualidad no es sólo esa. Los pesquisas señalan en el documento con énfasis que como médico de policía la autopsia la realiza el doctor Eugenio Aranda, y el fiscal que llega al sitio es Rodríguez de la UFI 3 de Tigre: “todos los mismos del caso Salto”. Es más que llamativo el rol de los fiscales que llegan al lugar de los presuntos enfrentamientos. En ninguno de los homicidios se ordenó realizar el dermotest para determinar si en realidad los chicos dispararon contra los policías o no. “La relación entre los miembros de la agencia de seguridad de Cáceres –con testaferros–, el Comando Patrullas de Tigre y la comisaría 3ª de Don Torcuato queda clara a través de la relación de amistad y sociedad entre Cáceres y Anselmo Puyo”, sostiene la abogada Andrea Sajnovski, de Correpi, representante de los familiares de las víctimas. Sajnovski adelantó a Página/12 que dos testigos dispuestos a declarar “saben que el escuadrón, como una práctica metódica, cuando detenía, golpeaba o asesinaba chicos les tomaba fotos para llevar una especie de archivo propio”.
Tres Ases: ese es el nombre de la agencia que funciona en el propio domicilio de Cáceres, un sitio lleno de aparatos de comunicación que monitorea, como si se tratara de una comisaría privada, el recorrido de alrededor de diez móviles de color blanco que usan, como si fueran patrulleros del Estado, una baliza azul en el techo. En el informe de la Procuración, se resalta el testimonio de un periodista de la zona, cuyo informante es un ex jefe de la Brigada de San Fernando, que cuenta “el manejo interno de Cáceres”. “El suboficial es querido por la propia fuerza y por los vecinos –’policía modelo que nos libera de los chorros’ (sic)-, actitud que justificaría casos de gatillo fácil”, se lee en el documento. Allí se explica que desde el año ‘93 Cáceres comenzó a trabajar en “el triángulo” y que “para empezar, en el sector más pobre, comenzaron con la matanza de perros envenenados y luego apareció la venta de servicios de seguridad”. En el esquema del negocio sería central la figura de “una vecina de nombre Irma, puntera política del partido de (Luis)Patti”, que es quien “sale a cobrar” la cuota de seguridad a los vecinos. Entre las anécdotas que abonan la fama de Cáceres se repite en el barrio la de un ladrón apresado hace cinco años a quien “estando en el piso le pasaban por encima el patrullero y la gente del lugar aplaudía”.
La relación entre “Hugo Beto” y el negocio de la seguridad privada quedó expuesta también en una causa que el fiscal Héctor Scebba le inició a Cáceres el 28 de diciembre último, en una casualidad increíble. Cáceres no fue imputado por el crimen de Monito y Piti: casualmente dos días antes del crimen pidió licencia médica por depresión, según el ex comisario de la 3ª, Doldan, informó en su momento a este diario. Ocho meses después, el día de los inocentes, cuando Scebba constataba una declaración de la causa Galván-Burgos en un frigorífico de Campo de Mayo, el fiscal descubrió a un vigilador privado que ostentaba un arma ilegal. Cáceres se hizo presente en el lugar y se hizo cargo de la situación de quien sería en realidad su empleado. Scceba lo detuvo entonces por portación ilegal de arma durante dos días. Desde el 28 que el sargento dejó de revistar como agente de la Bonaerense porque a raíz de ese delito menor pasó a disponibilidad preventiva y es sujeto de un sumario, según ratificó a Página/12 una fuente de Asuntos Internos de la Bonaerense. Aún así, una fuente de las fiscalías de San Martín consideró que el poder del Hugo Beto no se esfuma por más denuncias que pesen sobre su figura. “El parece ser el capo pero por sobre su figura hay alguien más poderoso”, dijo. Es en ese sentido que los investigadores de la Procuración destacan, aunque aclaran que aún no hay pruebas directas de ello, que entre los las personas que apoyan al “Hugo Beto” “hay varios ex militares”, uno de ellos un ex cabo 1º de la Armada, integrante de uno de los grupos de tareas de la ESMA, dueño de una remisería de la zona, cuyo “padrino sería (Jorge) “El Tigre” Acosta, capo del grupo operativo del campo de concentración por el que pasaron miles de personas durante la dictadura.