[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

No es ninguna genialidad decir que una cámara de vigilancia policial en la vía pública es un objeto tan público como lo es un cesto de basura. Incluso se podría decir que es más pública, porque tiene carteles señalizadores que los otros objetos no tienen. Basta levantar la vista, buscar, y ahí estará.

Tampoco es una genialidad decir que, si la ley que regula su uso garantiza que el área vigilada debe ser informada in situ “de manera clara y permanente”, también se debería informar la ubicación de todas las áreas ante una solicitud. Por eso la ley porteña también obliga a informar todas las áreas vigiladas.

A pesar de esto, el gobierno se ha negado a entregar el listado de ubicación de sus 2000 cámaras a la Legislatura, a la Defensoría del Pueblo, a la Auditoría General, a las Juntas Comunales y a los particulares que la solicitamos en base a la ley de acceso a información pública. Cuando cierta información es considerada confidencial, significa que entregarla podría llegar a ser perjudicial. Al parecer, los organismos de control y los legisladores, incluidos los del PRO, representarían un peligro para la seguridad pública si disponen de un listado de objetos públicos, a la vista de todos y señalizados con grandes carteles amarillos.

El gobierno parece desconocer que con los más de 20.000 efectivos de las cuatro fuerzas de seguridad de la CABA, sus vehículos y sus más de 3200 cámaras, hoy existen recursos para cubrir las 49.000 esquinas porteñas, con un poco de coordinación. También parece olvidar que el delito organizado siempre realiza un relevamiento visual previo antes de actuar (a eso dedican su tiempo), y por lo tanto, quienes hoy desconocen esa información son, antes que nadie, los ciudadanos que actúan conforme a las leyes y pagan 125.000 pesos por cada cámara.

Estos son algunos de los motivos por los que la ley de videocámaras, votada por el PRO, tiene un perfil preventivo que busca favorecer a la mayoría, al igual que el protocolo de Nación, que sí informa a la Legislatura la ubicación de sus 1200 cámaras. En efecto, encontrar las cámaras con facilidad permitiría a alguien que se pierde en la noche, asegurarse un recorrido monitoreado cuando no hay policías. Así como también a las instituciones controlar que se estén instalando de forma racional y se esté evitando, como sucede ahora, la superposición con las cámaras de Nación.

Lamentablemente, esto se opone a la concepción que tiene de los ciudadanos el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. Basta mirar la ausencia del número 103 de emergencias en todos los carteles de las cámaras para corroborar que el vecino es considerado un mero objeto de vigilancia y control, incapaz de colaborar con su propia seguridad: si hoy un transeúnte ve que otro está siendo robado, no tiene donde llamar para ayudarlo, y viceversa.

La Justicia porteña acaba de dictar sentencia dejando en claro que se trata de información pública y que una institución policial no puede vetar pedazos de una Ley. Frente a esto el ministro y la Metropolitana dieron la orden a los legisladores del PRO para que cambien la ley y definan esos datos como confidenciales. Una actitud curiosa, si se tiene en cuenta que al mismo tiempo entregan las imágenes de las cámaras a la TV y las suben a Internet en elecciones, a pesar de que la ley dice explícitamente que esa sí es información confidencial.

Nace un incómodo dilema para los legisladores del PRO: o admiten que improvisaron y efectivamente ellos constituyen un peligro para la seguridad pública, o la eliminan reconociendo que la policía que crearon, no sólo dejó de responderles, sino que ahora deben obedecerle y retractarse.

Los argumentos, para el caso, no importan. Lo que es importante es cómo la idea de seguridad democrática en manos de este gobierno porteño corre riesgo de perder una vez más ante la voluntad discrecional de su fuerza policial.

* Sociólogo. Miembro de la Red Lavits y APP.