Sudor y lágrimas por unas gotas de sangre en el caso García Belsunce. Las extracciones a diez protagonistas del caso son consideradas clave para determinar la presencia de alguno de ellos en la escena del crimen, incluyendo al viudo de la libertad morigerada, Carlos Carrascosa. El 4 de junio pasado, el polémico juez Diego Barroetaveña había postergado indefinidamente las extracciones, veinte días después de haberlas ordenado y autorizado a que se realizaran en forma compulsiva. El lunes pasado, el fiscal Diego Molina Pico apeló ante la Cámara de San Isidro. Ayer, el fiscal fue por más: en un hecho muy poco usual, presentó un escrito a la Suprema Corte bonaerense pidiendo su intervención ante “las decisiones del juez que traban indefinidamente” la toma de muestras. La Corte podría apercibir al juez, pero en el fondo se juega otra suerte: tras el apercibimiento, Barroetaveña podría ser apartado del caso.
La historia de las extracciones es tan compleja y absurda como lo ha sido todo el caso Belsunce. En diciembre, apenas se supo oficialmente que María Marta no había muerto asesinada por el grifo de la ducha, el fiscal Molina Pico ordenó levantar evidencias en la escena del crimen. Tres muestras de sangre fueron entregadas a la Asesoría Pericial de la Corte. Los peritos hallaron en ellas el ADN de dos hombres y una mujer, además del de la víctima.
Por su lado, la defensa de Carrascosa impugnó el levantamiento de esas pruebas argumentando que se realizaron sin abogado defensor, algo lógico teniendo en cuenta que en aquel momento no había nadie acusado. Y recogió 77 muestras entre pelos, rastros de saliva, etc., aunque cinco meses después del hecho y cuando por la casa ya había pasado un ejército de personas.
El viudo y sus familiares fueron los primeros en ofrecer sus venas como prenda de inocencia. El 15 de abril, Barroetaveña ordenó las extracciones a Carrascosa, Guillermo Bártoli, Irene Hurtig, Horacio García Belsunce (h.), Viviana y Sergio Binello, Nora “Pichi” de Taylor, Beatriz Michelini, Juan Gauvry Gordon, a los que se sumó, por decisión propia, el vecino díscolo Nicolás Pachelo. La orden fue terminante: se debían realizar el lunes 21 de abril, a las 8 de la mañana. Y autorizó a que fueran en forma compulsiva. Curiosamente, los primeros en poner reparos fueron los mismos que ofrecieron sus venas. Y el 4 de junio, el juez se contradijo y ordenó postergar las extracciones hasta obtenerse el ADN de las 77 muestras. Los peritos respondieron que ya no había más que periciar. El fiscal reclamó urgencia en vano y el lunes pasado apeló ante la Cámara.
Pero ayer tomó una decisión poco habitual: presentó un escrito al presidente de la Corte bonaerense, Eduardo Pettigiani: “Hace más de cuatro meses –decía el fiscal– que esta fiscalía pretende llevar a cabo una medida que normalmente no insume mayor tiempo y se encuentra impedida de hacerlo dado que las decisiones del señor juez traban indefinidamente su concreción”.
El fiscal solicitó la intervención de la Corte para romper “el círculo vicioso”. El primer paso, si acepta el pedido, será darle intervención a la Oficina de Control Judicial. Los especialistas investigarán si existen trabas de parte del juez. “En caso de comprobarlas –reveló a Página/12 una fuente judicial–, la Corte no tiene poder sancionatorio sobre el juez y no puede intervenir directamente en el proceso. Pero sí puede tomar la decisión de apercibirlo.”
–Semejante movida por un apercibimiento parece un esfuerzo inútil.
–No es así –confió la misma fuente–. El apercibimiento puede traer aparejado que aparten a Barroetaveña del caso.