Entre los suplicios que deben sufrir los inmigrantes en la Argentina, la lluvia que los acompañó ayer mientras marchaban rumbo a la Casa Rosada no fue más que una pequeña molestia. Persistentes, más de 200 personas se acercaron hasta la Plaza de Mayo para entregarle al presidente Néstor Kirchner un petitorio donde piden la derogación de la actual ley de Migraciones, dictada en la época de la dictadura, y una amnistía general que permita la regularización de todos los extranjeros que hoy habitan en el país. Y tuvieron éxito. Una delegación entró y logró entregar el documento en la Secretaría de la Presidencia. “Para nosotros esto es un gran paso adelante. Tenemos mucha esperanza de que las cosas cambien”, dijo al salir Natividad Obejo, una de las promotoras de la manifestación. Adhirieron a la marcha organismos de derechos humanos, el Arzobispado porteño y la CTA.
Hermanadas por el agua y la convocatoria, las banderas boliviana, peruana, paraguaya y argentina flamearon ayer durante un largo rato frente a la Casa Rosada. Quienes las sostenían eran inmigrantes que, al igual que los miles de compatriotas que hoy residen en el exterior, son tratados aquí como ciudadanos de segunda.
Según la actual ley de Migraciones, dictada por la Comisión de Asesoramiento Legislativo en 1981, todo funcionario público tiene la obligación de denunciar a cualquier extranjero que viva en la Argentina en forma irregular. Por esta razón, muchos inmigrantes “ilegales”, que se calculan entre 200 y 600 mil, ni siquiera se atreven a acercarse hasta los centros de salud o de educación, donde a veces son rechazados.
“La derogación de esta ley es una de las grandes deudas de la democracia argentina –explicó Pablo Ceriani, abogado del CELS–, porque da lugar a que se detenga y expulse gente por una simple falta administrativa, como es no presentar algún certificado, sin la intervención de ningún juez.” De hecho, luego de que Migraciones intima a una persona por su condición irregular, el inmigrante tiene 10 días para presentar sus papeles en regla, a lo que debe adjuntar 300 pesos para gastos internos. Si no lo hace –por ejemplo, porque no tiene dinero–, puede quedar detenido hasta su expulsión.
“Esta manifestación también la hacemos por nuestros hermanos argentinos que están en el exterior sufriendo lo mismo que nosotros”, dijo entre lágrimas Natividad, de la Red de Mujeres Peruanas Migrantes y Refugiadas, al salir de la Casa Rosada. Era 4 de septiembre, Día de la Inmigración, conmemorando la fecha en que, hace 191 años, el gobierno argentino declaró por primera vez su apoyo a la llegada de extranjeros. Espíritu que tras dos décadas de maltrato ahora intenta recuperar impulsando un proyecto de ley que podría aprobarse en poco tiempo: ya cuenta con el dictamen favorable de la comisión de población. En sus fundamentos, el proyecto expresa que “no se le podrá negar ni limitar el acceso a la escolaridad obligatoria a los hijos menores de extranjeros, cualquiera sea la condición migratoria de sus padres, ni tampoco podrá negársele en ningún caso asistencia o atención sanitaria”.

Producción: Damián Paikin.