Un relevamiento sobre la situación de las políticas de infancia en la ciudad de Buenos Aires encontró una preocupante “falta de articulación” entre organismos porteños y los servicios de protección de derechos de la provincia de Buenos Aires, y el “colapso” de las defensorías zonales, que reciben las denuncias en casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, por escasez de personal, que se traduce en demoras en la atención de hasta un mes en muchos casos. El diagnóstico –al que accedió Página/12– fue realizado por la Dirección General de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que encabeza la ex diputada María Elena Naddeo. Un 18 por ciento de las actuaciones de las defensorías tiene que ver con denuncias de malos tratos físicos y psicológicos hacia niños y niñas en ámbitos familiares y comunitarios y un 14,5 por ciento con casos de abuso sexual infantil. Pero la mayor parte, cerca del 40 por ciento, tiene que ver con “quejas e irregularidades detectadas por la institucionalización de chicos y chicas separados de su medio familiar”.

Mañana se cumplen 25 años de la sanción en las Naciones Unidas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en 1989, un hito en la protección de la infancia y la adolescencia. En el marco de esa conmemoración, la Defensoría elaboró un informe que da cuenta de la situación de la infancia en la Ciudad y el tipo de consultas y quejas recibidas y en trámite en las 17 defensorías zonales, oficinas descentralizadas ubicadas en distintos barrios, que dependen del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, órgano rector de la política de infancia y adolescencia, de acuerdo con la ley Nº 114.

Los principales hallazgos del relevamiento fueron:

- La “falta de articulación” entre el organismo de la Ciudad y los servicios de protección de derechos de la provincia de Buenos Aires. Se encontró que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que toma intervención cuando una vulneración de derechos se produce en el ámbito de la Ciudad, “se desentiende de cualquier tipo de seguimiento cuando el lugar de residencia del niño o niña es en provincia de Buenos Aires”. Al respecto, Naddeo señaló a Página/12 que otro aspecto “preocupante” detectado es que “los abusos sexuales infantiles denunciados en la Ciudad después no tienen seguimiento, cuando se traspasa el expediente a la provincia, y no se conoce la efectividad de las intervenciones posteriores”. En este sentido, precisó que la Defensoría del Pueblo a través de una recomendación firmada por el titular del organismo, Alejandro Amor, solicitó que se modifiquen los protocolos de la región metropolitana a fin de incluir el seguimiento de estos temas.

- Un “claro déficit de recursos, tanto materiales como humanos en esas reparticiones, lo que repercute en su funcionamiento, en desmedro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que deben tutelar.

- “Criterios apresurados en adoptar medidas excepcionales de protección separando a los niños de su grupo familiar sin buscar alternativas en la familia ampliada o comunitaria.”

- “Demoras en la atención de las defensorías zonales, con turnos de un mes en muchísimas situaciones.”

- “Alta rotación de los profesionales y operadores, que migran por las insuficientes condiciones salariales y laborales.”

Las conclusiones están enumeradas en el informe titulado “Estado de situación de las políticas públicas de la infancia y adolescencia en la CABA”. Para el estudio se tomó una muestra de 62 actuaciones de las defensorías zonales, que involucran a 171 niñas, niños y adolescentes (79 varones, 92 mujeres). Las consultas sobre quejas e irregularidades detectadas por la institucionalización de chicos y chicas separados de su medio familiar en diversas instituciones de albergue representan un 39 por ciento; las denuncias de malos tratos físicos y psicológicos hacia niños y niñas en ámbitos familiares y comunitarios, el 18 por ciento; las actuaciones por casos de abuso sexual infantil, el 14,5 por ciento, y un porcentaje similar fueron consultas por derechos sociales y económicos vulnerados; por problemas habitacionales se registraron 6,5 actuaciones. El resto está referido al seguimiento de políticas públicas de niñez y adolescencia.

El relevamiento encontró, además, que en algunos casos de niños, niñas o adolescentes víctimas de abuso sexual que debieron ingresar a dispositivos de alojamiento, “no habían recibido atención psicológica oportuna”. “Esta situación –señala el informe– habría estado motivada por un criterio judicial basado en la supuesta necesidad de realizar la Cámara Gesell (instancia probatoria) con anterioridad a ser atendidos por profesionales de la psicología, lo que ha generado grandes demoras en el cuidado de la salud integral de los niños, niñas y adolescentes afectados”. En ese sentido, Naddeo explicó que desde la Dirección que encabeza se encuentran abordando esa problemática “a fin de superar ese obstáculo detectado”.

–¿Por qué hay una alta rotación de profesionales en las defensorías zonales? –le preguntó este diario.

–Los equipos de infancia, equipos interdisciplinarios de las 17 defensorías zonales que actúan en las comunas, de la guardia permanente jurídica y de otros dispositivos tienen una altísima rotación motivada en los bajísimos salarios y alto nivel de demanda en la atención. Equipos que se capacitan en el paradigma de los derechos humanos de los niños y migran a otras áreas con mayor remuneración, al Poder Judicial, a los ministerios nacionales. Por ello los gremios actuantes han denunciado reiteradamente la falta de una carrera de jerarquización, la precariedad en la que desenvuelven su trabajo. Esto ocurre también con los y las trabajadoras de los hogares convivenciales de la Ciudad, es tan alta la rotación que en una investigación para tesis de doctorado de la Facultad de Psicología una de las conclusiones de los niños consultados sobre su vida en el hogar trasunta esta problemática. Los chicos expresan que los operadores que los cuidan se van rápidamente de los hogares porque los niños “se portan mal”, porque no los quieren, lo cual refuerza la situación de vulnerabilidad de la población infantil.

–Esto genera la permanencia de los chicos durante años en hogares convivenciales en una suerte de “limbo” jurídico con fuerte impacto subjetivo y social. La obtención de una vivienda digna o la inclusión laboral de los papás y de mamás o abuelas de los chicos alojados lograrían una revinculación familiar exitosa. Esto se solicita cuando no hay situaciones de abuso o violencia intrafamiliar, pero las respuestas del Estado son insuficientes. Todavía uno de los ejes principales de la convención, que es no separar a los niños de su grupo familiar por motivos de pobreza, sigue siendo un objetivo pendiente de concreción.