Página/12 En Portugal

Desde Lisboa

Un escándalo de corrupción produjo la renuncia del ministro del Interior de Portugal, Miguel Macedo, esta semana. Su salida es el último coletazo después de que once funcionarios públicos de este país, algunos de alto nivel como el jefe del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF, servicio nacional de inmigración) y otros cercanos al ministro del Interior fueron arrestados en Lisboa por haber concedido, al parecer de modo fraudulento, las llamadas “visas de oro”, es decir permisos de estadía para extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea (UE) y que les permiten circular libremente por los 26 países de la UE. El escándalo provocó la renuncia esta semana del ministro del Interior, Miguel Macedo, que estaba en el cargo desde 2011. Aunque él dijo que no estaba comprometido personalmente y que lo hacía para no perjudicar al gobierno del primer ministro socialdemócrata Pedro Passos Coelho –contra quien, como dato accesorio, la Justicia ha abierto en septiembre una investigación por presunta corrupción financiera de 1997 a 2001, cuando era miembro del Parlamento–. El programa de las “visas de oro” surgió en 2012 y fue ideado por el gobierno para dar permisos de residencia a ciudadanos de países externos a la UE que hicieran inversiones no menores de 500.000 euros en el país en bienes raíces, en bienes de capital (acciones, deuda pública, etc.) por valor de un millón de euros o en otras inversiones que generaran al menos una decena de puestos de trabajo. Se habrían concedido más de 1600 visas, el 80 por ciento de ellas a ciudadanos chinos y el resto a rusos, brasileños y sudafricanos principalmente. Y esas personas habrían invertido más de mil millones de euros. Los poseedores de las “visas de oro” tienen la obligación de residir en Portugal sólo siete días al año.

La Operación Laberinto, como fue bautizada por los investigadores portugueses, insumió varios meses de trabajo en todo el país y en los que la policía, por orden judicial, dio vuelta de arriba abajo varios ministerios dado que el SEF depende directamente del Ministerio del Interior y las visas pasaban también por el Ministerio de Justicia. Entre los detenidos también figuran varios chinos que al parecer eran socios de las firmas que trataban los procesos de atribución de los visados. Las acusaciones contra los detenidos son de tráfico de influencias, corrupción y lavado de dinero.

Cuando se lanzó el programa de “visas de oro” en 2012, algunos partidos de la oposición manifestaron sus dudas, advirtiendo sobre la posibilidad de que se fomentara la corrupción. El gobierno había insistido en que se respetaban las normas de la UE dado que otros países como España, con el fin de incentivar la producción y la oferta de trabajo, habían usado un método parecido.

Cuánto las inversiones extranjeras incentivaron la ocupación es difícil decirlo, sobre todo porque por las calles de Lisboa o de la turística y comercial Porto se siguen viendo decenas de edificios con todas las ventanas herméticamente cerradas, tal vez comprados por extranjeros pero abandonados. Y por las calles sorprenden las decenas de portugueses –y no inmigrantes como en otros países– que piden limosna mientras por la noche no faltan las ollas populares donde los voluntarios regalan platos de comida a la pobre gente.

Para Paulo Morais, vicepresidente de la Asociación Transparencia e Integridad, la versión portuguesa de Transparency International que lucha contra la corrupción a nivel internacional, la crisis económica por la que ha pasado y todavía está viviendo Portugal y la corrupción, se dan la mano. “La crisis genera más corrupción. Pero no tengo dudas de que la crisis fue el resultado de la corrupción. Somos lo peor de Europa junto a Italia, donde predominan las mafias, y Grecia donde predomina la desorganización. Si en Portugal no hubiera corrupción, los impuestos serían más bajos, las empresas tendrían más dinero, habría más financiación y las personas ganarían más.” Según datos de Transparency, Portugal en el año 2000 ocupaba el puesto número 23 en el mundo en materia de transparencia. En 2013 llegó al lugar número 33. Según un informe de Transparency del pasado 14 de noviembre, el sector financiero de Portugal, sin restricciones de ninguna índole, está usando sus conexiones políticas para influenciar las decisiones públicas, especialmente respecto del plan de privatizaciones del gobierno.